«La inmensa mayoría de la gestión contractual del SCS es correcta», se defiende la consejera de Sanidad en el Parlamento

Cantabria ·
La consejera de Sanidad asegura que no tiene «reparo» en esclarecer cualquier «incidencia» y acusa al PP de «tratar de sacar rédito político levantando sospechas»

Santander

Viernes, 25 de mayo 2018 | Actualizado 20/07/2018 08:32h.

Justo un mes después de que saliera a la luz –a través de este periódico– el correo electrónico de la jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que sacudió como un terremoto al Gobierno de Cantabria, por las irregularidades que denunciaba en su texto ... , la consejera de Sanidad, María Luisa Real, se sentó a dar explicaciones en comisión parlamentaria, dos días después de que lo hicieran los dos altos cargos del SCS cuya gestión se ha puesto en entredicho (el gerente Julián Pérez Gil y el subdirector Javier González), que no convencieron a los grupos de la oposicióncon sus argumentos. Tampoco lo ha conseguido la consejera, salvo para su partido (PSOE) y su socio de gobierno (PRC), que insistieron en que todo este revuelo es fruto «de una campaña orquestada por el PP», que no se corresponde con la realidad. Real comenzó su intervención dejando bien claro, como lo hizo en las dos notas de prensa en las que entró de perfil en la polémica, que el SCS «es un órgano autónomo», con su propia «estructura central», que gestiona por sí mismo la contratación, puntualizando así que esas funciones «no dependen de la Consejería».

¿Pagó la empresa de los ecógrafos un viaje a directivos del SCS?

El diputado popular Íñigo Fernández aseguró ayer en el debate de la comisión que Sakura, una de las dos empresas a las que el SCS compró los ecógrafos de Atención Primaria (22 aparatos en otros tantos contratos menores, por un importe total de casi 300.000 euros), «pagó un viaje a América al director gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y al subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Javier González». Una acusación que los dos aludidos desmintieron «rotundamente» horas después en un breve comunicado de prensa.También la consejera negó que hubiera recibido denuncias verbales por parte de miembros del equipo de gestión, antes de recibir el correo de la funcionaria, como insinuó el diputado popular.

Dicho esto, expresó su «reconocimiento» a todas las unidades y empleados públicos dedicados a la contratación administrativa, convencida de que «el asunto se ha distorsionado» por intereses partidistas. Por eso, recordó «el volumen» de contratos que gestiona el SCS: un total 40.518 en 2017, de ellos 40.437 menores. «Con estos datos espero que se comprenda la ingente labor que hay detrás y ayude a calificar, en su justa medida, las incidencias que puedan detectarse entre tan elevado número y, desde luego, ayude a despejar las sospechas generalizadas sobre la totalidad de la contratación administrativa del SCS», destacó.

Frente «a la utilización sensacionalista que el PP pretende hacer de un escaso número de contratos», la consejera remarcó la lectura contraria: «La inmensa mayoría de esa ingente gestión contractual es buena, correcta». No obstante, aclaró que una cosa es que haya «incidencias» y otra «muy distinta» es que haya ilegalidades. «Aquí no hay corrupción, no ha habido despilfarro ni contratos falsos firmados», defendió.

Real se presentó como «la primera interesada» en que el expediente informativo encargado a la Inspección, que aún se desconoce cuándo se hará público, «aclare todos los aspectos cuestionados, hasta los más nimios. Y, si hay alguna actuación administrativa en la contratación que corregir o simplemente mejorar, no tengan duda de que seré la primera en impulsar su corrección».

La consejera, que subrayó la «compleja» y «buena gestión sanitaria del SCS», recordó que, «ahora y siempre, ha estado basada en la trasparencia y en la rendición de cuentas», y sometida –añadió– «al control oficial de diversos órganos de la Administración», tanto de forma preventiva, como durante la ejecución (mesas de contratación) y a posteriori, como son las auditorías de control financiero. A éstas recurrió –según contó– en cuanto estalló la polémica, pero «en ninguno de esos informes, que volví a revisar, se contienen afirmaciones tan gruesas como las que de forma alarmista estaba transmitiendo el PP a los ciudadanos».

Credibilidad en los informes

La titular de Sanidad insistió en que, «mientras no se demuestre lo contrario, institucionalmente debo otorgar la mayor credibilidad a esos informes», que hasta ahora solo han recogido «recomendaciones y propuestas de corrección y mejora de las incidencias, exactamente igual que en la legislatura popular» (leyó varios ejemplos). A su juicio, las conclusiones de esos informes están «totalmente alejadas de las sospechas generalizadas respecto a toda la contratación del SCS», que reprochó a la formación de María José Sáenz de Buruaga (quien tampoco acudió ayer a la comisión). Antes de entrar en la recopilación cronológica de los hechos, se defendió de las críticas de la oposición: «Es falso que la Consejería de Sanidad no hiciera nada».

