La directora de Cabárceno renuncia al cargo tras dos meses de ausencia del Parque

Elena Palacio, que no ha querido valorar su renuncia, fue número cuatro al Congreso de los Diputados en la candidatura del Partido Popular en las pasadas elecciones de julio y estuvo vinculada a CEOE Cantabria como responsable de distintas áreas. Tras ser despedida e indemnizada, regresó a la patronal poco después en una segunda etapa de la mano del expresidente Lorenzo Vidal de la Peña. Desde 2020 hasta que fue nombrada responsable de Cabárceno en enero de este año, Palacio ejerció como directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico) como jefa de Gabinete del rector.

La marcha de Palacio no será el único cambio que veremos en la Consejería de Cultura y Turismo a corto plazo. La llegada de Martínez Abad tras el cese de Eva Guillermina Fernández implicará una reorganización de los departamentos en las próximas semanas. Lo más urgente es nombrar un nuevo director de Cantur, una silla especialmente delicada debido al foco constante de problemas y conflictos laborales que encadena la sociedad pública, y que se ha quedado vacía tras el ascenso de Martínez Abad. Está previsto que el Gobierno convoque en breve otro concurso público para cubrir ese hueco. También habrá que ver si el nuevo consejero mantiene en el cargo a los miembros del equipo directivo de su predecesora o si apuesta por otros nombres. Lo único claro es que la dirección general de Cultura ha quedado en manos de Eva Guillermina Fernández. El resto es susceptible de cambios: Turismo, Deporte, la Sociedad Regional de Cultura...

Es obligado que Cantur, como ha hecho hoy su Consejo, convoque un concurso para encontrar al relevo en la dirección de Cabárceno, según la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, que establece que la selección del personal directivo de las sociedades mercantiles autonómicas se realizará mediante convocatoria pública de acuerdo con los principios de «igualdad, mérito y capacidad». Este método está en vigor desde 2018 tras una modificación legal que aprobó el Parlamento de Cantabria para acabar con los nombramientos a dedo. En la práctica, tanto antes con PRC y PSOE como ahora con el PP, estos concursos sirven para poco, porque los criterios subjetivos tienen más valor que los objetivos a la hora de resolver. Es decir, que el ganador es siempre quien quiere el político de turno, al entenderlo como un cargo de confianza.