El Gobierno manejará el mayor Presupuesto de la historia en un 2023 electoral y de crisis

En una presentación sin tanto boato como el pasado año –fue en la Sala Polivalente del Parlamento y no en el patio–, Álvarez se estrenó en presentar unas cuentas (el año pasado aún era consejera María Sánchez). Acompañada por el director general de Presupuestos, Fernando Olaiz, y la secretaria general de la Consejería, Vanesa Martínez, empezó por analizar el contexto. Que el Gobierno acudía «en tiempo y forma» y que, de los cuarenta meses de legislatura, 33 han estado condicionados por el covid o por la guerra. Así, enmarcó los números en un escenario de «incertidumbre». «Dificultades e incertidumbre, sí, pero confianza en nuestra comunidad, en nuestro tejido empresarial y en nuestro capital humano, también». A todo eso hay que añadir otro dato, aunque en el acto se pasara de puntillas por él (salvo por el hecho de señalar que Presidencia contempla una partida de dos millones para los gastos de las elecciones del año próximo): que es el Presupuesto de un año electoral.

Luego empezó a lanzar datos. ¿La previsión del crecimiento de la economía regional? «Entre un 1% y 2%», pero sin descartar ninguna posibilidad ante una realidad cambiante. «Nadie tiene una bola de cristal». ¿Aumento del empleo? «Ligeramente». Un 0,6%, concretó. Todo, en función del «camino que tome la guerra» y, con ella, la crisis energética. ¿Objetivos? En sus palabras, «reforzar el Estado de Bienestar, garantizar la calidad de los servicios públicos, avanzar hacia un modelo más moderno y sostenible, consolidar la recuperación y reducir la brecha de la desigualdad».

Remarcó –otra vez– el 6,7% de crecimiento del «área social» (frente al 4,9% general de las cuentas) y los 504 millones para inversión pública. Claves también para los «desafíos primordiales». Lucha contra la despoblación y el cambio climático, crecimiento e internacionalización del tejido empresarial, apuesta «decidida» por la ciencia y la innovación, promoción turística, apoyo al comercio y al sector primario o modernización de la Administración.

Con cautela en el gasto. Frente al 0,6% de desvío de este ejercicio, un 0,3%. Frente al desfase contabilizado de 90 millones, 49,7. «La suspensión de las reglas fiscales no debe suponer la desaparición de la responsabilidad fiscal y presupuestaria». Una frase que enmarcó también en su repaso a lo previsto con la deuda y las medidas tributarias que se han dado a conocer en los últimos días. «Si en la última declaración de la renta liquidada, los contribuyentes de Cantabria se ahorraron a través de las deducciones autonómicas 16 millones, en la próxima declaración se ahorrarán más de 33».

Teniendo en cuenta ese 0,3 de déficit, Álvarez fijó el techo de gasto en 3.051 millones. En cuanto al sistema de financiación autonómica, del Estado llegarán a Cantabria 2.225 millones, un 12,9% más. Álvarez se detuvo para explicar la diferencia entre ese porcentaje y el del crecimiento general del Presupuesto (4,9%). Así, enumeró que en el capítulo de ingresos ya no se contemplan los 62 millones de deuda que mantenía el Gobierno central por el impago de la liquidación del IVA de 2017 (no perdió la ocasión de contraponer lo hecho por Rajpy y lo hecho por Sánchez) o que para este año se presupuestaron como ingresos 44 millones pendientes de Valdecilla (con otro dardo para el PP). Y a esto hay que sumar que al reducir el déficit a la mitad, el margen de gasto «se reduce en 40 millones».

La consejera destacó, además, que el techo de gasto incorpora 194 millones procedentes de los Fondos Europeos. Otra de las claves de estas cuentas. «Y también se contemplan como ingreso los 44 millones de transferencias por parte del Gobierno de España para financiar tanto el sobrecoste de las obras de Valdecilla como los dos proyectos considerados estratégicos para la comunidad: la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología, y el desarrollo del área logística de La Pasiega». Por eso –otro mensaje en clave Sánchez–, dijo que es «vital» que el Ejecutivo saque adelante el Presupuesto del Estado.

Gastos. Siguiente repaso. La consejera volvió a insistir –y otra más– en el peso «destacado de las políticas sociales», que cifró en 2.435 millones. Y fijó los crecimientos de las «consideradas políticas económicas (Agricultura, Industria, Comercio, Turismo, Infraestructuras e Investigación) en un 7%, hasta alcanzar los 478 millones.

