Las discrepancias entre PRC y PSOE dejan en el aire las dos principales leyes urbanísticas

Los desencuentros entre los socios de Gobierno PRC-PSOE en materia de urbanismo, reconocidos explícitamente por los socialistas pero minimizados por los regionalistas, y las propias desavenencias entre la actual dirección del Partido Socialista y la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, responsable del área en el Gobierno, han dejado en el aire ambos proyectos de legislatura. A las desavenencias partidarias hay que sumar la presión ejercida por algunos alcaldes, especialmente los regionalistas, temerosos de que la concreción urbanística de sus municipios les ate en corto, según reconocen fuentes del Gobierno.

Cuando Díaz Tezanos asumió las competencias urbanísticas al comienzo de la legislatura se comprometió a redactar una nueva Ley del Suelo que introdujera medidas para mejorar la seguridad jurídica, agilizar los planeamientos urbanísticos, y terminar con la manga ancha que introdujo en la anterior legislatura el entonces presidente Ignacio Diego para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico. No contaba entonces con las ampollas que esta última medida iba a suscitar en su socio de Gobierno, hasta el punto de hacer encallar el documento.

El pasado mes de octubre, en la inauguración de un curso sobre legislación urbanística, Díaz Tezanos revalidaba su compromiso de legislatura de sacar adelante la nueva Ley del Suelo para sustituir a la anterior norma de 2001. En una reciente entrevista con este periódico confirmó que sólo resta su aprobación en Consejo de Gobierno para su posterior remisión al Parlamento. Ahora ya no dice nada y evita hacer declaraciones sobre el asunto.

La tramitación administrativa del proyecto terminó hace tres meses, según ha podido saber este periódico, pero permanece varado debido a las discrepancias que la regulación del suelo rústico ha suscitado en el ala regionalista. En la anterior legislatura (junio de 2012), el Gobierno de Ignacio Diego modificó la Ley del Suelo y permitió la construcción de vivienda unifamiliar aislada de forma inmediata sin que haya un plan especial. Los alcaldes estaban encantados con una medida que disparó la edificación en suelo rústico. Baste decir que cada mes la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu) «analiza no menos de 50 expedientes de suelo rústico», informan fuentes próximas a este organismo.

Ahora, el nuevo texto de Urbanismo, sin llegar a ser prohibitivo, restringe la actuación y determina dónde se puede construir una casa, en qué condiciones, los cambios de uso, etc. a lo que los alcaldes se oponen. Pablo Diestro, presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y alcalde regionalista de Reocín, reconoce que la institución consideró «un paso atrás» la medida y presentó alegaciones a la «primera propuesta». «Después se hizo una segunda con la que estábamos más de acuerdo y ahora es el Gobierno quien tiene el proyecto».

Es el PRC quien más discrepancias muestra con su socio en este punto, algunas evidenciadas en el propio Parlamento. Así, en el debate sobre el estado de la región del año pasado el grupo parlamentario regionalista votó a favor de la propuesta de resolución que presentó el PP para que se mantuviera el régimen actual, aprobado por los populares en la anterior legislatura. «Esa resolución la votó a favor el PRC, no así el PSOE, que no está a favor de la ley de vivienda unifamiliar en suelo rústico», recuerda el portavoz popular en materia de urbanismo, José Manuel Igual. A su juicio, «la Ley del Suelo evidencia distancias insalvables entre los socios de gobierno, unas discrepancias que se hacen más visibles en lo que se refiere a la vivienda unifamiliar».

De hecho, en esta materia los regionalistas están más cerca de las posiciones del PP, al punto de que en la pasada legislatura apoyaron el proyecto del Gobierno de Diego, en contra del criterio socialista, mucho más restrictivo.

No obstante, a los regionalistas les cuesta reconocer esa disensión, que empieza por algo tan simple como el estado del propio documento. Mientras Díaz Tezanos y el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, dicen que está tramitado y pendiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno, el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, sostiene que «el proyecto no está cerrado y hay pendientes flecos que se están negociando con todas las partes». Además niega que el documento sea más restrictivo respecto a la edificación de vivienda unifamiliar en suelo rústico que la actual normativa aprobada por el PP.

