Educación mantendrá el refuerzo de docentes el próximo curso «todo el tiempo que sea necesario»

Así, las aulas cántabras contarán también el próximo curso escolar el denominado 'cupo COVID', para «seguir garantizando las medidas de prevención del coronavirus», principalmente la reducción del número de alumnos por aula.

Lombó se lo ha trasladado hoy a las organizaciones sindicales que forman la Junta de Personal Docente en un encuentro, según ha informado la consejería en una nota de prensa en la que resalta que este refuerzo ha permitido la contratación de 469 docentes a los que se suman los incorporados posteriormente para el desarrollo del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo PROA+. Todo ello supondrá este ejercicio, 2021, un desembolso superior a los veinte millones de euros.

En opinión de la consejera la reducción de ratios ha sido una de las «claves» para la prevención de los contagios -ya que ha permito el establecimiento de grupos más reducidos- junto al denominado 'corredor educativo' para la gestión de los casos y el compromiso de «toda» la comunidad educativa. Todo ello, ha destacado, ha hecho que Cantabria haya sido una de las pocas comunidades autónomas que ha mantenido la docencia presencial «durante todo el curso y para todo el alumnado».

Por otra parte, la titular de Educación ha avanzado también que se mantendrá una de las medidas que se ha revelado como «más útiles» de este curso, en referencia a las sustituciones en veinticuatro horas de los maestros de Infantil y Primaria, que han permitido «no romper» los grupos estables de convivencia en los supuestos de baja de los docentes.

En cualquier caso, la consejera considera que, con el avance de la campaña de vacunación, todo apunta a que la situación el próximo mes de septiembre será «bastante mejor que la actual, que tendremos un mejor septiembre que junio», aunque reconoce que no estará «superada» la pandemia.

Lombó ha indicado también que en la decisión de mantaner los refuerzos de docentes ha pesado la necesidad de «asegurar la tranquilidad de la comunidad educativa y que los centros puedan planificarse, que tengan la certeza de saber con cuánto personal contarán el próximo curso, especialmente en una situación de cierta incertidumbre como la actual.

En este sentido, ha explicado que la Dirección de Personal Docente trabaja ya en la elaboración de un cupo convencional, atendiendo al número de alumnos y la ratio profesor-alumno vigente, y uno covid. Y será el segundo el que rija al inicio de curso «y todo el tiempo que sea necesario, ni un día menos, y con seguridad al menos durante el primer trimestre completo», ha reiterado.

Por otra parte, la consejera ha afirmado que trasladará al Gobierno de España la necesidad de prorrogar los fondos covid en el ámbito educativo. Según ha recordado, Cantabria ha recibido cerca de 18 millones de euros para la implantación de las medidas de prevención este curso, una cuantía que, aunque «no cubre ni con mucho lo realizado, sí ha ayudado».

En este sentido, el refuerzo de personal docente y no docente supuso un desembolso de más de ocho millones de euros solo durante el primer trimestre, cuantía que superará los 20 millones en el ejercicio.

A todo ello hay que sumar otras muchas partidas, como la adquisición de materiales de protección, la compra de dispositivos para los supuestos de docencia no presencial o el refuerzo de limpieza, ha recordado.

Sin consecuencias directas, porque el tribunal ya dejó sin efecto la modificación del calendario escolar, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dictado sentencia sobre la suspensión en el ultimo momento de la semana de vacaciones al inicio de noviembre de año pasado. Una suspensión que hizo que los menores fueran a clase dos días y volvieran finalmente al calendario de descansos que Educación suspendió en plena segunda ola para frenar posibles contagios.

Así, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado el recurso presentado por el sindicato Comisiones Obreras contra la resolución de la Consejería de Educación porque considera que «vulnera el derecho a la negociación colectiva».

En una sentencia dada a conocer este miércoles, la Sala concluye que la modificación del calendario «afecta a las condiciones de trabajo» de los docentes y recuerda que la aprobación del original sí fue objeto de negociación con los sindicatos.

A su juicio, «el principio de coherencia y de confianza legítima obliga a la administración a negociar la modificación sustancial del mismo que implica la conversión en lectivo de un periodo que, previa negociación colectiva, se fija como no lectivo». Asimismo, destaca el hecho de que la administración haya intentado una negociación posterior para reubicar en el calendario los días no lectivos convertidos en lectivos «de forma unilateral» por la resolución impugnada.

La administración también alegó que la modificación del calendario se llevó a cabo por la situación de pandemia y que, por tanto, «la negociación colectiva previa no era necesaria dada la naturaleza sanitaria de la medida». Sin embargo, el TSJC considera que la medida «no es materialmente una medida sanitaria», sino «de organización de la actividad docente que persigue atender a una determinada situación de riesgo de salud pública».

Reconoce que para hacer frente a ese riesgo la legislación permite a la administración adoptar medidas restrictivas, pero éstas «solo son válidas» si «responden a ese fin superior y lo hacen en términos de adecuación, necesidad y proporcionalidad», señala. Y añade que en este caso la administración «no aporta pruebas sobre la adecuación, necesidad y proporcionalidad en relación con la lucha contra la pandemia».

Finalmente, el TSJC rebate el argumento de la administración de que no se ha dañado la libertad sindical porque ha habido transmisión de información a los sindicatos y un intento posterior de negociación, y considera que «negociar no es informar, ni consultar, ni anunciar, sino aproximar posiciones, requerir y ceder, buscar el equilibrio de intereses, procurar llegar a acuerdos», y que la negociación «ha de ser previa a la adopción de la medida, pues su fin es contribuir a su configuración».