En ese repaso de subidas, no se pueden dejar pasar los incrementos del 7% en el capítulo uno. «En su mayor parte para atender la mejora de las retribuciones pactada a nivel nacional para los empleados públicos». Las subidas de sueldo. Eso, y el 4,2% de más presupuestado «para cubrir el encarecimiento de los suministros básicos como la energía o el gas», que afectan –como a todo el mundo– a la red de centros dependientes de la Administración.

Las cuentas incluyen otra vez una «bolsa común» de emergencia. Un dinero para imprevistos que lo mismo puede ir «a paliar las consecuencias derivadas del conflicto bélico en Ucrania o los efectos de una riada». El Fondo de Contingencia de 2023 estará dotado con 14 millones de euros a modo de «red de seguridad al que poder recurrir de manera inmediata sin depender del efecto dominó que puede tener sobre el resto del Presupuesto». Como curiosidad, ese dinero se integra en los números de la Consejería de Economía y Hacienda y explica que este departamento tenga, porcentualmente, el mayor aumento (casi un 44%).

Sanidad (casi 60 millones), Educación (otros 30), Empleo y Políticas Sociales (24), Industria (18)... Repaso de aumentos y números que en transferencias del Ejecutivo a los ayuntamientos de la región se traducirán en «más de 116 millones» y en un crecimiento del 4,2% en la partida de «I+D+i» (alcanza los 39 millones de euros).

Ana Belén Álvarez –a la espera de lo que detalle cada consejero y de conocer las valoraciones de la oposición (que no serán, seguro, tan positivas– dejó su frase de resumen para el final. Su guinda. Las cuentas «son realistas, miran al futuro (porque reducen la deuda pública), pero sin olvidarse del presente (porque mejoran el Estado de Bienestar en Sanidad, Educación y Políticas Sociales)». «Todo ello –dijo–, con una política fiscal favorable a la recuperación y el empleo, sin subida de impuestos y creando un marco fiscal beneficioso para quienes realmente lo necesitan: las rentas medias y bajas»

sAna Belén Álvarez incluyó en su discurso varias alusiones a la «responsabilidad fiscal y presupuestaria». Señaló que, en la medida que la «presión ejercida por la pandemia» ha dado un respiro y la actividad económica «ha recobrado fuerza», al Gobierno le toca orientarse a «garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a corto, medio y largo plazo». «A una reducción gradual y sostenida de la deuda». El Gobierto estima que en 2023 la deuda pública se reducirá al 21,6% del PIB. Una cantidad –presumen de dato– «inferior a la registrada antes de la pandemia» y en un plazo de tiempo de «tres años antes de lo estimado por la AIReF». En números concretos, ¿qué deuda creen que tendrá Cantabria al final del año próximo? Pues –según respondieron a preguntas de este periódico– 3.450 millones de euros, «pero este número puede variar en función del déficit previsto de cierre para 2022 y 2023».

El año pasado la reducción de la deuda fue uno de los pilares en los que la consejera anterior María Sánchez centró sus cuentas y sus esfuerzos. «Nuestra prioridad más importante», llegó a decir durante su último acto de presentación del borrador de los Presupuestos. Calculó dejarla a final de este año en un 23,7% con una amortización en estos doce meses de 450 millones de euros (Economía mantenía a principios de este mes que 2022 acabará con la reducción anunciada del 1,2% respecto al año anterior pese al repunte que experimentó en el segundo trimestre). En las cuentas de 2023, se dedicarán 423 millones (el resto, hasta 480, son intereses) para ese cometido, unos números destinados –dijo ayer la actual responsable del departamento– a «cumplir con los compromisos financieros contraídos».

«Aunque la deuda de Cantabria se sitúa por debajo de la media nacional, no podemos negar que es una ratio elevada», aseguró la encargada de Economía y Hacienda en el repaso de los diferentes capítulos. Y sí, según los datos que ofrecieron en la documentación que acompañaba a las cuentas –calculados a junio de 2022–, en la proporción de deuda sobre el PIB, Cantabria estaba en un 23,5%, por debajo de la media nacional (24,9%), pero en la última posición respecto a las doce autonomías que están en esa misma condición ventajosa (otras cinco están por encima de la cifra media de todas las comunidades).