Los empresarios de la dependencia impugnan la nueva normativa

Pedían un balón de oxígeno tras los recortes de la crisis, en forma de aumento de precios por las plazas concertadas y refuerzos de personal, que el Gobierno de Cantabria ha concedido, pero a la par que implanta un modelo de atención a la dependencia que conlleva reformas para adaptar los centros a las nuevas exigencias técnicas. Y es ahí donde a los empresarios no les cuadran las cuentas. Hasta el punto de que las juntas directivas de las tres asociaciones, que han ido de la mano en todo el proceso, han decidido impugnar por unanimidad la normativa después de consultar con sus servicios jurídicos. Eso sí, dejan la puerta abierta a retomar el diálogo con la Administración en un último intento por llegar a un entendimiento que ha resultado imposible el resto de la legislatura. «Es obvio que el texto en cuestión es problemático, no recoge las mejoras necesarias, no está debidamente fundamentado, ni nace de la reflexión y del criterio técnico, por lo que no se debería aplicar en ningún caso», subrayan las asociaciones.

Mientras desde Servicios Sociales defienden que los requisitos materiales que se exigen ahora se cubren con el aumento de la financiación recogido en la nueva orden de precios, el sector interpreta que les obliga a hacer inversiones. Y lo mismo apuntan desde el sector de la discapacidad, agrupado en Cermi Cantabria, que ya avanzó la semana pasada que la normativa es «inasumible».Después de analizar en profundidad el contenido de la nueva regulación, subrayó que «deja en una situación muy delicada a las organizaciones de la discapacidad, que una vez más ven amenazada su sostenibilidad y capacidad de funcionamiento».

Tanto las entidades que prestan servicio a las personas con discapacidad como las que atienden a los dependientes subrayan que «las exigencias planteadas en la norma deberían ser cubiertas con el presupuesto adecuado, y eso no ocurre así». Para demostrarlo, demandan un estudio de costes «real», puesto que «no se ha hecho bien». Coinciden en que adaptar las construcciones a las nuevas exigencias supone un desembolso mayor del previsto por la Administración. «Algún centro se va a ver abocado al cierre porque no va a poder cumplir con lo que se le pide en los plazos establecidos». Las asociaciones de dependencia aseguran que «a este callejón sin salida» se llega tras cuatro años de «inmovilismo» por parte de la Consejería, en los que las entidades han mantenido numerosos reuniones y han participado de grupos de trabajo, «tratando de aportar ideas para la mejora de la calidad asistencial y de las condiciones laborales». «Los planteamientos de quienes conocen de primera mano la actividad y se enfrentan diariamente a las dificultades de la misma, han sido permanentemente ignorados a lo largo de toda la legislatura y hasta la publicación de una normativa inasumible que tendrá que pasar por el juzgado», afirman.

Los empresarios de la dependencia demandaban una subida de los precios públicos por plazas concertadas y un aumento de la ratio de personal para compensar una situación que en los últimos años les había llevado «al límite», con residencias que empiezan a no compensar las pérdidas económicas con los ingresos generados. Y aunque el empujón económico se ha contemplado –por sí solo es «una buena noticia», admiten–, el problema es que esa inyección de siete millones de euros anuales sobre el presupuesto destinado hasta ahora a la dependencia, que es la cantidad que supone el incremento del 10% de los precios públicos, viene ligado a un cambio de modelo en la atención que conlleva varias reformas.Y es que no sólo requiere acondicionar las instalaciones de las residencias para ofrecer ambientes hogareños, cercanos y adaptados a los gustos de los usuarios, sino también modificaciones a nivel constructivo.

En los centros de nueva creación se contempla, por ejemplo, ampliar las ventanas, para facilitar la visibilidad en posición sentada, y el ancho de los pasillos, así como habilitar un comedor para cada 25 usuarios, con la posibilidad de incorporar un office equipado y con el menaje necesario para cocinar; salas de estar más pequeñas y con ambientes diferenciados, así como habitaciones más amplias, de las cuales un 66% deberán ser individuales. Asimismo, todos los centros contarán con internet gratuito para sus usuarios, según dice la norma. Los empresarios apuntan a otro problema añadido, «el coste del servicio de transporte que se les carga a los centros, que es algo inviable».

Las asociaciones de la dependencia lamentan «profundamente» las «prácticas torticeras» de la Consejería de Política Social. A su juicio, «publicar una norma sin consenso, a dos meses de concluir la legislatura y habiendo empeorado notoriamente la situación del sistema, no es en interés de los ciudadanos de Cantabria», lo que demuestra «la mala gestión» de este Gobierno.