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Mientras desde el Ministerio de Transportes ofrecen 'cabezas' para tratar de apaciguar el escándalo de los trenes que no caben por los túneles –en pleno ... año electoral–, los usuarios y contribuyentes se preguntan qué ha pasado, quién ha fallado, qué le sucederá a las Cercanías a partir de ahora y cuánto de más les costará a sus bolsillos el error y el silencio deliberado de los actores implicados en este sainete.
Cantabria estaba a la espera desde 2020 de la llegada de 21 nuevos trenes para renovar la envejecida flota de la red de AnchoMétrico –la antigua FEVE–. La hasta ayer secretaria de Estado de Comunicaciones, Isabel Pardo de Vera, confirmó a finales de enero que no estarían aquí hasta dentro de «dos o tres años». El Diario Montañés y El Comercio (ambos, del grupo Vocento) desvelaron que el problema, en síntesis, era que los nuevos convoyes no entraban en los túneles porque Renfe y Adif habían enviado mal los datos del gálibo a la empresa constructora de los mismos. La operadora ferroviaria y la responsable de la infraestructura lo sabían desde hace dos años pero se lo habían callado, el Gobierno central –del que dependen– tampoco había dicho nada y el de Cantabria no se había enterado pese a las reiteradas quejas y preguntas de las Plataformas de Movilidad en las frecuentes reuniones trimestrales de la Mesa del Ferrocarril regional.
Desde un primer momento, quedó claro que el fabricante de los trenes, la empresa CAF, no. De hecho, fue la que advirtió del error. A partir de ahí, comenzó un partido de tenis, en el que Renfe y Adif –de puertas hacia dentro– se pasaron la pelota a raquetazos. Para tratar de apaciguar los ánimos, las dos empresas públicas decidieron cesar a dos cargos técnicos, pero el periódico ABC (también de Vocento) desveló que eran simplemente dos cabezas de turco, ya que sus salidas ya estaban previstas de antemano para este mismo año. Al Gobierno central –a su ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en concreto– no le queda más remedio señalar hacia más arriba. El espectáculo es tan grotesco que ayer, ante la vista de los presidentes regionales de Cantabria y Asturias, tiene que ofrecer las cabezas, vía dimisión, eso sí, del presidente de Renfe, Isaías Taboas, y de la secretaria de Estado de Comunicaciones, Isabel Pardo de Vera, mano derecha de la ministra. También ha encargado una auditoría interna para encontrar al responsable de este desaguisado.
Eso es lo que aún no ha explicado el Gobierno regional (PRC-PSOE). Porque el problema con los nuevos trenes era un rumor que incluso se llegó a deslizar en alguna de las reuniones de la Mesa del Ferrocarril, un foro de encuentro creado por expreso mandato del Parlamento regional. Los usuarios, agrupados a través de las Mesas de Movilidad, llevan años denunciando que al PRC «sólo le importa el AVE» y que el PSOE «se lava las manos con Madrid». El caos en el que se han convertido las Cercanías en los últimos años, especialmente las de vía estrecha (Santander-Cabezón de la Sal y Santander-Liérganes), el reguero de averías, cancelaciones, retrasos y supresiones de trayectos para cumplir las exigencias del nuevo sistema de seguridad (ASFA) son motivos suficientes, consideran desde estas plataformas ciudadanas, para que el bipartito hubiese seguido más de cerca la fabricación de los nuevos trenes. La oposición le reprochó ayer lo mismo en la sesión plenaria.
Para empezar, todos los servicios de Cercanías en la región serán gratuitos hasta 2026, cuando se prevé que estén listos los nuevos convoyes. Es el compromiso que Revilla y Barbón le arrancaron a la ministra. Eso sí, era una petición que ya llevaban ellos a la reunión. En el denominado 'acuerdo de la Castellana' firmado ayer, se incluyen otros puntos: un protocolo con un segundo contrato de máquinas para renovar el resto de la flota y plazos concretos para la ejecución de las obras. Habrá un comisionado que se encargará del seguimiento de los acuerdos.
Por el momento, se desconoce. Pero barato no será, seguro. Hay que repetir el diseño de los trenes y todo lo que conlleva hasta su entrada en funcionamiento y hay que pagar la gratuidad del servicio, entre otras cosas. Eso sí, todo se apuntará en la cuenta de los contribuyentes.
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