La empresa eliminada del concurso de las ambulancias recurre la parte sin adjudicar

Una maniobra que no se descarta que tenga algo que ver con el hecho de que esa rivalidad empresarial se haya convertido recientemente en una sorprendente alianza de ambas firmas para presentarse de forma conjunta al millonario contrato del transporte sanitario de Madrid. Aunque la unión no ha logrado desbancar de la capital a Ferrovial, que ha renovado adjudicación, sí que habría suavizado las relaciones de las dos compañías hasta el punto de no entorpecerse de más en procedimientos públicos.

En todo caso, la resolución a medias del contrato del SCS es uno de los marrones que le deja el equipo del consejero Raúl Pesquera a sus sucesores al frente de la sanidad cántabra. No en vano, haber resuelto solo una parte del contrato implica que las subidas salariales firmadas en el último convenio del sector -en torno al 17% con un aumento del 3,5% el primer año, un 3% el siguiente, un 2,5% el tercero, un 3,1% el cuarto y otro 3,1% el quinto ejercicio- sólo podrán aplicarse sobre la plantilla integrada en el servicio urgente en el momento que esté adjudicado, quedando los trabajadores del transporte programado a la espera de un remedio para que esas mejoras lleguen a sus nóminas.

De no encontrarse una solución antes, la única salida pasaría por repetir todo el proceso (licitación, valoración y adjudicación), con el tiempo que eso conlleve, salvo que la administración sanitaria acceda a firmar un contrato puente, como le han reclamado los sindicatos para evitar la desigualdad entre compañeros. Es decir, para que esas mejoras pactadas lleguen a todos por igual (alrededor de 440 profesionales), independientemente de si viajan en su jornada laboral a bordo de una ambulancia amarilla o blanca.

Fue a principios de junio cuando se desveló el misterio y se confirmó el runrún que ya circulaba dentro del negocio de las ambulancias antes incluso de la cita electoral del 28M: la empresa de HTGroup seguiría al frente de las ambulancias del servicio urgente del 061 (con una oferta de 32,4 millones de euros), al ganar a su competidora, Ambulancias Maiz (propiedad de DYA Cantabria), que concurría en UTE con la catalana Blue Mobility & Heathcare Services SL y que ofreció 33,5 millones. Pero la adjudicación -entonces aún provisional- se quedó coja, puesto que Sanidad había optado, por primera vez, por dividir el contrato (valorado en casi 47 millones, el doble que el anterior y sólo para dos años), en dos lotes: el del transporte urgente y el programado, y únicamente había conseguido asignar el primero. El que gestionará Ambuibérica, dando continuidad a su trayectoria en Cantabria, donde lleva trabajando una década sacudida de polémicas varias.

Con las ofertas presentadas desde febrero -en la primera fase ya fue eliminada Diavida-, no tuvo prisa la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por abrir el melón de las ambulancias antes de la cita con las urnas. Primero por el resultado en sí, después de las críticas y los desencuentros con la concesionaria, y de otro lado, porque era su 'plan b' tras haber valorado, propuesto y casi renunciado a la internalización del transporte sanitario. Una idea que defendió con ahínco el consejero de Sanidad (PSOE), cuando no contaba con el revés electoral iba a dar al traste con ella, toda vez que al PP, ahora al frente del Gobierno, le ponía «los pelos de punta» que se planteara la gestión pública del servicio, por el sobrecoste que le auguraba.