Educación se planta en la oferta de cien euros y los sindicatos piden a Buruaga que medie

Silva valora positivamente la rebaja aplicada por la Junta, pero la rechaza. «No la podemos asumir en el contexto del ejercicio presupuestario», aduce. Según sus cálculos, esos 295 euros mensuales tendrían «un impacto presupuestario total cercano a los 40 millones de euros anuales, cantidad inasumible para esta Administración»; 40 millones que resultarían de sumar nóminas y también los complementos. Si no es comprometiendo otras partidas presupuestarias, la Consejería no ve viable la propuesta, así que Silva se planta en la mejora de cien euros, que supondría un «impacto presupuestario» de diez millones, que tendría encaje en las cuentas y que es, por tanto, «viable». Estará vigente «hasta las 23.59 horas del próximo 31 de marzo», fecha tope de una negociación que los sindicatos y la Consejería mantienen desde noviembre, y, si no hay respuesta, decaerá. No obstante, el consejero, que defiende que su Gobierno es el primero en negociar este asunto desde 2008 y que su propuesta situaría al profesorado cántabro «entre los mejores retribuidos» del país, cree que la convocatoria de huelga lo cambia todo y que los sindicatos «renuncian» con ella a pactar una adecuación retributiva. «Salvo que hubiera algo extraordinario, no creemos que vayamos a convocar una mesa de negociación», dijo Silva, que lanza la pelota al tejado de la Junta.

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Pero la Junta se la devuelve y dice que no se cierra a negociar más allá del primer trimestre. «Nosotros no tenemos ningún problema en seguir negociando porque es algo que los docentes merecen», dijo el pasado viernes su presidenta, Rus Trueba. Y hoy insistieron en esa idea: la renuncia de la que habla Silva «demuestra un desconocimiento total del funcionamiento de una negociación laboral», ya que la convocatoria de huelga «en absoluto debiera concluir» el proceso, sino que «amplía en 48 horas» su margen. «La voluntad de la Junta es seguir negociando en todo momento», aseguran STEC, ANPE, CCOO, UGT y TU, los cinco sindicatos que la componen y que también rechazan «el tono y el ultimátum» que plantea Silva. Por esa razón, emplazan al Gobierno «a sentarse a negociar el tiempo que haga falta en una nueva mesa que hemos solicitado hasta en dos ocasiones» y piden que en esas reuniones participe –y medie– de nuevo la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que ya acudió al encuentro del 29 de enero con el que la Junta y la Consejería reactivaron el diálogo tras el encierro en Peña Herbosa. Según la Junta, Sáenz de Buruaga les «transmitió su predisposición a reunirse y negociar incansablemente para evitar una huelga», una actitud que no encuentran en Silva y en su equipo.