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La Lomloe o 'ley Celaá' se aprobó el 23 de diciembre y entró en vigor el 19 de enero, pero la mayoría de las medidas y cambios que introduce se notarán el curso que viene. Las autonomías, además, tienen gran peso en el desarrollo ... normativo, asunto que en Cantabria toma forma.
Los directores, a través de uno de sus portavoces, Norberto García, revelan su intención de participar en el proceso de aplicación de la nueva ley, para que al inicio del curso 2021-22, todo esté a punto y sea fruto de un trabajo «común». Los responsables de los centros educativos, añade el portavoz de la Permanente de Directores de Secundaria, quieren empezar a trabajar en el impacto local de la Lomloe, y hacerlo con margen. «Estamos muy pendientes ahora mismo del desarrollo de la ley que hará Cantabria», precisa, pues la normativa -que cuenta con detractores en la enseñanza concertada o en sectores de la educación especial- «abre el abanico a cambios sustanciales». ¿En qué aspectos? En el desarrollo curricular o la promoción, ente otros. Los directores, incide García, quieren hacer aportaciones.
A partir de la semana que viene, Consejería y directores, organizados estos por zonas territoriales, comenzarán con una ronda de reuniones participativas y telemáticas para actualizar necesidades o analizar marcha de los planes de contingencia en el curso covid, pero no solo. Un «punto clave» que García y sus compañeros plantearán son los detalles de la ley educativa. «Hay que trabajar con tiempo. Hoy por hoy, es un reto: viene una nueva ley y hay que ver cómo se desarrolla. Nosotros queremos participar con propuestas». ¿La forma de hacerlo? García introduce la fórmula de los grupos de trabajo.
La Consejería está por la labor de abordar la normativa. En septiembre, con el último borrador de la ley, creó un grupo de trabajo para analizar las implicaciones normativas de la 'ley Celaá', es decir, qué cambios en los decretos autonómicos es necesario modificar ahora. El grupo lo componen inspectores, la Unidad de Ordenación Académica y la Asesoría Jurídica. La voluntad de la Consejería, una vez delimitados los cambios, es «comenzar a recorrer ese camino en colaboración con toda la comunidad educativa». La consejera Marina Lombó aseguró que la meta es lograr «el mayor consenso posible», y la participación de docentes y equipos directivos, sobre todo para abordar los cambios curriculares. «Sería impensable realizar ese trabajo sin la participación de los docentes, su implicación es imprescindible», indicó ayer.
María José Rioseco, portavoz de la Permanente de Infantil y Primaria, hacía recientemente una breve pero reveladora reflexión sobre este curso anómalo: «Con la situación sanitaria que actualmente vivimos en los centros educativos, en los que priorizamos la seguridad física y emocional de nuestro alumnado, apenas quedan tiempos para una reflexión en profundidad sobre las consecuencias e implicaciones de la puesta en marcha de la nueva ley».
Por otro lado, la Junta de Personal Docente -la integran STEC, ANPE, TU, CC OO, UGT y CSIF- reclamó ayer que, ahora que la tercera ola de covid tiene efectos tan duros en la comunidad, las reuniones docentes colegiadas se realicen por vía telemática; es decir, que toda actividad que no sea la docencia en sí transcurra a través de una plataforma digital.
La Junta ha pedido por escrito a la Consejería de Educación y Formación Profesional que inste a los centros educativos a realicen cualquier tipo de reunión colegiada -un claustro, por ejemplo, una sesión de evaluación- de forma telemática. La meta: velar por la salud del personal docente en unas semanas complicadas desde el punto de vista epidemiológico.
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