El PP, dispuesto a negociar con el bipartito un presupuesto que dedique 300 millones más a familias y empresas

Así lo ha planteado este lunes, en rueda de prensa, la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, quien considera que los números presentados y registrados el pasado sábado por el bipartito son «más de lo mismo», «ignoran por completo la realidad de la economía de Cantabria» y «renuncian a la recuperación de la región». «Hemos vuelto al presupuesto de la era precovid de 2020. Mismo esquema, misma respuesta y, presumiblemente, mismo resultado», ha augurado la popular, que ha defendido que la «situación excepcional» y la «catástrofe económica sin precedentes» requiere «respuestas excepcionales y diferentes».

Y, en ese camino, está la propuesta del PP. Según Buruaga, se podría conseguir la mitad de los 300 millones que pide «reestructurando» las cuentas que se han presentado y logrando más eficiencia en la gestión. La otra mitad, se conseguiría recurriendo a un mayor déficit después de que España y Europa haya «levantado» los límites al gasto, al déficit y a la deuda, aunque sí ha fijado una tasa de referencia del 2,2% del PIB.

«Este año no es el año de equilibrar el presupuesto de la Administración sino el de equilibrar el presupuesto de familia y empresas», ha dicho al tiempo que ha defendido que el Presupuesto de 2021 tiene que ser «la tabla de salvación de la sociedad de Cantabria». Buruaga ha vaticinado que 2021 será un «año durísimo» que requiere «medidas absolutamente excepcionales», en el cual «hay que acabar con las pandemia» y «ayudar a las familias y a las empresas a llegar a 2022 para empezar con la recuperación». Si no las ayudamos a resistir, «es muy probable que no haya demasiadas cosas y demasiadas empresas que recuperar. Y cuando uno se está ahogando y necesita un salvavidas no pueda preguntar cuánto vale y cuánto cuesta», ha remarcado.

Entre otros aspectos, el PP demanda un presupuesto que sirva para «salvaguardar» la sociedad del bienestar y recuperar los servicios públicos esenciales, entre ellos la Sanidad, un ámbito que, a su juicio, está infradotado en las cuentas presentadas por el Ejecutivo PRC-PSOE. «No se pueden presupuestar 970 millones en el Servicio Cántabro de Salud cuando a 31 de octubre se han comprometido ya 1.084 millones», ha censurado la dirigente popular, que ha advertido que aún quedan dos meses y «una extra» por delante que pagar.

Por ello, el PP cree que se necesitan incluir 100 millones de euros más para Sanidad, con un pacto profesional «y un plan de ordenación de Recursos Humanos» para avanzar en el reconocimiento y mejora de las condiciones profesionales de los sanitarios. También ha reclamado un proyecto de mejora de Atención Primaria y un plan de choque para «recuperar el pulso» de la actividad asistencial.

Por otro lado, Sáenz de Buruaga ha demandado un plan de adaptación en Educación para evitar que los alumnos pierdan, según ha dicho, casi dos años en su currículo académico por el impacto del covid-19, así como uno de «reorientación» de la FP, hacia una FP dual.

En Dependencia, el PP pide partidas para garantizar la «viabilidad económica y la calidad asistencial» del sistema. En este ámbito, pide una nueva normativa de acreditación de centros «consensuada» con el sector y con «financiación suficiente» que, a su juicio, se concretaría en 15 millones de euros más para estancias concertadas y mejorar las retribuciones de los trabajadores del sector. Por otra parte, ve la necesidad de «fortalecer» los Servicios Sociales de Atención Primaria, inyectando tres millones de euros más para el plan concertado con los ayuntamientos.

Otra parte del paquete de medidas planteadas por el PP están dirigidas a reactivar la economía y «rescatar a la Cantabria productiva». Entre ellas figura un programa de inversión pública para ejecutar las infraestructuras públicas pendientes, con 50 millones más de lo presupuestado. Así, demanda 215 millones de euros de obras en circulación.

También pide incrementar en 20 millones las transferencias de capital para apoyar la inversión privada, aumentando las inyecciones a la empresa, sobre todo en materia de industria e innovación, «redefiniendo ayudas» para adaptarlas a la «crítica situación» del tejido productivo.

Por otra parte, propone un plan de rescate para los sectores más afectados por las restricciones derivadas de la pandemia. Por eso, propone un plan dotado con 25 millones para autónomos y micropymes afectados por estas limitaciones, como la hostelería, el comercio, el ocio y los espectáculos, el transporte, las agencias de viaje, las actividades culturales, deportivas o artísticas.

Dentro de este plan, propone destinar ayudas de 1.500 euros para los trabajadores por cuenta propia, ampliables hasta los 2.000 para los que lleven más de tres meses sin actividad o afectados por severas restricciones y de 4.500 para autónomos empleadores, microempresas y pymes, siendo compatibles ambas líneas.

Otra de las medidas para reactivar la economía son lo que ha denominado «cheques familia» para impulsar el consumo de los hogares por valor de 1.000 euros a cada hogar y de 1.500 para las familias numerosas. También pone sobre la mesa un plan de ayudas para consolidar aquellos empleos que, a causa de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) puedan transformarse en EREs de extinción.

Y además, el PP demanda un plan de recualifiación profesional para mayores de 44 años e incentivar su contratación con una mochila social de 800 euros mensuales para reducir los costes laborales de la empresa y estimular su contratación y recualificación durante un mínimo de seis meses. Estima su coste en unos 15 millones.

Buruaga ha avisado de que el PP presentará o no enmienda a la totalidad si el Gobierno regional se aviene a negociar estar medidas. La popular ha señalado que, si el Gobierno PRC-PSOE no lo hace, habrá decidido ejercer la mayoría que ostenta -no necesita apoyos para aprobar los Presupuestos- «pero deberá asumir en exclusiva la responsabilidad».

Por otra parte, la dirigente del PP ha afirmado que, en materia fiscal, el Gobierno de Cantabria «ha perdido la oportunidad de hacer de contrapeso a la política impositiva» de subida de impuestos del Gobierno central (PSOE-Unidas Podemos).