El 42% de los edificios de más de 50 años no han realizado la inspección obligatoria

El 58% de las viviendas de Cantabria obligadas por ley a presentar el Informe de Evaluación de Edificios (IEE) ya han acreditado la entrega de este documento en sus respectivos ayuntamientos, que, sin embargo, continúan sin tener noticias del otro 42% restante. Diseminadas por toda la provincia –en su mayoría por los municipios con menor densidad poblacional– las más reticentes siguen agotando los plazos estipulados.

Heredero de la Inspección Técnica de Edificios conjugada con el Certificado de Eficiencia Energética, el Informe de Evaluación de Edificios, que engloba todo lo anterior, vio la luz por real decreto en 2014 para determinar de manera detallada las circunstancias en que se sostienen en pie aquellos inmuebles construidos hace más de 50 años. Para calibrar, en resumidas cuentas, cual es su estado de conservación, su eficiencia energética y sus condiciones de accesibilidad.

Esa evaluación, que los propietarios tienen que encargar a un especialista y costear de sus bolsillos con la ayuda del Gobierno de Cantabria –el Ejecutivo tiene abierta una línea de subvenciones al respecto– contiene además propuestas de reforma para la mejora de las condiciones de partida, lo que lo convierte en un documento muy valioso si se pretenden llevar a cabo obras de rehabilitación.

Pues bien. Según los datos que maneja la Dirección General de Vivienda, desde la entrada en vigor de la nueva ley, hace cinco años, los ayuntamientos de la provincia han recibido el informe de evaluación de un total de 3.876 edificios: 51 en 2014; 245 en 2015; 807 en 2016; 1.981 en 207 y 292 en lo que va de año 2018.

«Hemos constatado una interesante progresión en este aspecto», dice el director general de Vivienda, Francisco Javier Gómez Blanco, que puntúa con buena nota el trabajo de los grandes ayuntamientos. Santander, Torrelavega y Castro. «De ellos parten los mejores porcentajes probablemente porque sus equipos municipales son más potentes y se han tomado este asunto más en serio», dice.

Así, destacan por lo bajo municipios como El Astillero y Camargo. En el primero hay 545 inmuebles que tienen la obligación de someterse a esta evaluación particular y de momento, y que se sepa, únicamente lo han hecho 18. El 3,3%. Y en el segundo hay 175 edificios que están en iguales circunstancias y sólo 12, el 6,8%, han entregado el preceptivo informe.

Esta línea a la baja en el número de informes de evaluación registrados en los ayuntamientos se extiende a otros municipios como Santoña (10%), Laredo (13%), Medio Cudeyo (14%), Ramales (16%), Colindres (19%), Reinosa (36%) o Bárcena de Cicero (44%).

Ninguno de ellos supera el 50%, a diferencia de otros como por ejemplo Cartes (55%) o Suances (57%), que a trompicones van cumpliendo con el objetivo.

Más aplicados que los anteriores, Torrelavega (83%), Castro (81%) y Santander (76%), por este orden, se aproximan a la finalidad última de mantener su parque de viviendas antiguas en un adecuado estado de conservación.

De acuerdo con las cifras que maneja el ayuntamiento de la capital, desde la entrada en vigor de la ley han presentado el informe de evaluación un total de 2.481 inmuebles, lo que supone un 85% del total. Que ese porcentaje no coincida con el que tiene Vivienda sobre la mesa es porque los datos del Consistorio son sólo hasta enero.

Tomando este como referencia, el Ayuntamiento explica que la mayor parte de esos informes, 2.235, se corresponden con edificios que fueron construidos antes de 1964, los primeros que estaban obligados a cumplir este trámite pues ya superaban los 50 años de vida cuando se aplicó la normativa.

El resto, otros 246, son inmuebles que a pesar de disponer todavía de tiempo suficiente han preferido solicitar la subvención del Gobierno.

Considerando que el 18 de enero ya deberían haber presentado el informe todos los edificios construidos antes de 1964, que son 2.628, y que hasta ese día lo habían registrado 2.235, existen en Santander otros 393 que han violado la norma a los que el Ayuntamiento ha concedido una prórroga hasta el próximo día 31 de diciembre para que se hagan con el certificado que garantiza unas condiciones de habitabilidad aceptables.