«La dueña está en su derecho de usar su casa, pero no tenemos dónde ir»

«Tuvimos una gran relación con el propietario desde el primer momento», narra Tino. «Enseguida cogimos confianza. Mi mujer iba a comprar con él, íbamos juntos a tomar algo, nos visitaba en casa...». Un contrato entre arrendador y arrendatario que se convirtió en una amistad. Ni siquiera se resintió cuando la familia comenzó a tener problemas económicos.

«Hace tres años, dejamos de percibir la renta básica de 600 euros con la que vivíamos porque cambió la normativa y tuvimos que presentar un nuevo papeleo. No volvimos a recibirla en varios meses». Tino no dudó en comentárselo a su casero y reconocerle que no podría asumir el pago del alquiler en un tiempo. «Me dijo que no me preocupara, que ya haríamos cuentas cuando se arreglase». La intención de ambos era que, cuando la familia volviera a disponer del ingreso mensual, fueran solventando la deuda poco a poco.

Pasaron siete meses hasta que la familia recuperó su renta básica. En ese tiempo, el propietario del piso falleció y «todo había quedado a cargo de su mujer». «Desde el primer momento me dijo que teníamos que saldar toda la deuda e irnos». Aunque Tino le explicó el acuerdo al que había llegado con su marido, ella le contestó que «él ya no estaba y que, además, necesitaba esa vivienda para su hijo». Ocurrió hace casi dos años y, en ese momento, se puso en marcha el proceso de desahucio. «Ya contábamos de nuevo con la ayuda y podíamos haber pagado todo lo que debíamos en plazos, pero no quiso».

El primer lanzamiento estaba programado para el 18 de enero de este año. «Se solicitó la suspensión porque se había producido una evidente indefensión. Ni el abogado ni el procurador de la familia les habían comunicado el desalojo en ningún momento. Tampoco el juzgado», explica la portavoz de Stop Desahucios, Eva Lastra. «Nos enteramos cuando se puso en contacto con nosotros el abogado de la parte denunciante, que nos preguntaba si queríamos entregar las llaves antes de la fecha del desahucio. Por este desconocimiento pudimos paralizar la operación un mes más», apunta Tino.

El padre de familia entiende que la mujer «está en su derecho» de recuperar el inmueble, pero expone que se encuentran en un momento «delicado, con dos niños con enfermedades crónicas, asma e hipotiroidismo». Su intención, asegura, es encontrar otro alquiler «para no quedarse en la calle».

La plataforma presentará un nuevo escrito de suspensión en los próximos días. «No queremos entrar en polémicas y respetamos los derechos de la titular de la vivienda. Sin embargo, la plataforma se sitúa a favor del afectado cuando se trata de familias en riesgo de exclusión y con hijos menores. Más si tienen enfermedades crónicas. Nos consta que la situación de pobreza de la familia no tiene comparación con la de la persona propietaria», explica Lastra. Desde Stop Desahucios recuerdan que «existe una sentencia del Supremo y resoluciones de la ONU y de la UE que, en los desahucios, sitúan siempre a las familias con menores por encima de cualquier otra circunstancia. Sobre esa sentencia y resoluciones promoveremos la suspensión del lanzamiento», asevera la portavoz.

Además, la plataforma y los afectados se encuentran en contacto permanente con la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria y esperan poder conseguir un piso de alquiler social en los próximos días. «Las negociaciones están avanzadas pero no tenemos certeza de nada en este momento. No sabemos si podremos tener el piso antes del desahucio. Es improbable», concluye Lastra.