La Dirección de Podemos cree que el expediente es una maniobra «para imponer a Ordóñez»

«No es casualidad que todos los diputados estén en cuestiones raras siempre que toca votar», remachó Alonso, quien consideró que su papel «es velar por los derechos democráticos de todo el mundo en Podemos». Su llamada a Madrid fue paralela a una acción coordinada de los secretarios de Organización, David González, y de Feminismos, Belén Milán, y José Ramón Blanco, que pidieron amparo al órgano de Garantías y la nulidad de todo el proceso por las tres denuncias de acoso contra el diputado morado, «a todas luces contrario a las normas internas del partido y a nuestro ordenamiento jurídico».

La ofensiva no se quedó ahí. Tanto González como Milán, personas de la máxima confianza de la secretaria general, anunciaron que durante los próximos días emprenderán acciones legales contra la Comisión de Salud y Seguridad y sus integrantes, que han puesto su futuro político y su candidatura a las primarias en la cuerda floja. Una decisión, meditada y de la que Alonso ha tenido conocimiento en todo momento, que llega un día después de que este periódico adelantase el informe interno que pedía retirar de sus cargos de responsabilidad a los cuatro «por sus actuaciones y conductas de graves faltas de respeto y autoritarismo» y no frenar el comportamiento de Blanco contra la diputada Verónica Ordóñez, la secretaria general de Santander, Lidia Alegría, y la periodista Lucía Reguilón. Alonso y su núcleo duro decidieron sacar toda la artillería. Sus acciones suponen de facto un choque sin precedentes con la dirección nacional encabezada por Pablo Iglesias, ya que nunca antes una delegación territorial había osado sentar en el banquillo a un órgano creado por Madrid. Además, los dos miembros de su equipo ven en la investigación un intento de «imponer como única voz» a Verónica Ordóñez, una de las denunciantes.

En un comunicado conjunto, los dos dirigentes morados aseguraron que no son «conocedores del procedimiento instruido por ese comité, ni de manera activa ni pasiva, a pesar de ser trabajadores del partido», e insistieron en que esta «supuesta investigación, así como su filtración a la prensa, se enmarca temporalmente en un proceso de primarias» en el que pugnan la actual secretaria general y la portavoz en el Parlamento.

Afirmaron que el «claro objetivo», aunque no indicaron de quien, es «imponer a Verónica Ordóñez como única voz en Podemos en contra del criterio reiterado de los inscritos e inscritas».

El secretario de Organización y Finanzas de Podemos en Cantabria y la responsable de Feminismos y LGTB+ remarcaron que «en ningún momento» fueron llamados ni informados «en el desarrollo del procedimiento» tras las denuncias por acoso laboral, y enfatizaron que «ni siquiera en el hecho de que hubiese denuncias interpuestas» contra ellos.

«Resulta inadmisible que las ambiciones personales deriven en una campaña orquestada de difamación y desprestigio que, no solo nos afecta a nosotros, sino que debilita a todo el proyecto político que representa Podemos», aseveraron González y Milán.

El órgano interno, que estuvo hace dos semanas interrogando a los testigos, emitió el 18 de octubre un informe demoledor, catalogado como «confidencial», en el que considera acreditadas las vejaciones, insultos y amenazas. Las conclusiones, que ya están en manos del Comité de Garantías como responsable de imponer las sanciones, trascienden mucho más allá de José Ramón Blanco y apuntan directamente a la cúpula morada al considerar que eran unos hechos «de sobra conocidos» por la dirección regional, que no hizo nada para solucionarlo. Todo lo contrario. Los 'inspectores' procedentes de Madrid aseguran que «no sólo no han realizado labores para proteger, sino que se ha tratado de ocultar la situación cuando era de público conocimiento».

La carga contra Alonso es tan grande que le acusa directamente de tratar de torpedear la investigación, «interferir en la misma» y hacer lo posible para convencer a la Gerencia de Podemos para que no viniese a la Comisión de Salud a tomar declaración a los testigos, según dejan constancia dentro del propio escrito. Sin embargo, en conversación con este periódico ella negó la mayor y dice que «ni siquiera conocía de su existencia». «No sé quién lo compone, nunca me han llamado y nunca he hablado con ellos», relató por teléfono.

La líder morada aseguró que cuando se enteró del caso por un correo electrónico de la empleada -aunque el Comité de Salud reitera que se conocían los hechos desde hace tiempo y se consintieron- habló con Madrid para conocer los pormenores y recibió como respuesta que mandase un mail. «Cuando pedí las denuncias me dijeron que no me las podían dar porque era un asunto confidencial», apostilló. Frente a las acusaciones de boicotear las testificales, Alonso afirmó que es «una falsedad». «Me escribieron para solicitar unas salas y habilitarlas, y ese es el único contacto que he tenido con ellos».

La Comisión de Salud ya ha tenido tres casos dentro del partido a nivel nacional y los tres han sido atendidos por Garantías escrupulosamente y han terminado con la salida del partido de los afectados. El intento de los cuatro miembros de la dirección es la última bala en la recámara para evitar salir por la puerta de atrás de Podemos y poder aspirar a ir en la lista autonómica.