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El primero que dio la voz de alarma fue Vox. El pasado mes de marzo, el anterior portavoz parlamentario de la formación, Cristóbal Palacio, afirmó durante una rueda de prensa que el bipartito había desviado hasta 82 millones de euros de fondos europeos para el ... pago de gasto corriente y nóminas ante el desfase presupuestario con el que se encontró a finales de 2022. A los pocos días fue el PP quien tomó la iniciativa, recogió esa misma denuncia y elevó la cifra hasta los 112 millones de euros. La cantidad la dio la ahora presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, que señaló que la práctica supuestamente llevada a cabo por el equipo de la consejera Ana Belén Álvarez (PSOE) estaba «bordeando el fraude de ley». Álvarez lo negó tajantemente y ahora, después del traspaso de poderes y tras la entrada del popular Luis Ángel Agüeros al departamento de Economía, el Gobierno confirma que la socialista decía la verdad. No niega que la gestión de los fondos europeos durante los últimos cuatro años no pudiera ser mejorable, pero también subraya que ni un solo euro de las partidas del Plan de Recuperación se han destinado a asuntos diferentes a los proyectos prediseñados. Lo que no se ha usado, no se ha tocado. No ha salido de la caja reservada a los proyectos europeos.
2 de marzo de 2023 Vox denuncia el desvío de fondos europeos para el pago de gasto corriente por parte del Gobierno de Cantabria. Habla de 82 millones de euros que, supuestamente, no han ido a proyectos del Plan de Recuperación, sino a pagar nóminas y gasto corriente. Habla de prevaricación y lleva el asunto hasta la Fiscalía de la UE
15 de marzo de 2023 El PP se suma a esta denuncia y eleva la cantidad desviada a 112 millones. María José González Revuelta dijo que esta práctica bordeaba «el fraude de ley»
20 de marzo de 2023 La exconsejera Ana Belén Álvarez niega las acusaciones y acusa al PP lanzarse a la mentira y hacer seguidismo de la ultraderecha.
Si da la razón al bipartito, lo que hace indirectamente la Consejería de Economía es quitársela tanto a Vox como al PP, el partido que sustenta al Gobierno de Cantabria. Es más, el departamento que dirige Agüeros da las mismas explicaciones que en su momento dio Álvarez y señala que ambas formaciones denunciantes se equivocaron a la hora de interpretar los números. Después de semanas analizando el estado contable de la comunidad, Economía afirma que lo que se hizo entonces fue modificar algunos créditos presupuestarios, algo que, en la práctica, no implica para nada tocar el montante.
«Es rotundamente falso», dijo cuando estalló la polémica la ya exconsejera, que acusó a sus oponentes de emplear «la mentira para desprestigiar y desgastar al Ejecutivo». Negó una posible prevaricación, afirmó que estaba totalmente tranquila con el trabajo realizado y aseguró que le daba pena que un partido «como el PP, que es un partido de gobierno, se lance al barro haciendo seguidismo a la ultraderecha». Sus argumentos no convencieron a Vox, que incluso llevó el asunto ante la Fiscalía de la UE –competente en estos casos– al considerar que los hechos podían ser constitutivos de delito al tener los fondos comunitarios carácter finalista y no poder ser utilizados para cualquier asunto.
El bipartito no usó fondos europeos para tapar los agujeros que aparecieron a finales de 2022 en los capítulos de gasto corriente y nóminas por haber presupuestado por debajo de las necesidades, pero sí que tuvo que recurrir de forma extraordinaria a algunas partidas impropias que no se ejecutaron al 100%para poder llegar a fin de año. Principalmente partidas de actuaciones previstas que no se llegaron a ejecutar en Obras Públicas y de subvenciones de las áreas de Industria y Empleo.
De esta manera, Economía confirma que los 100 millones de euros –la región ha ingresado hasta ahora 374 millones– de fondos UE que ha recibido Cantabria y que la comunidad no tiene controlados no se han desviado a pagar nóminas ni gasto corriente. Lo que pasa con ese dinero (el 27% del total) no es que esté en paradero desconocido, sino que se encuentra en dos posibles situaciones: o bien no se ha asignado a ningún proyecto concreto y existe riesgo de que se quede sin utilizar –habría así que devolverlo–, o bien sí está asignado, pero la Consejería encargada de gestionarlo no ha informado en tiempo y forma a Economía. Esto ocurre, según Agüeros, porque hasta ahora cada departamento se hacía cargo de gestionar su dinero. Tras su llegada, el plan es que sea el departamento económico el que se encargue de realizar el seguimiento de todo.
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