La Dirección de Consumo ha recibido 326 reclamaciones contra iDental

El cierre de todas las clínicas iDental en España ha sacado a luz miles de pacientes afectados con tratamientos bucales sin terminar o que han derivado en problemas de salud por supuesta mala praxis. En Cantabria hay registradas en el Servicio de Consumo 326 quejas, y los representantes de los afectados han manifestado sentirse «abandonados por las instituciones». Ante sus quejas fueron recibidos esta semana por el director de Consumo, Raúl Pelayo, quien les informó de los pasos que se han dado para la salvaguarda de sus derechos.

«Las investigaciones por un funcionamiento irregular en la clínica comenzaron en marzo de 2017», según afirmó Pelayo. Es decir, un año antes del cierre por desahucio del local de la clínica, ubicado en la calle Gutiérrez Solana, de Santander, el pasado 15 de mayo. Las sospechas surgieron ante un notable crecimiento del número de reclamaciones registradas en el Servicio de Consumo. De ellas, 247 fueron trasladadas a la Fiscalía por si estaban sujetas a un delito penal.

En septiembre de 2017, «ante el incremento del número de denuncias y la gravedad de los hechos que algunas de ellas describen, decidimos dar traslado a la Fiscalía de las denuncias que habían tenido entrada en este organismo hasta esa fecha, por si los hechos descritos en ellas pudieran ser constitutivos de algún ilícito penal», indicó Pelayo.

La mayoría de las reclamaciones, según recoge Consumo, son denuncias por mala praxis, retrasos injustificados en el inicio y durante la realización del tratamiento. Los reclamantes expresaban su deseo de cancelar el tratamiento.

Las primeras quejas llegaron a Consumo en 2015 por parte de dos ciudadanos; al año siguiente, 17 clientes disconformes se acercaron a Consumo en búsqueda de amparo; y ya en 2017, el aluvión de demandas creció a 113 y a 194 más tan sólo durante el primer trimestre de 2018. En marzo pasado Consumo solicitó a la Consejería de Sanidad un informe sobre el cumplimiento de la normativa vigente del centro.

«La respuesta de la Consejería fue que la clínica dental cumplía con los requisitos legalmente establecidos para ser autorizado como centro sanitario». Con estos argumentos, Pelayo quiso demostrar a los afectados por la presunta estafa que no ha habido abandono por parte de la Dirección de Consumo y aseguró que «se han efectuado y continúan realizándose inspecciones para cada reclamación que se ha puesto, solicitando documentación acreditativa a los reclamantes y requiriendo a la empresa para que explique los hechos expuestos, teniendo conocimiento hasta la fecha de únicamente dos reclamaciones subsanadas».

El problema con el que se encuentran en Consumo es que «la empresa reclamada ha ido cambiando de dirección a efectos de notificaciones y en estos momentos se desconoce ya cuál es la misma pues el 3 de julio se remitió un último escrito en el que quienes actuaban hasta entonces como sus representantes dejaban de serlo, habiéndose realizado comunicaciones a domicilios donde en el acuse de recibo figura ya como desconocido».

También se les comunicó que los afectados que han interpuesto una reclamación, «pueden solicitar ante la financiera mediante burofax la cancelación del contrato de crédito o financiación suscrito».