Los dueños de Ecomasa se enfrentan a su inhabilitación por «maquillar» las cuentas

Se diría que el destino de los últimos Gobiernos regionales ha sido dejar en herencia un fiasco empresarial y pérdida millonarias para las arcas públicas. Lo hizo el Gobierno de PRC-PSOE en la legislatura de 2007 con el fracaso de GFB, la fábrica de fibroyeso de Orejo en la que la Administración pública se dejó más de 45 millones de euros. Y después tropezó en la misma piedra el Ejecutivo de Ignacio Diego (PP), con Ecomasa, la fábrica de estufas de Maliaño que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales, que nunca devolvió.

Fue la principal inversión pública en una empresa privada durante la pasada legislatura, y acabó en quiebra. Cerró sus puertas en septiembre de 2015. Ahora, tres años después, los dueños de Ecomasa, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León, se han sentado ante el juez que determinará si el concurso de la mercantil es culpable o fortuito, es decir, si incumplieron sus obligaciones como administradores y, en concreto, si «maquillaron» las cuentas para ocultar la situación de insolvencia, en cuyo caso serán inhabilitados para ocupar cargos directivos y administrar bienes ajenos.

Así lo cree el administrador concursal Jorge Fernández Sanz, que ayer reiteró su petición de que el concurso sea declarado culpable y se inhabilite a De León (por ocho años) y a Lavín (cinco años), a los que reclama además el pago de una indemnización de 2,3 millones de euros por daños y perjuicios. A su lado, la fiscal Teresa Calvo se sumó a las conclusiones del administrador concursal, el verdadero impulsor de la acusación, ya que en estos procedimientos el Ministerio Público es un convidado de piedra.

Frente a ellos, los abogados de los dos empresarios defendieron la inocuidad de sus actuaciones, que a su juicio fueron correctas y tendentes a buscar la continuidad del proyecto para lo cual desplegaron una «actitud proactiva» en la búsqueda de inversores, que nunca llegaron. Fue una jornada maratoniana, que se prolongó hasta avanzada la tarde, en la que, en realidad, se ventilaron dos juicios; el principal, relacionado con Ecomasa EWI, y otro por la insolvencia de una filial del grupo. Lavín y De León tuvieron que sentarse en el banquillo, pero se libraron del interrogatorio porque las partes renunciaron a ello, de manera que la vista giró en torno a las declaraciones de los testigos y peritos que emitieron informes sobre la mercantil .

El administrador concursal dio cinco claves para pedir la culpabilidad del concurso, entre ellas el retraso en su presentación desde que los gestores tuvieron conocimiento de la situación de insolvencia que atravesaba la sociedad. A su juicio, y de acuerdo con la amplia documentación que forma parte del expediente, el 30 de junio de 2014 ya había pruebas de que la mercantil estaba en concurso de acreedores, situación que se produce ante el impago reiterado de las obligaciones. Pero el 3 de noviembre de ese año las pruebas eran «clamorosas» y la «certeza, absoluta». Sin embargo, los dueños de Ecomasa no instaron el concurso hasta septiembre de 2015, mientras que la Ley Concursal establece que debe realizarse dos meses después de producirse la situación de insolvencia para no perjudicar a más acreedores. El auditor de Ernst Young, contratado por Sodercán en la actual legislatura, fue claro. A su juicio, a diciembre de 2014 el resultado de explotación de Ecomasa arrojaba un balance negativo de cinco millones de euros y «la compañía estaba en estado de quiebra e incluso de disolución». En ese periodo, cada mes perdía 400.000 euros y era «incapaz de atender los pasivos a corto plazo.

Sin embargo, para los abogados de los acusados no tenía sentido declarar la empresa en concurso cuando se estaba buscando «de manera proactiva» un inversor extranjero y existía el compromiso financiero del organismo público ICAF, que días después aportó 3 millones al proyecto, tesis que respaldaron también expertos auditores de parte. No hay que olvidar tampoco, tal y como dijo ayer Jorge Gómez de Cos, a la sazón responsable del ICAF, que todas las operaciones cuestionadas tenían el visto bueno del Instituto de Finanzas, que era el principal acreedor de Ecomasa.

Además, el administrador concursal esgrimió como motivos para declarar la culpabilidad del concurso la concesión de un préstamo de 500.000 euros a una empresa del grupo, radicada en Chile, de la que no formaba parte Sodercán, deuda que, lejos de reclamarse, Ecomasa cambió por acciones de la mercantil chilena, que, a su juicio, carecían de valor porque la mercantil ya tenía problemas financieros; la existencia de autoliquidaciones «ficticias» en 2014 y 2015 para evitar el embargo de bienes; la venta de la marca Sommetfire a Ecomasa EWI en 1,8 millones, un precio sobrevalorado que produjo la «salida ficticia de bienes», y de la participación de Ecomasa en la empresa Chimeneas Barcelona, operaciones en las que existió «un maquillaje financiero».

Las defensas de los empresarios negaron estos argumentos e incidieron en que existía un plan de viabilidad para reflotar Ecomasa, que contemplaba que el ICAF no reclamara los créditos millonarios concedidos, y en el que «falló» uno de los requisitos para hacerlo posible, la concesión de un nuevo aval por el Instituto Cántabro.