«Es un buen texto jurídico, pero requiere un punto más de negociación», señala Hernando. A su juicio, «si el Gobierno no lleva el proyecto de ley del Suelo al Consejo, no es por las diferencias entre los socios, sino por una cuestión de oportunidad política. El Gobierno puede aprobar la ley cuando quiera, pero estamos hablando de un Gobierno que solo tiene 17 votos en el Parlamento y es deseable que esta norma, que diseña el futuro de Cantabria, se apruebe con una mayoría cualificada». Pero es que además, Hernando cree que en estos momentos «no existe ese clima» de consenso para avanzar en la tramitación parlamentaria cuando «solo quedan dos meses para finalizar la actual legislatura». En este contexto niega la mayor y rechaza que existan desencuentros en el Gobierno en torno al texto legislativo. «Las discrepancias han sido de dos grupos políticos, pero no en el Ejecutivo, y en el nuevo texto quedan solventadas», matiza en una pirueta argumental que pretende quitar hierro a esas diferencias.

Hernando tampoco cree que regionalistas y socialistas tengan visiones distintas del urbanismo. «La visión del PRC del urbanismo es la que ha traído el Plan de Ordenación del Litoral a Cantabria, es una visión garantista, pero tiene que permitir el crecimiento de núcleos rurales de manera racional, la instalación de industrias y alternativas de futuro. La visión del PSOE que la digan ellos; yo no tengo ningún interés en mostrar esas diferencias», enfatiza.

Sin embargo, las hemerotecas prueban que las diferencias entre los socios de Gobierno en materia de urbanismo no son, ni mucho menos, nuevas. La anulación del PGOU de Santander en 2016 afloró el choque entre PRC y PSOE sobre cómo paliar la inseguridad jurídica derivada de esa situación, unas diferencias que Díaz Tezanos no escondió. La parte socialista del Gobierno no estaba de acuerdo en dar solución a la nulidad del planeamiento en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos como pedía el Ayuntamiento, mientras que el PRC apoyaba esa vía para atajar el problema.

Tampoco oculta una distinta mirada sobre el urbanismo el responsable del área en el PSOE, Javier García Oliva (exdirector general de Medio Ambiente en la legislatura 2007/2011). «La construcción en suelo rústico tiene que ser excepcional y de manera perfectamente tasada y delimitada». A su juicio, la edificación dispersa «es un modelo deficiente de urbanización, y Cantabria, por sus características, es especialmente vulnerable a este fenómeno».

Con todo, la mayor zancadilla que tiene la nueva ley llega de las propias filas socialistas, que no disimulan sus diferencias con la política urbanística de su exsecretaria general. Su nuevo dirigente, Pablo Zuloaga, no tiene empacho en proponer el borrón y cuenta nueva de las dos principales leyes urbanísticas, según se recoge en el documento marco de la Conferencia Política, que se debate este fin de semana. El PSOE cree que la nueva ley «necesita una reflexión y debe recoger cuestiones que no están incorporadas, y lo mismo ocurre con el PROT, porque los textos actuales no responden a las necesidades de la región», explica García Oliva, lo que supone un torpedo en la línea de flotacion de la gestión de Díaz Tezanos en urbanismo. Así las cosas, la nueva Ley del Suelo es un proyecto en el que no cree el PRC ni el PSOE.

Fuera de la política, los ecologistas son especialmente críticos con «el desorden territorial silencioso y expansivo que hay en la región». El secretario general de ARCA, Carlos García, subraya que «ahora mismo la vivienda unifamiliar aislada de manera indiscriminada es la mayor amenaza» y dice que «así como Ignacio Diego fue el causante de ese desorden con la modificación legislativa de la Ley del Suelo, ahora mismo es Miguel Ángel Revilla quien lo simboliza». A su juicio, las normas urbanísticas no han avanzado por la «presión clientelar» que ejercen los alcaldes sobre el Gobierno, al que «imponen» sus intereses.