La dueña de una inmobiliaria de Santander se enfrenta a 4 años de cárcel por estafa con unos contratos de trabajo

El ministerio público pide también una multa de 4.500 euros y que indemnice a las supuestas víctimas con los 26.200 euros que presuntamente percibió y no devolvió la acusada, que será juzgada este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria.

Según el escrito provisional de acusación, la mujer aprovechó que conocía a muchas personas de origen sudamericano residentes en España por su negocio y les ofreció hacer los trámites necesarios para que pudieran traer a trabajar a familiares que seguían viviendo en sus países de origen.

La acusada, señala, les garantizaba la obtención de los permisos y las autorizaciones exigidas por la Oficina de Extranjería de Santander, y les aseguraba que disponía de permiso del Ministerio de Trabajo para contratar a 20 personas para su inmobiliaria y para negocios de construcción relacionados con esta empresa.

La fiscalía indica que en ocasiones les llegaba a decir que era abogada y se dedicaba a ayudar a inmigrantes, y les exigía la entrega de determinadas cantidades de dinero a cambio de obtener en breve plazo los permisos y los contratos.

Ante «la apariencia de solvencia y seriedad profesional» que les transmitía, «no dudaban en entregarle» el dinero, ignorando que en esas mismas fechas no estaba al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y el Régimen General de Autónomos, por lo que no podía conseguir los permisos y los contratos, actuando así «con el único afán de enriquecerse ilícitamente», dice en su escrito.

Los hechos que serán juzgados en la Audiencia Provincial ocurrieron entre octubre de 2006 y mediados de 2008.