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La digitalización educativa vive un momento de cambio y agitación en Cantabria. Por un lado, todo apunta a un viraje en la estrategia del equipo de Sergio Silva; por otro, los sindicatos y las familias de la educación pública denuncian que hay partidas europeas ... para digitalizar las aulas que no se ejecutan en tiempo, forma y destinatarios.
Ayer, CC OO acusó a la Consejería de Educación, FP y Universidades de dejar escapar 2,8 millones de fondos europeos destinados inicialmente a dotar de ordenadores a 3.233 aulas públicas de 266 centros cántabros. Es más, la organización vincula el hecho de que la Consejería desistiera de la licitación de este contrato -ante la imposibilidad de resolver la entrega de todo ese material antes del 31 de diciembre, algo que anunció en septiembre- con la entrega de pizarras digitales a los centros concertados. Ambas, dice el sindicato, son tecnologías que «se necesitan»: si no se compran puestos informáticos con esos 2,8 millones, es imposible arrancar las pizarras, asegura Conchi Sánchez, que apunta como causa de todo esto a una «mala gestión». CC OO piensa que bien existe una «negligencia administrativa» atribuible a la anterior Consejería gestionada por el PRC, que no habría resuelto bien la licitación; o bien el mensaje de que no hay que sobreexponer a los alumnos a las pantallas es una «decisión política camuflada» del equipo de Silva para favorecer a la enseñanza concertada.
La Consejería, por su parte, negó ayer «categóricamente» que ambos asuntos estén relacionados, según apuntaron fuentes de este departamento. Es la postura que mantiene desde el principio. Además, Educación asegura que esos 2,8 millones no se han perdido, sino que la Consejería trabaja ahora en «reorientar» el gasto y en justificarlo en otros contratos. Su idea es centrar el tiro en asuntos que puedan ejecutarse antes de final de año y que, en su caso, tengan que ver con la digitalización del aprendizaje. Hasta el momento, la Consejería puede hablar de licitaciones que, entre otras cosas, tienen que ver con robots para la educación de niños con necesidades especiales (unos 115.000 euros); con dispositivos para la comunicación con reconocimiento ocular para personas con dificultades de habla (cerca de 100.000 euros) y con ordenadores para la familia de Informática en Formación Profesional, que lleva «muchos años» sin renovar dispositivos (son unos 200.000 euros).
En cualquier caso, otras consejerías del Gobierno podrán sumarse a la justificación del gasto de los fondos europeos, por lo que Educación asegura que dichos fondos «no se pierden».
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