Sin embargo, la denuncia remitida al juzgado de Instrucción número 5 de Santander amplía la lista de investigados al asesor vasco Álvaro Sáenz de Viteri, que colaboró con el SCS en la valoración de varios contratos, y en Alejandro Rojo, que es el único directivo que ha sobrevivido a la cascada de dimisiones en Atención Primaria. Cabe recordar que es también uno de los altos cargos de la 'casa' (médico de familia), puesto que el resto de la cúpula del SCS llegó a Cantabria procedente de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) al inicio de la legislatura bipartita (2015). Hasta la fecha, Rojo se mantiene en su puesto, confirmó este viernes en declaraciones a este periódico el actual gerente del SCS, Benigno Caviedes, que salió en su defensa: «Es una persona honesta y trabajadora. Diga lo que diga el fiscal, estoy seguro de que nunca se ha enriquecido ni ha sido su intención hacer nada que no estuviera bien hecho», declaró. Varias de las incidencias detectadas en los contratos se enmarcan dentro de su negociado, como la polémica compra de los 22 ecógrafos y obras realizadas en varios centros de salud, aunque la gestión económica no dependiera directamente de él.
Entre los investigados están los dos directivos dimitidos, un asesor y el gerente de Primaria
Ante la apertura de diligencias previas sobre las irregularidades en el SCS, la oposición en bloque coincidió en que la consejera María Luisa Real no puede seguir al frente de la sanidad cántabra. «O dimite o Revilla tiene que cesarla ya», coinciden los partidos. Pero el presidente, de viaje en México, prefiere mantenerse al margen de la polémica hasta su regreso a Cantabria, tal y como señaló ayer en conversación telefónica a El Diario. Una postura que, previamente, había censurado el PP: «Revilla no puede seguir callado ni mirar a otro lado cuando la Justicia está investigando a toda la cúpula del Servicio Cántabro de Salud por corrupción en la adjudicación de contratos». Por eso, los populares quieren que el Parlamento le inste a destituir a la consejera. El portavoz autonómico del PP, Íñigo Fernández, explicó en rueda de prensa que el grupo popular ha registrado una iniciativa en el Parlamento para que se inste a Revilla a cumplir la resolución aprobada en el Debate sobre el Estado de la Región y destituya a la consejera socialista, que «no está limpia en este asunto», aunque ella «sigue aferrada al cargo como una lapa». «Hablamos de que toda la cúpula del SCS está siendo investigada por la Justicia. No es que la consejera errara en un nombramiento, es que hay una trama», apuntó Fernández.
Podemos pide en la Mesa del Parlamento que se reactive la comisión de investigación del SCS
De otro lado, Podemos, que pedirá el cese del gerente de Atención Primaria, volvió a solicitar ante la Mesa del Parlamento la activación de la comisión de investigación del SCS, tras hacerse público que la Fiscalía ve indicios de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones en las contrataciones. Recordó que la respuesta del resto de grupos ha sido volver a posponer la activación de esta comisión, aludiendo a que existe ya un proceso judicial abierto. Sin embargo, Podemos considera que las responsabilidades políticas deben dirimirse en sede parlamentaria. Los servicios jurídicos de la Cámara harán un informe sobre los precedentes de celebración de comisiones de investigación sobre asuntos que están ya judicializados y si procede que la comisión sobre el SCS se active con un proceso abierto.
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