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CONSUELO DE LA PEÑA
SANTANDER.
Sábado, 8 de diciembre 2018, 07:45
La súbita irrupción en la escena política del 'caso Sogiese', el supuesto pago de sobresueldos a personal de esta empresa pública financiada con fondos europeos, ha pillado con el pie cambiado al Gobierno y a Ciudadanos, el partido que ha comprometido su apoyo ... a los Presupuestos de 2019, y puede poner en peligro el pacto presupuestario. «Sinceramente, al 99% de posibilidades veo difícil aprobar un Presupuesto con un consejero imputado», aseguró ayer, tajante, el portavoz parlamentario de la formación liberal, Rubén Gómez.
El consejero en cuestión es el responsable de Economía, el socialista Juan José Sota, el mismo con el que la formación naranja ha negociado su respaldo a las cuentas públicas, y al que reprocha «haber ocultado» su situación judicial, a sabiendas de que el ideario de los naranjas sostiene que «un imputado por corrupción política tiene que dimitir». Y es que el pasado 28 de noviembre, por la tarde, el responsable de finanzas del Gobierno declaró en calidad de imputado ante el juez con tal sigilo que ni siquiera los suyos tenían conocimiento de la incursión judicial, a pesar de que fue asistido por un abogado del Gobierno.
Ciudadanos se siente burlado. «Es un cachondeo que me entere por la prensa de esto, cuando el día anterior estábamos firmando el acuerdo de Presupuestos», se queja Gómez, que ya ha pedido explicaciones al Ejecutivo y al PSOE, aunque no será hasta el lunes, día 10, cuando el líder liberal, Félix Álvarez, se entreviste con el presidente Miguel Ángel Revilla para abordar este enredo.
La posición de Ciudadanos en el tablero no es fácil, ya que cualquier movimiento puede volverse en contra. Por un lado, el partido naranja está atado por las líneas rojas de su código ético respecto a las imputaciones de políticos -mucho más estrictas que las de regionalistas y socialistas- y la posición beligerante que mantuvo en el Parlamento cuando un informe de Intervención General destapó los presuntos pagos irregulares a empleados de la empresa pública, entre los que se encontraba una hija del consejero; y por otro, debe medir el alcance de una denuncia interpuesta por OlaCantabria, la formación impulsada por su antiguo compañero de bancada y ahora adversario, Juan Ramón Carrancio, que ya fue archivada por la Fiscalía de Cantabria. «Es un caso complicado porque la intencionalidad de la denuncia de Carrancio es clara y evidente; lo hace para ganar protagonismo», explica Gómez. Y todo ello, apremiado por los plazos, porque el próximo día 20 se celebra en la Cámara el debate para la aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria, y para entonces Ciudadanos tiene que tener más que decidido si revalida su compromiso.
La formación liberal apela a la «prudencia», y confía en que el juez Juan Piqueras, instructor del caso en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), resuelva antes del día 20, lo que facilitaría a Ciudadanos una salida airosa. «Esa es la fecha tope para el acuerdo. Puede ocurrir que el juez archive el caso antes, pero si no lo hace y sigue adelante, el consejero está imputado y el Gobierno sabe cuáles son nuestras líneas rojas. Es su problema, y si no que hubieran sido claros desde el primer día», reiteró el portavoz parlamento de Cs a este periódico.
Pero los tiempos de la justicia no son los de la política y es «muy difícil» que el juez resuelva en tan poco tiempo, máxime cuando el denunciante se ha convertido en querellante después de depositar una fianza de 6.000 euros para poder ejercer la acción popular. Al convertirse en parte del proceso, OlaCantabria puede pedir al juez las pruebas que considere oportunas, tanto documentales como testificales, incluso podría solicitar que Sota declare de nuevo ante el juez para poder interrogarle si, como sostiene Ciudadanos, lo que busca es «ganar protagonismo». No obstante, será Piqueras quien, en último término, decida si cabe la práctica de más pruebas, si archiva ya el caso o sigue adelante con la investigación.
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