Señaló que cuando recibió en copia el correo electrónico de la funcionaria, el 8 de febrero –«que no es una denuncia formal», matizó– solicitó información al gerente del SCS como máximo responsable del organismo autónomo «para que hiciese las pesquisas oportunas y me informase». Consideró que ese mail era «inconcreto, porque no identifica ni un solo contrato específico como irregular, y confuso, porque la funcionaria entremezcla las alusiones a una mala relación con su superior (el subdirector de Gestión Económica), con alusiones de matiz sospechoso (se reciben empresas, se ocupa despacho, no se accede a expedientes...) que por sí solas no pueden ser calificadas de irregularidad alguna». Una «queja» que, a su juicio, el Partido Popular ha aprovechado para «sacar rédito político».

«Yo no creo en las casualidades», frase que ya se ha escuchado más de una vez en boca de los dos directivos del SCS. «Las declaraciones de la presidenta del PP (el 25 de abril) tienen un matiz diferencial, con respecto al correo electrónico de dos meses atrás. Por más que se diga que tienen el mismo contenido, ya que realiza referencias concretas a expedientes oficiales y documentación administrativa». Y fue esa «diferencia» lo que, según la consejera, obligó a «una inmediata e improvisada comparecencia pública» del gerente ese mismo día, donde «negó rotundamente las presuntas irregularidades». Explicaciones que amplió en rueda de prensa el 2 de mayo, también en la sede del SCS y aún con el subdirector de baja médica. «Además de poner a disposición toda la documentación, ambos han defendido que se trata de procedimientos de contratación habituales dentro del sistema sanitario público, poniendo numerosos ejemplos de contratos similares realizados en la legislatura anterior».

Tras continuas comparaciones con la era del PP, donde no faltaron las alusiones al contrato público-privado de Valdecilla, la consejera mostró su «total rechazo al intento de crear, interesadamente y desde la más absoluta irresponsabilidad, un caldo de cultivo para desacreditar políticamente a la Consejería de Sanidad, ofreciendo una imagen distorsionada de la gestión, en global, del SCS». Es más, calificó de «absolutamente delirante» el relato de Sáenz de Buruaga que «relaciona el correo de la funcionaria con el cese del interventor», y reprochó la «intranquilidad» que generan «declaraciones sensacionalistas que, anteponiendo la rentabilidad política, inquietan a los ciudadanos y cuestionan, indirectamente, la profesionalidad que rige toda la gestión del servicio sanitario». Eso sí, en su media hora larga de comparecencia no entró a aclarar ninguna de las preguntas concretas que a juicio de la oposición siguen en el aire, porque para ella estaban más que explicadas tras la comparecencia del miércoles, «¿o es que no estuvieron ustedes aquí?», preguntó con ironía.

De ahí las críticas reacciones al término de su discurso. «Se está equivocando la consejera, ya no hay duda de que ha ligado su suerte a la de los dos altos cargos del SCS, porque su estrategia ha sido la de encubrir. Cuando uno se mete en un agujero, la salida no es seguir excavando. Insiste en la estrategia del ocultamiento y se está enterrando usted», lamentó el portavoz del PP, Íñigo Fernández. «Cómo no vamos a hacer juicios si nadie da explicaciones. Si usted no está en condiciones de responder, exija que lo hagan los altos cargos del SCS y, si no, debería cesarles», señaló el diputado popular. «Cada día se consolida que aquí hay irregularidades», opinó.

«Ha perdido una oportunidad de despejar las dudas planteadas», espetó a la consejera Rubén Gómez (Ciudadanos), para quien, después de la «pasarela de Cibeles de carpetas», «no se han dado argumentos que desmonten las acusaciones que hay sobre la mesa», sino que «solo ha puesto el ventilador» para atacar al PP, pero «con eso no vale». ¿Por qué se compraron 22 ecógrafos de uno en uno? ¿Se ha perdido eficiencia con esa operación? ¿No hay funcionarios en Cantabria que puedan hacer la labor que se encargó a asesores externos? Fueron algunas de las preguntas que se repitieron en la comisión. Gómez reiteró su convencimiento de que «si el correo de la funcionaria no salta a los medios, se hubiera pasado de tapadillo».

Tampoco a Juan Ramón Carrancio (Grupo Mixto) le sirvieron las explicaciones que escuchó: «Hay sospechas graves que no ha aclarado ni el gerente ni usted», refiriéndose, además de las cuestiones citadas por Ciudadanos, a la adjudicación de obras a través de contratos menores a tres empresas que tienen los mismos propietarios, vinculadas al hijo de un alcalde socialista. «Si el gerente no puede aclarar esto, lo que debería hacer es cesarlo», consideró. Desde Podemos, Alberto Bolado criticó «la estrategia del silencio» de la consejera. «Igual tiene que asumir que algo no están haciendo bien. Lo exigible es que hubiera salido a dar explicaciones antes de verse forzada a hacerlo por la oposición. ¿Por qué tanta opacidad? Este ocultismo hace que hasta el más confiado acabe por tener sospechas».