Elena Castillo releva al subdirector del SCS que dimitió por las irregularidades

Castillo tendrá por delante el reto de «recuperar la credibilidad» del SCS, como explicó el nuevo gerente, Benigno Caviedes, durante su toma de posesión a comienzos de julio, después de que sus antecesores en el cargo se vieran forzados a abandonar sus puestos convertidos en diana de las críticas y en el centro de las sospechas. La gestión de esta crisis costó a la consejera del área, María Luisa Real, la petición de cese por toda la oposición durante el Debate del Estado de la Región. «No tengo planteado presentar mi dimisión porque no hay ningún motivo para ello. Sólo me responsabilizo de lo que hago yo, no puedo asumir responsabilidades de algo que no es de mi competencia», dijo por entonces la consejera.

Quienes conocen a Elena Castillo la definen como «una mujer eficaz, concienzuda y trabajadora, aunque carece de experiencia en gestión sanitaria». Llega a su nuevo puesto en un momento bastante delicado a este departamento. PP, Podemos, Ciudadanos y Juan Ramón Carrancio reclaman al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que destituya de manera inminente a Real o amenazan con cercarle hasta el final de la legislatura.

El caso de las irregularidades estalló por las sospechas apuntadas por la denuncia de la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, que fue desvelado el pasado 25 de abril por este periódico, y las que semanas después fueron planteadas por el Partido Popular, cuya trascendencia final deberá decidir la Fiscalía. Fue Izquierda Unida la primera formación que puso el asunto en manos del fiscal ante la posibilidad de que hubiera «comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos». Apenas unos días después, los populares repetían la petición con idéntico argumento. Será la investigación judicial en marcha la que determine el grado de las consecuencias de esas irregularidades, a las que el Gobierno regional resta importancia.

El informe de Intervención, que tiene carácter provisional y ya está en manos de la cúpula de Sanidad para que presente las alegaciones que considere oportuna, revela «el fraccionamiento de contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y así eludir los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de contratación que corresponden», lo que está «prohibido por ley»; «verifica la existencia de ineficiencias en la contratación», «la recepción de obras y suministros con empresas con carácter previo a la finalización de los trabajos contratados», o «el uso, por parte de la Administración, de bienes que aún no han sido recepcionados, y bienes de los que no consta que se haya efectuado la preceptiva acta de recepción».