Los edificios a los que alcance el mar durante los temporales podrán pasar a dominio público

El reglamento dice, literalmente, que el dominio público puede extenderse hasta «donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos», por lo que la Demarcación de Costas tendría capacidad para iniciar el procedimiento para dar un régimen legal a los espacios en los que se encuentran los edificios alcanzados por el agua en aquel gran temporal de 2014, aunque no vuelva a pasar nunca más. También a los lugares alcanzados en temporales posteriores o los que ocurran en el futuro.

En cualquier caso, que la Administración pueda hacerlo no quiere decir que lo haga. Lo que queda claro con el nuevo reglamento es que se relajan las exigencias para llevar a cabo deslindes. Antes hacía falta que el mar hubiera llegado al punto en cuestión cinco veces en cinco años -algo muy poco frecuente- y, ahora, con un solo episodio documentado en cualquier momento, es suficiente. Preguntado por este asunto, ni el Ministerio ni Demarcación de Costas han querido pronunciarse.

«Lo han hecho con nocturnidad y alevosía, sin que se entere nadie», lamenta José Luis Thomas, uno de los portavoces de los afectados por la normativa costera. Thomas apunta que el de los nuevos deslindes es solo uno de los frentes que genera el actual reglamento de Costas. El otro es que reactiva un problema histórico que había quedado solucionado hace una década: el de las personas que tenían a su nombre concesiones para desarrollar actividades ganaderas o industriales en marismas desecadas en el siglo pasado, cuando esta práctica era habitual. Incluso estaba incentivada por los poderes públicos.

La Ley de Costas de 1988 establecía que, pasados 30 años, esos terrenos tendrían que ser abandonados. Que los afectados tendrían que desmontar sus negocios -muchas veces con viviendas anexas- sin ninguna compensación económica. Vivieron con la espada de Damocles sobre sus cabezas hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo una modificación legal. Les concedía prórrogas por 75 años, una solución satisfactoria para ellos. Casi definitiva.

Después de muchos años con el miedo a ser expulsados de estos terrenos, empezaron a dormir tranquilos. Por eso no se había vuelto a oír a hablar en Cantabria sobre los afectados por la Ley de Costas. Ellos iban pidiendo las prórrogas y la Administración iba analizándolas y concediéndolas hasta 2018. Tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Ministerio, ya bajo la tutela de Pedro Sánchez, cambió de criterio y empezó a guardar en el cajón las solicitudes.

Transición Ecológica ha pasado del silencio a este nuevo reglamento con el que su situación cambia notablemente. El texto establece un tope máximo de 75 años para estos permisos de ocupación de dominio público. 75 años desde el inicio, no adicionales como estableció Rajoy. Un tope que respalda el Tribunal Supremo y que incluye tanto el tiempo inicial de la concesión como la suma de las sucesivas prórrogas. Es decir, que los permisos que se dieron en 1915, 1920 o 1925 ya habrían caducado. Según el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, que confía en que el Ministerio no pida recuperar los terrenos hasta que no haya un plan de recuperación ambiental, solo hay 80 personas o empresas en esta situación en Cantabria. Según Thomas, solo en la Junta Vecinal de Carasa ya hay esos 80 afectados: «El problema es enorme».

El artículo 32 de la Ley de Costas establece que hay que sacar del dominio público-terrestre toda actividad que se pueda realizar fuera. Básicamente, todas -industriales, conserveras, ganaderas...- salvo los astilleros o faros. Ese artículo sigue igual, pero el antiguo reglamento decía que este criterio era de aplicación solo para las nuevas concesiones de ocupación y que sobre las antiguas sí podían otorgarse prórrogas. Con el nuevo reglamento no hay distinción. «Estamos de acuerdo con que no se den nuevos permisos, pero no con que cambien de criterio respecto a los anteriores porque afecta a mucho tejido productivo que genera riqueza y empleo», señala Thomas.

Con la norma en la mano, el representante de los afectados entiende que tendrá efectos retroactivos y que a aquellas personas que sí consiguieron la prórroga hasta la llegada de Teresa Ribera al Ministerio ahora se la podrán retirar. No solo hay usuarios privados en esa situación, también Cantur, que logró legalizar el campo de golf del Abra del Pas. Lo mismo que el campo de golf de Oyambre, el Balneario de El Sardinero, el chiringuito del Puntal o el edificio del Cormorán. Actividades que para realizarse no requieren estar en primera línea de costa y que, con el criterio del Ministerio, tendrían que trasladarse a un nuevo lugar.