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Hace justo dos años que en Cantabria se empezó a hablar de protones, la radioterapia más avanzada y precisa, letal para los tumores más escondidos, difíciles de atajar con los tratamientos convencionales, y con la gran ventaja de que no daña los tejidos sanos ... por los que atraviesa la radiación. «Cuando me llegó la propuesta, no me lo podía creer», reconocía entonces Pedro Prada, jefe de Oncología Radioterápica de Valdecilla e imán del proyecto privado presentado por la empresa ART, dispuesta a invertir 40 millones de euros para instalar en Cantabria la primera unidad de protonterapia de España en un hospital público. «Una oportunidad que no se puede dejar escapar», como defendió desde el minuto uno el entonces gerente de Valdecilla, Julio Pascual. Incorporar esta tecnología a la sanidad pública sin el apoyo empresarial se veía una opción casi imposible. De hecho, los dos centros que en España han apostado por la terapia de protones (Quirón y Clínica Universitaria de Navarra) son del ámbito privado.
Sin embargo, después de meses de intensas negociaciones -incluso en época de pandemia se han mantenido-, el Gobierno de Cantabria ha reconvertido la idea: ahora es un proyecto público cien por cien, en el que la firma impulsora queda totalmente fuera. Y el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, explica la razón del cambio con naturalidad: «Ahora hay financiación pública». Dinero que viene por la vía de los fondos covid de la Unión Europea, en cuyos criterios de reparto encaja como un guante este proyecto. «La idea de un partner con la privada era si no había financiación. No podíamos destinar 45 millones de repente para poner en marcha la protonterapia. Ahora, aprovechando los fondos europeos, la hay».
El pasado verano aún estaban sobre la mesa las dos alternativas. Pero ha sido en las últimas semanas cuando ART ha visto fracasar definitivamente su iniciativa en Cantabria. Cuestionada por este periódico, la empresa ha eludido hacer cualquier tipo de valoración al respecto. Ni siquiera si está entre sus planes intentar sacarlo adelante en otra comunidad autónoma, en cuyo caso tendrá que mirar hacia la mitad sur del país, contando con la cobertura de la puesta en marcha en Cantabria, y sin perder de vista las dificultades que se añaden por la crisis económica derivada de la pandemia.
No obstante, Rodríguez deja claro que, «incluso haciéndolo en colaboración con empresas privadas, habría que haber sacado un concurso y se podrían haber presentado más ofertas, porque estaría abierto a todas aquellas que quisieran embarcarse en el proyecto». En cualquier caso, ese procedimiento ya sobra. «El Gobierno ha decidido que la protonterapia salga adelante con seguridad y con fondos públicos», zanja, insistiendo en que «el proyecto no cambia en nada. Lo único es que «se va a gestionar de forma pública», con lo cual los ingresos que genere la unidad que se instalará en Valdecilla, a través de las derivaciones de pacientes de otras comunidades, y por la vía de la investigación y la docencia (en forma de canon por el uso de la instalación, por ejemplo), revertirán en las arcas públicas, «mientras que de la otra manera la empresa tiene que recuperar la inversión y obtener beneficios; en caso contrario, no arriesgaría su dinero».
Los términos en los que pensaba hacerlo, y que tantas reticencias generaba en los servicios jurídicos del Gobierno, nunca se han desvelado. Es más, también en este nuevo planteamiento está todo por definir: los convenios con otras comunidades, con el Ministerio de Sanidad y con la sanidad privada para el cobro del servicio, así como la dotación del personal cualificado necesario (médicos, físicos, técnicos, enfermería, ingenieros...), que estará bajo la dirección médica de Padra. La prioridad ahora es avanzar con los pasos previos, comenzando por la adjudicación de la obra en la que se instalará el búnker, en el corazón de Valdecilla, y la adquisición de los equipos, que se decidirá entre la firma americana Varian (la misma de los últimos aceleradores lineales incorporados al servicio) o la europea IBA.
La apuesta por la protonterapia del Gobierno regional es firme y decidida. El PSOE de Zuloaga la incluyó incluso en su campaña electoral, pese a que fue su compañera de partido y hasta entonces consejera de Sanidad, María Luisa Real, quien la mantuvo un tiempo guardada en un cajón porque no acababa de ver claro el encaje jurídico de aquella colaboración público-privada. Finalmente, en mayo de 2019, aceptó la oferta de ART. Aunque fue tras el relevo en la Consejería, con Miguel Rodríguez al frente, cuando se retomó con más convencimiento la negociación. Para entonces, la empresa ya había cedido a las exigencias de Real, que hizo especial hincapié en que el personal sanitario fuera público.
A los dos años transcurridos en conversaciones se añaden ahora al menos otros dos para que la unidad de protonterapia de Valdecilla sea una realidad y el hospital se convierta en referencia nacional para este tipo de tratamiento oncológico, accesible hasta ahora en centros de Europa, como Munich, Italia, Praga y Niza, o de Estados Unidos.
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