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La directora médica de Atención Primaria, Beatriz Josa, ha presentado su dimisión a la Gerencia. Ya lo hizo el martes de forma verbal, nada más saber que había trascendido públicamente que su madre, de 87 años, fue vacunada el pasado 12 de enero ... con «una dosis sobrante de las enviadas para la plantilla del 061», según la explicación que dio a este periódico la gerente de Atención Primaria, Alicia Gómez, cuando confirmó la información. Entonces, junto al relato de las circunstancias que llevaron a esa vacunación en el Centro Coordinador de Urgencias (donde se había convocado a los médicos y al personal de enfermería del 061), ubicado en la planta superior del centro de salud de Nueva Montaña, defendió a su número dos y dejó claro que «no le voy a admitir esa dimisión en ningún caso».
Sin embargo, a última hora de la tarde, por medio de una nota de prensa en la que se señalaba que Atención Primaria ya había remitido a los centros el protocolo de gestión de las vacunas sobrantes para «garantizar el uso adecuado de cada una de las dosis», se apuntaba a renglón seguido «y evitar que se produzcan situaciones como la que ha llevado a la directora médica de Atención Primaria a presentar su dimisión».
Si la noticia en sí generó revuelo mediático, incluso a nivel nacional, añadiendo el caso de la directora médica a la lista de cargos que se han adelantado a los tiempos que marca el plan de vacunación, la reacción del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, cuando fue preguntado en rueda de prensa, lejos de apagar el fuego, lo avivó más. No entró a valorar la forma de actuar de Beatriz Josa, proponiendo a su madre para ponerse la inyección hace dos semanas, sino que con su reacción trasladó la responsabilidad al centro de salud de Nueva Montaña, donde no tardaron en desmentir la versión del consejero. Según él, «la directora médica de Atención Primaria no ha vacunado a su madre, sino que el centro de salud correspondiente, en todo caso, habrá vacunado a una señora». Pero lo que tal vez desconocía el consejero, y se encargaron de aclarar los profesionales aludidos e «indignados» por sus palabras, es que ni esa persona está adscrita al cupo de pacientes de Nueva Montaña ni desde el centro de salud se le había llamado para ser vacunada. «Nosotros no hemos cometido esa irregularidad. Tenemos el listado de los profesionales vacunados y el registro de dosis recibidas y administradas», defienden, echando por tierra el argumento de Rodríguez. «Los profesionales del centro de salud se sienten culpabilizados y no han tenido nada que ver», subrayaba Margarita Ferreras, desde CSIF, sindicato que pide la dimisión del consejero «por la gestión del programa de vacunación y por sus declaraciones desafortunadas».
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Previamente, había sido UGT quien había reclamado la destitución de Josa, porque si «ya es de por sí criticable que cualquier dirigente político o de cualquier administración pública se vacune, incumpliendo los protocolos; supera lo indignante que lo haga una responsable de la sanidad pública». También la oposición reclamó las explicaciones que no dio ayer el consejero. «Alguien tendrá que explicar los criterios por los que se ha vacunado a la madre de la directora médica de Atención Primaria, ¿influencia, información privilegiada, por qué yo lo valgo...?», manifestó el coordinador del partido, Félix Álvarez. Petición que hacía también vía Twitter la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga: «No tiene nada que decir Miguel Ángel Revilla? ¿Acaso no son también unos jetas los directivos de la sanidad pública que vacunan a sus madres sin esperar turno, como todos los demás?». «Necesitamos saber qué ha pasado con las dosis sobrantes, cómo ha llegado esta mujer al centro. Podría ocurrir que se ha cometido una falta de ética o que su superiora le esté protegiendo y ha mentido. Si es así, no puede seguir al frente de una responsabilidad pública», zanja Cristóbal Palacio (Vox).
Ahora, el protocolo enviado a los centros indica que antes de desechar una dosis, esta puede ser suministrada a algún paciente de la Zona Básica de Salud en la que se encuentre el centro, pero respetando siempre los grupos de prioridad establecidos en la estrategia de vacunación: residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias de mayores, personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, otros trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, grandes dependientes no institucionalizados y personas mayores de 80 años.
Para ello, en el documento remitido hoy a los centros de salud, que sirve de aclaración al enviado el pasado día 8 de enero, se aconseja tener previsto un listado de personas preseleccionadas de acuerdo con estos criterios para, en el caso de que hubiera dosis sobrantes, garantizar su disponibilidad en el tiempo requerido.
La vacuna Pfizer BioNTech, por ejemplo, debe administrarse en las 6 horas siguientes a su reconstitución con el diluyente
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