Los educadores sociales de Cantabria solicitan «medidas urgentes» para que no se repitan tragedias como la de Badajoz

Unos parámetros que, para la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), Carmen Arce, se cumplen en Cantabria «desde hace años». «Aquí mayoritariamente los 'hogares' están integrados por ocho menores. La gestión de los centros se lleva a cabo de forma indirecta a través de entidades privadas, en su mayoría, sin ánimo de lucro. Solamente la residencia de primera acogida, con 10 plazas, es gestionada directamente por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales», señala.

Sin embargo, el Colegio Profesional de Educación Social de Cantabria (Copescan) ha emitido un comunicado en el que lamenta las «dotaciones mínimas de personal» en este sector. En su escrito, Copescan ha puesto de manifiesto el «grave riesgo» que supone tanto para los menores atendidos como para los trabajadores, que un auxiliar de técnico educativo cubra el horario nocturno solo, sin apoyo de otros profesionales. «La falta de recursos está afectando gravemente a la salud laboral de los profesionales, generando altos niveles de estrés, sobrecarga de trabajo y situaciones de riesgo en el desempeño de sus funciones», ha explicado Irene Maestro, presidenta del Colegio Profesional.

Sobre las agresiones a profesionales -«que ha habido siempre», puntualiza- , Maestro ha explicado a este periódico que se «están normalizando»: «Un altísimo porcentaje ni se denuncia. Tienen menos de 14 años, son inimputables. Además de las represalias, porque después de la demanda vuelves a trabajar allí». De todos modos, Maestro no quiere que la culpa recaiga sobre el menor, «porque además no todos son conflictivos y los que lo son vienen muy dañados, cargados de historias que ni los adultos podríamos gestionar».

Una situación que «se ve agravada», dice la representante de los profesionales del sector, por el perfil cada vez más «complejo» de los menores que ingresan en estos centros, algunos con adicciones, uso problemático de redes sociales, exposición a contenidos inapropiados como la pornografía y «en numerosos casos habiendo sido víctimas de maltrato», tanto en el ámbito familiar como en su entorno social e incluso institucional. «Estas circunstancias dificultan el control de sus impulsos, lo que puede derivar en episodios de agresión, tanto hacia sí mismos como hacia los profesionales que los atienden», ha indicado Maestro, para quien «resulta prácticamente imposible que un solo profesional pueda gestionar eficazmente estas situaciones sin los recursos y el apoyo adecuados».

Por estos motivos y para que no se repita el trágico episodio de Badajoz, Copescan ha instado a las administraciones y a las empresas gestoras de servicios públicos a tomar medidas urgentes que garanticen unas condiciones laborales «dignas» y unos recursos «adecuados» para los profesionales del sector, con el fin de proteger su salud y bienestar y asegurar una intervención «de calidad».

El colectivo ha convocado para este viernes, a las 12.00 horas, una concentración 'por un trabajo digno y seguro' frente a la Consejería de Inclusión Social, juventud, familias e igualdad, en Castelar.

Sobre la demanda de este colectivo, la directora del Icass pone de manifiesto que en 2024 se llevó a cabo una modificación puntual de la orden que regula estos recursos y que en los trámites de audiencia pública se recibieron diversas alegaciones de las entidades prestadoras del servicio. «Sin embargo, el Colegio de Educadores Sociales no realizó ninguna alegación», señala.

Quien sí presentó alegaciones fue Tesscan, la entidad que representa de forma mayoritaria a las asociaciones y fundaciones del sector en Cantabria. «Se solicitaba mayor organización del personal, así como la necesidad de ampliar la plantilla y de que esas contrataciones fueran de educadores sociales», señala Pedro Tresgallo, representante de Tesscan, que defiende el trabajo «riguroso» de la entidades en la comunidad autónoma.