La empresa de ambulancias Diavida ya tiene vía libre para coger el relevo de Ambuibérica

Una división decidida por Sanidad la pasada legislatura, que complicó la renovación, pues la pata del transporte programado quedó desierta en la primera licitación, lo que desencadenó un conflicto laboral tras quedar la plantilla dividida también en sus condiciones laborales. De entrada, las mejoras del convenio solo se aplicaban a los trabajadores del transporte urgente, que fue el lote adjudicado antes, una circunstancia que obligó a la Consejería a negociar con Ambuibérica una fórmula para la equiparación del resto del personal, evitando así la huelga planteada.

No obstante, en el segundo intento, el triunfo de Diavida (su oferta fue de 11,9 millones, con una bajada de 1.249.896 euros) frente a su única competidora en el proceso, Digamar –Servicios Sociosanitarios Generales (SSG)–, fue tan inesperado como cuestionado. Y esa es la razón que motivó el recurso del sindicato USO, que consideraba «imposible» la ejecución del pliego sin vulnerar las condiciones laborales. A su juicio, la oferta es «rotundamente insuficiente» y «no cumple los criterios mínimos para cubrir las necesidades reales del contrato». Pero la resolución del tribunal señala que el documento no especifica cuántos vehículos tiene que poner la empresa (USO critica que con 45 titulares y 9 de reserva no bastan), sino que le «da libertad» siempre que «se garantice debidamente la ejecución del contrato». Y recuerda al sindicato que, si lo que quería esa asegurarse la protección de los derechos de los trabajadores afectados, «debió impugnar» en su momento el pliego de condiciones.

USO acepta la resolución del tribunal pero considera que «la bajada de ambulancias de Diavida se acerca mucho a la temeridad y compromete la calidad del servicio». Por eso, advierte que estará «vigilante» y exigirá el cumplimiento de los objetivos.

A la par que se desestima este recurso, el tribunal rechaza también el presentado por la asociación de empresarios del transporte sanitario Aetrans-Sanit, de la que forma parte Diavida. Lo llamativo, en este caso, es que los argumentos esgrimidos nada tienen que ver con la capacidad de la compañía valenciana, sino que se basaba en la posible vulneración de la ley de defensa de la competencia de los dos grupos más potentes del sector: Autransa y SSG.

Pero el tribunal juzga «claramente incongruente que la asociación presente un recurso contra la adjudicación de un contrato realizada a favor de una de sus asociadas que, de estimarse, conllevaría su anulación, lo que iría en perjuicio evidente de su asociada». Y, sin decirlo, da la razón a las dos empresas citadas, que en sus escritos de alegaciones justificaban la presentación del recurso de Aetrans como una maniobra en favor de Diavida para «obtener más plazo para disponer de los medios materiales de ejecución a los que viene obligada la entidad adjudicataria, que ya declaró en su momento por escrito que no disponía de ellos».

Cuando se ordenó la paralización a finales de junio, Diavida tenía 17 ambulancias listas para estrenar –están ya almacenadas en Cantabria–, pero no esperaba las 37 restantes ya carrozadas «hasta finales de julio». No obstante, el propio gerente de la compañía, Antonio Moreno, aseguraba entonces que disponían de vehículos de segunda mano para empezar a funcionar en julio, aunque la suspensión dejó el despliegue en punto muerto. Ahora que ya tiene vía libre, la intención de la empresa es empezar a gestionar el servicio a partir del 1 de octubre con toda la flota nueva, salvo cinco unidades que espera recibir a final de año.