![Dos directivos de la cúpula del SCS de Real se sientan en el banquillo cuatro años después](https://s3.ppllstatics.com/eldiariomontanes/www/multimedia/202202/08/media/cortadas/scs-kUu-U160854531849wqH-1248x770@Diario%20Montanes.jpg)
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Fue también un 8 de febrero cuando se desató la tormenta en la cúpula del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por la que este miércoles se sientan en el banquillo, cuatro años después, Francisco Javier González, entonces subdirector de Gestión Económica, y Alejandro Rojo, ... exgerente de Atención Primaria, acusados de prevaricación administrativa. La Fiscalía pide penas de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público, respectivamente. Por el mismo delito se imputó también al asesor externo Álvaro Sáenz de Viteri, ya fallecido.
Aquel día, la jefa de servicio de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras del SCS, Inmaculada Rodríguez, envió un correo electrónico a los máximos responsables de su área –el gerente del SCS, Julián Pérez Gil (primero imputado por el presunto fraccionamiento de contratos en las obras del Hospital Virtual Valdecilla, pero libre de toda culpa desde abril de 2019, cuando se archivó el caso), y la consejera de Sanidad, María Luisa Real– informando de «graves irregularidades» que apuntaban hacia adjudicaciones a la carta y presencia de asesores externos en el SCS que se reunían con empresas e intervenían en la evaluación de las ofertas. «Todo es legal, no hemos hecho nada extraño», se defendió el gerente en la primera comparecencia pública forzada por la información revelada por este periódico, donde declaró que las acusaciones contra su gestión eran sólo «especulaciones e intoxicaciones».
La crisis abierta en la cúpula del SCS se cobró a una tercera víctima meses más tarde: el gerente de Atención Primaria dimitió en diciembre de 2018, al incluirle la Fiscalía entre los investigados por ser los contratos bajo sospecha de su ámbito de competencia
El nombre de Javier González aparece en los tres hechos en los que se centra la investigación judicial (también en el cuarto, aunque fue archivado): la contratación de asesoría externa, de obras en cuatro centros de salud y la adquisición fraccionada de 22 ecógrafos
Es más, subrayó que «había crecido la contratación en un volumen económico de un 227%» en aquella legislatura y que «se había ahorrado dinero a los cántabros gracias al trabajo de asesores externos». Entonces, llamó la atención el silencio de Real, que esquivó el respaldo público a sus altos cargos salpicados por las supuestas anomalías en la contratación. Una ausencia de explicaciones que supo aprovechar el PP, que urgió al presidente Revilla a tomar medidas de forma urgente y «cesar a la cúpula de Sanidad». Pero fue IU quien llevó primero la trama bajo sospecha a la Fiscalía (después se sumaron los 'populares'). Previamente, la presión del asunto había obligado a la consejera a encargar a un inspector de Servicios Sanitarios (José Alburquerque) una investigación interna sobre el contenido de las denuncias, que confirmó la existencia de «irregularidades».
Un mes después de que estallara la polémica, María Luisa Real se sentó a dar explicaciones en comisión parlamentaria. «La inmensa mayoría de los contratos del SCS son correctos», dijo. «Aquí no hay corrupción, no ha habido despilfarro ni contratos falsos firmados», defendió. Pero a las 72 horas de sus palabras, tanto Pérez Gil como González, que tres años atrás habían cambiado su trabajo en Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) para asumir los mandos del SCS, presentaron su dimisión. Justo el mismo día que la consejera avanzaba la existencia «de errores e incidencias contractuales que hay que valorar». Ella misma reconoció que a sus altos cargos no les quedaba otra salida, «porque la situación ya era insostenible».Aunque a renglón seguido aseguró también su negativa a dimitir: «Sólo me responsabilizo de lo que hago yo; no puedo asumir responsabilidades de algo que no es de mi competencia». Apenas tres días después de la caída del gerente y de su número dos, el informe de Alburquerque reveló «el indebido fraccionamiento de contratos» en las obras de ampliación de las instalaciones del Hospital Virtual, adjudicadas a las empresas Gardenor, Iralia y Serincopsa, las tres vinculadas al hijo del alcalde de Suances, el socialista Andrés Ruiz Moya, como apuntó el PP. Pero este caso en concreto, el único por el que debía responder Pérez Gil, fue archivado por el juez al año siguiente.
Completó la legislatura, pese a la dura oposición a la que tuvo que hacer frente tras la denuncia de irregularidades en el SCS. Nunca estuvo imputada. Regresó a su consulta como médico de familia
Economista de Osakidetza, quedó eximido de toda responsabilidad al no apreciarse fraccionamiento en las obras de ampliación del Hospital Virtual, único asunto por el que estaba imputado.
Profesional con amplia trayectoria en la dirección y gestión sanitaria, fue también presidente de la Asociación de Directivos de Gestión Sanitaria (Adiges). Falleció en abril de 2020 por covid.
La investigación se centró entonces en tres hechos concretos: la compra individualizada de 22 ecógrafos de Atención Primaria, por un montante cercano a los 300.000 euros, repartidos a partes iguales entre las empresas Sakura y Esaote; los trabajos de reparación y pintado de cuatro centros de salud, cuando ya había un contrato de mantenimiento en vigor para toda la red de Atención Primaria, firmados en ambos casos por el gerente Alejandro Rojo; y el papel de los asesores externos (Álvaro y Amaia Sáenz de Viteri, padre e hija). A este respecto, el inspector concluyó que los expedientes «no permiten deducir» que la contratación de una asistencia técnica «no se encuentre amparada por la legislación de contratos del sector público». Pero el ministerio público, en su escrito de calificación, describió estas tres actuaciones como susceptibles de merecer reproche penal para los dos acusados. En este sentido, el fiscal considera que el que fuera subdirector de Gestión Económica recurrió a la fórmula de «contrato menor con el fin de eludir las exigencias de libre concurrencia y publicidad de los procedimientos administrativos de contratación legalmente previsto». Y añade que, «con el fin de ocultar dicha infracción», de común acuerdo con el asesor contratado, «llegó en algunos casos a simular la contratación de la hija de aquél, pese a que los trabajos de asesoramiento eran efectivamente prestados por su padre».
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