El 'caso SCS' divide al Gobierno, que dice ahora que no se personará en la causa

La bancada socialista del Gobierno, en la que se sienta la consejera de Sanidad, María Luisa Real, cuestionada políticamente por este asunto, se opone a que el Ejecutivo comparezca en el procedimiento judicial al entender que su presencia reforzaría la denuncia y daría alas a la oposición. Sin embargo, los regionalistas creen que ejercer ese derecho fortalece su discurso anticorrupción, que tan bien capitaliza el presidente Miguel Ángel Revilla.

Este choque frontal, que ambas partes llevan con disimulo, ha impedido que el Consejo de Gobierno apruebe en la última reunión de este año su personación en el procedimiento, aunque sólo fuera para reclamar los perjuicios causados a las arcas públicas que se hayan podido producir.

Cuando la Fiscalía de Cantabria denunció en el juzgado a tres ex altos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y un asesor por delitos muy graves (prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos), relacionados con supuestas irregularidades en la contratación, el Gobierno sacó pecho y anunció que se personaría en la causa como parte interesada en el momento en que el órgano judicial abriera diligencias. El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, llegó a asegurar a este periódico el pasado día 6 que «el Ejecutivo actuará sin complejos y sin ningún tipo de desidia» para defender los intereses de la comunidad autónoma, de tal modo que si en el transcurso de la investigación hubiera indicios claros de malversación, «el Gobierno se personará como perjudicado».

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, encargado de la investigación, no sólo ha incoado ya diligencias (lo hizo el pasado día 12), sino que ha citado a declarar en calidad de imputados a los tres ex altos cargos del SCS y al asesor puestos en la picota, así como a siete testigos, entre los que se encuentra el interventor general del Gobierno y tres funcionarias de este servicio que firmaron el informe que advertía del fraccionamiento de contratos y su posterior adjudicación 'a dedo'.

Sin embargo, el Ejecutivo no sólo no ha comparecido en el proceso, sino que ahora sostiene que quien debe hacerlo es el Servicio Cántabro de Salud. «La responsabilidad es del SCS y, si no interviene, será el momento en que el Gobierno tenga algo que decir», explica De la Sierra en una pirueta argumental.

El consejero sostiene que «se va a dejar que el SCS valore si considera oportuno personarse o no en las diligencias», y para ello se le dará «un tiempo prudencial», que no concretó a pesar de la insistencia de este periódico. Preguntado por la decisión que tomará el Gobierno en el caso de que el SCS evite ir al Juzgado, De la Sierra respondió: «Entonces será el Consejo de Gobierno quien valore si debe personarse», una postura que poco o nada tiene que ver con la expresada por el consejero hace tres semanas cuando de manera inequívoca aseguró que la voluntad del Ejecutivo era ser «parte interesada» en el proceso para «defender los intereses de la comunidad autónoma».