Cantabria presentará 102 proyectos por 2.600 millones para optar a los fondos europeos de reconstrucción

«Me gustaría que salieran todos, pero somos conscientes de que probablemente no sea así», ha dicho Revilla, que espera que el Gobierno de España, donde los proyectos tienen que pasar el primer filtro antes de ir a Europa, haga una selección de las acciones no atendiendo a criterios de proporcionalidad por el peso de cada territorio en el conjunto del país, sino porque estos se ajusten a los criterios establecidos. Como ha explicado Zuloaga, los cuatro ejes que vertebran este documento bajo el nombre de 'Cantabria Reactiva' son los mismos que definió la pasada semana Pedro Sánchez: la lucha por la transición ecológica y sostenible, la digitalización, la igualdad entre hombres y mujeres y la mejora de oportunidades y la defensa de los servicios públicos.

El documento es una petición de máximos en el que, a juicio de los dos socios del Ejecutivo autonómico, hay algunos puntos irrenunciables como la creación del centro logístico de La Pasiega, la construcción del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (Mupac) o los planes contra la despoblación. Actuaciones que, según han explicado desde el Gobierno de Cantabria, han tenido buena aceptación por parte de los ministerios durante las conversaciones que ya se han llevado a cabo. También están en la parte alta de las prioridades la creación de un polo industrial en materia biosanitaria alrededor del Hospital de Valdecilla y los institutos públicos de investigación o la terapia de protones para la lucha contra el cáncer.

Por consejerías, la que concentra el grueso de la inversión propuesta es la de Industria, con 796 millones de euros. Le siguen Ganadería y Medio Ambiente, con 533, y Educación y Turismo, con otros 457 millones. Por debajo aparecen Obras Públicas (311 millones), Empleo (219), Sanidad (163), Universidades (154) y Presidencia (32,5).

La convocatoria de fondos para la reconstrucción la puso en marcha la Comisión Europea para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del covid. Según el reparto propuesto por Bruselas, a España le corresponden 72.000 millones de euros, cuya distribución depende exclusivamente de La Moncloa, donde se está creando un grupo de expertos para tomar la decisión. Lo que ha pedido Madrid a las comunidades autónomas es que sean ellas las que envíen sus propuestas, un trabajo en el que Cantabria viene trabajando desde el mes de julio.

A pesar de que ya se han mantenido conversaciones con el Gobierno central y que todos los proyectos presentados por Cantabria encajan -así se lo han comunicado los ministerios-, en las líneas estratégicas que exigen las instituciones que tendrán la última palabra, todavía hay dudas sobre cómo se hará el reparto. De hecho, tanto Revilla como Zuloaga han insistido mucho en que el documento es susceptible de cambios. Empezarán a resolverse el lunes, durante una nueva conferencia telemática de presidentes autonómicos, donde se aclararán algunos extremos.

En lo que ha insistido el vicepresidente es que la inversión tendrá que materializarse entre 2021 y 2023, por lo que las modificaciones que sean fruto del Diálogo Social, de la negociación con los grupos de la oposición o que vengan de las conversaciones con los ministerios, tendrán que hacerse de manera rápida. «No hay ningún proyecto que haya recibido una respuesta negativa del Gobierno central, aunque a muchos les queda mucho que madurar», ha insistido Zuloaga.

Por áreas, el Ejecutivo cántabro se ha marcado diez apartados: agenda rural y lucha contra la despoblación (proyectos como la reactivación turística de los pueblos del Ebro o los 41 millones para la modernización del sector primario), infraestructuras y ecosistemas sostenibles (para la adaptación al cambio climático y la gestión de cauce, además de la estrategia de transición ecológica de Cantabria), transición energética justa e inclusiva (con el fomento de energías renovables, puntos de cargas de vehículos eléctricos o adecuación del parque de viviendas a modelos eficientes), modernización de la administración, digitalización del tejido productivo (en el que se encuentran los planes de descarbonización de Solvay, Ferroatlántica o ENSA), el pacto por la ciencia y la innovación, la digitalización de la educación, la nueva economía de los cuidados (con proyectos para incidir en la corresponsabilidad y el acceso de la mujer al trabajo en igualdad de condiciones) y cultura y deporte (donde además del Mupac se han metido los proyectos del centro de recepción de visitantes de Puente Viesgo o la rehabilitación de La Lechera para convertirla en un centro de artes y actividad cultural)