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El Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Cantabria firmarán en los próximos días un acuerdo por el cual la comunidad autónoma recibirá alrededor de 62 millones de euros de una mensualidad (la de diciembre) del IVA de 2017 que no se pagó en su ... momento. Así lo ha anunciado este lunes el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, durante una rueda de prensa en la que también ha dado a conocer las alegaciones al borrador sobre el nuevo modelo de financiación que ha redactado el Estado.
El acuerdo sobre esa mensualidad pendiente del IVA implica que Cantabria retirará el recurso que había interpuesto en los tribunales, una decisión que se tomará en el Consejo de Gobierno del próximo jueves. La Consejería de Economía daba por hecho que recibiría este importe de una u otra manera (ya fuera con acuerdo o por sentencia judicial) a lo largo de este año, ya que se trata de una partida que había recogido en los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2022.
Inicialmente, la región calculaba que el Estado tenía pendiente de abonar alrededor de 45 millones de euros por el IVA de diciembre de 2017. El cálculo final eleva la cifra hasta los 58 millones, a los que hay que sumar otros 3,8 millones en concepto de intereses de demora. Se trata, según el presidente y la consejera María Sánchez, de una buena noticia para las arcas públicas de Cantabria, que se ha conseguido además evitando la vía judicial.
Cantabria interpuso, al igual que otros territorios, el requerimiento judicial por esos 45 millones de euros -17 menos de los que finalmente recibirá- pendientes de cobro a principios de marzo de 2020. La mensualidad del IVA de 2017 genero en el arranque de ese año una polvareda política tanto a nivel regional como nacional. El dinero no llegó a las autonomías entonces por un cambio normativo del ministro popular Cristóbal Montoro. Su sucesora, María Jesús Montero, lo incluyó en los Presupuestos de 2019, pero como no salieron adelante, consideraba que ese derecho a cobro ya había caducado. La medida compensatoria inicialmente aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue reducir en dos décimas el objetivo de déficit de este año para los territorios. Posteriormente, el Ministerio cambió de criterio y aceptó buscar fórmulas para acometer ese pago.
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