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Lo que más llama la atención a los responsables de Ecologistas en Acción de la denuncia presentada ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, es que algunos de los «once puntos de vertido presuntamente ilegales» que han detectado ya ... figuraban en su lista –y en sus denuncias– hace siete años. En concreto, uno en Puente San Miguel («cuantioso», dicen), «que está detrás de la iglesia, cerca de un colector y de la estación de bombeo», y otro en Caranceja (Reocín), «aguas arriba del área recreativa del Molino, una zona de baño». Los rastreos del colectivo han localizado, en total, siete puntos de posibles vertidos que acaban en varios de los principales ríos de la región (Saja, Miera, Besaya o Pisueña) y otros cuatro que van directamente al litoral (todos, en la ficha adjunta).
Es una nueva oleada. No es la primera vez. Denunciaron en marzo de 2017 la existencia de 17 puntos por entonces. Repitieron en febrero de 2019 (otros 23), en agosto de 2021 (nueve) y en junio de 2024 (tres más). Con los once de ahora, 63 (si bien algunos son los mismos, así que rondan los sesenta).
Puente San Miguel Detrás de la iglesia, cerca del colector.
Caranceja Aguas arriba del área recreativa del molino.
Viveda Cerca del puente de la Barca.
Sierrellana Baja a la zona del Saja.
Cerca de Liérganes Llega al río Miera.
Zona de La Penilla Llega al río Pisueña.
Cartes A un arroyo que va al Besaya.
San Juan de la Canal En Santa Cruz de Bezana.
Portio En el municipio de Piélagos.
Usil En el municipio de Miengo.
Ría de Raos En la zona de Peñacastillo.
Y ha tenido consecuencias. Desde Ecologistas en Acción aseguran que, una vez que el Seprona investiga y traslada el asunto a la administración correspondiente –si procede–, desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico han «recibido numerosos comunicados». Les han informado. «En su mayor parte, con apertura de expediente sancionador». Multas que oscilan sobre los cien o doscientos euros, pero que en algún caso, según cuentan a El Diario Montañés, se han ido «a los seiscientos o cerca de los mil».
Peor suerte han tenido con los puntos de vertido en zonas que son competencia del Gobierno de Cantabria. «Sólo hemos recibido –explican– un comunicado por responsabilidad ambiental, en tan solo uno de los casos».
El no disponer de información, insisten, es un problema. «Creemos que una parte de esos focos que hemos denunciado en estos años se han solucionado –estiman que unos quince–, pero es un dato subjetivo si no nos remiten la información para saberlo. No podemos controlar todo, es una tarea que hacemos con voluntarios o con la información de vecinos, y hay lugares en los que, además, puede verter un día o una temporada y otro día no. Puede ser una cuestión temporal», explican.
En ese sentido, piden la colaboración de los organismos públicos. «Deseamos que las administraciones competentes extremen la aplicación de la normativa vigente con el objetivo de eliminar estos puntos de vertido, en su mayor parte de aguas fecales, que ocasionan un serio daño al medio ambiente y suponen un claro atentado contra la salud de los ciudadanos cuando intentan disfrutar de la naturaleza en nuestra región». Ellos, dice, seguirán «recogiendo datos».
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