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La escuela como sostén social, sobre todo en los territorios que corren riesgo de despoblarse. La Consejería de Educación está armando una estrategia para ayudar a fijar la población en los núcleos rurales más amenazados por el vaciamiento, y el centro de la misma serán ... las escuelas, los docentes y las políticas de conciliación. El primer paso es un periodo de consulta pública –abierto desde hoy y hasta dentro de diez días hábiles– para que se hagan aportaciones a esta estrategia, que complementará las que se emprendan desde otras áreas de gobierno.
Este periodo, fijado por la Ley de Procedimiento Administrativo, es sólo el germen de la planificación del departamento de Marina Lombó, que quiere cumplir con aquello que insta la normativa europea: que los poderes públicos ejecuten políticas para frenar la despoblación. Este es el primer paso porque, hasta que no se elabore el borrador de la orden, esta no saldrá a información pública. Las medidas que se acuerden finalmente se articularán en torno a una orden que Educación quiere aplicar el curso que viene; y tendrán impacto en zonas como la Hermandad de Campoo de Suso, Valdeolea, Valderredible, San Pedro del Romeral, Cabuérniga, Espinama, Vega de Pas, Rionansa o Soba. «La idea es acabar el proceso antes del final del curso para que la orden esté vigente en septiembre de 2020», espera Javier Gutiérrez, director general de Personal Docente y Ordenación Académica.
Marina Lombó Consejera
Javier Gutiérrez Director de Personal
La Consejería baraja diferentes propuestas, muchas dirigidas a estabilizar a la plantilla docente en estos núcleos (compuesta por unos 70 profesores que atienden a 430 escolares). «Queremos garantizar la permanencia del profesorado. Sin continuidad es difícil desarrollar proyectos educativos», incide Gutiérrez. Explica entonces que hay normativa nacional sobre los concursos de traslados que contempla la figura del 'centro de especial complejidad'. Así es como Educación quiere categorizar a las escuelas de los núcleos en riesgo de despoblación. A modo de incentivo, los funcionarios de carrera, en caso de optar a un traslado, tendrían más puntuación si ejercieran en estas zonas rurales. Para los interinos, el grupo más numeroso en las zonas despobladas, Educación baraja varias cosas, entre ellas, puntuación extra en los procesos selectivos (oposiciones) si desempeñan su función en un centro de especial complejidad.
También sopesa la Consejería aplicar cupos de profesorado más flexibles, es decir, reforzar la plantilla en aquellos servicios para los que, en la Cantabria vaciada, no hay más alternativa que la que se ofrece en el colegio. La atención a la diversidad o los idiomas serían esos servicios sensibles. La Consejería tampoco descarta flexibilizar los ratios por aula, esto es, acomodar la unión de las unidades mixtas –aquellas en las que conviven cursos distintos–, y, más allá de esto, propone potenciar la innovación, que haya un «reconocimiento dotacional» en estos centros. El acceso a la banda ancha sería primordial, indica Gutiérrez.
Y añade: «El equipo de gobierno es consciente de la desventaja socioeducativa que padecen estas zonas. Queremos ayudar a que el éxodo vaya ralentizándose, minimizándose. Y que, aunque no dependa solo de lo educativo, no falte el apoyo de Edu
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