El cambio de sexo de los dos presos en El Dueso aviva la polémica sobre la 'Ley Trans'

En el primer párrafo que publicó el BOE con la norma, que entró en vigor hace poco más de un año (el 1 de marzo de 2023), se plantea el objetivo de «desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, erradicando las situaciones de discriminación para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad». De hecho, el Ministerio de Igualdad asegura que está funcionando en este sentido y que la mayoría de los casos «se ha producido una mejora en la vida de las personas» (según publicó recientemente Newtral).

Y casos, desde luego, no son pocos. La publicación de la ley ha disparado las cifras. En total, 5.139 personas acudieron en 2023 al Registro Civil para cambiar su sexo. Supone algo más de catorce cada día, y es una cifra cuatro veces superior a lo registrado el año anterior, 2022. En Cantabria, en el mes y medio siguiente a su entrada en vigor, 43 personas pasaron por el Registro Civil para solicitar el cambio de sexo (25 en Santander, siete en Laredo y el resto, repartidos por Castro, Medio Cudeyo, San Vicente, Santoña y Reinosa).

Aunque en la región –hasta lo sucedido con estos dos empresarios en El Dueso– no se habían dado casos polémicos, sí que un cántabro ha acaparado protagonismo en este asunto. El Ministerio advierte de que el abuso de la norma «se pena» y, en este sentido, se agarran, entre otros aspectos, a los autos del juez del juzgado de instrucción número 5 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Es el cántabro Matías Martínez, que fue el primero en denegar un cambio registral y, durante el primer año de vida de la norma, lo ha hecho ya en seis ocasiones. «No los acepté porque incurrían en un profundo fraude, todos eran cambios de hombre a mujer», explicaba recientemente en una entrevista en la cadena de televisión Cuatro. «Algunos –detalló en su intervención– intentan beneficiarse de las medidas de discriminación positiva, otros eludir la aplicación de la ley de violencia de género sobre la mujer y otros simplemente lo hacen por intentar manifestar que están en contra de este tipo de regulaciones».

Justo esa enumeración describe buena parte de las polémicas que se han repetido en los últimos meses. Entre ellas, el aviso por carta este mismo mes al Ministerio desde la Comunidad de Madrid. En la misiva indican la existencia de casos de hombres (se ha informado que son seis) que figuran en el sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género) como agresores machistas y que han realizado el cambio registral de sexo. Desde Madrid indican en ese escrito que «es evidente» que la ley «no resuelve las cuestiones suscitadas» y piden instrucciones sobre «la forma de proceder».

A esto se suman los casos que se han descrito especialmente en Ceuta sobre miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que habrían cambiado su sexo registral supuestamente para obtener una serie de beneficios profesionales. Uno de estos casos –el de la cabo del Ejército de Tierra Roberto Perdigones– fue especialmente sonado, ya que apareció por televisión para contar que se había «registrado como mujer» ya que se siente «una persona bigénero intersexual».

A esa lista de casos polémicos se suma ahora el de los dos empresarios a los que el juez envió a prisión provisional en El Dueso. Empresarios o, desde el cambio –y según ellos mismos indicaron en el penal con su acreditación–, empresarias.