Empresarios de los sectores más afectados reclaman participar en las medidas contra el covid

Rocío Álvarez regenta 'La Media Luna' en Santander, un espacio artístico en el que, entre otras actividades, se imparten clases de teatro, de estilos de danza no reglada, y los fines de semana ofrece espectáculos «de variedades». Se trata de un local pequeño que, con las limitaciones de público actuales, solo puede dar cabida a quince personas. «Los artistas vienen a taquilla, y cobran un porcentaje de la entrada: a la hora de pagarles me da vergüenza darles cien euros después de haber estado dándolo todo en el escenario, pero ahora es así», se lamenta.

«Yo no digo que me parezcan mal las restricciones: es cierto que estamos en un momento muy difícil para todos, pero creo que se nos tendría que tener más en cuenta. A nosotras no nos ha llamado ningún rastreador: creo que la cultura es segura».

En sus espectáculos, «la gente va con mascarilla y no se la quita, tratamos de que las actuaciones no duren más de una hora y tenemos un espacio con extracción de aire y perfectamente ventilado». Esta empresaria cree, además, que podrían programarse más actividades en la calle, que ahora se ven frenadas por el «miedo» de los ayuntamientos. «Es más fácil lavarse las manos y cerrarlo todo».

Rocío Álvarez es presidenta de la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (Pecca). Desde esta organización se está intentando informar a los socios de las ayudas a que pueden acceder y hacer lo posible para que lleguen a todos. «El problema es que tampoco se valora la situación particular de cada uno, y no es lo mismo uno que es autónomo que otro: una ayuda de 1.500 euros, como las que ha dado el Gobierno de Cantabria, quizás pueda servirle a un actor, pero para quienes, por ejemplo, trabajan con un local, no les da ni para pagar el alquiler». No obstante, apunta, la asociación mantiene abierto el diálogo con la Sociedad Regional de Cultura. «Estamos hablando y tratando de echar una mano para mejorar ciertas cosas y poner sobre la mesa la problemática que afecta a los asociados».

«Se ha demostrado que en nuestro sector no es donde se producen los contagios: tenemos una incidencia del 0,30%, con datos reales. No hay transmisión», defiende Isabel Vega, directora del Marisma Wellness Center y portavoz de la Asociación Cántabra de Empresarios de la Salud y el Ejercicio Físico (Acesef), y de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid). «Después de ser declarados un servicio esencial, entendemos que no deberían aumentar las restricciones; medidas de seguridad sí, todas las que hagan falta».

«La limitación del aforo en las clases dirigidas y la prohibición de usar los vestuarios son las medidas que más nos afectan, porque es uno de los servicios con más demanda y por la necesidad de cambiarse tras realizar ejercicio. Al no tener oferta perdemos clientes, personas que se convierten en sedentarias o que pasan a hacerlo en casa, sin corrección y sin seguimiento profesional, provocando en muchos casos lesiones».

«Como sector pedimos un plan de ayudas directas, porque se ha perdido la mitad de los ingresos, y también la deducción de la cuota autonómica del IRPF y la bajada del IVA. Y realizar campañas de promoción sobre los beneficios de la actividad física: se adoptan decisiones sin tener en cuenta los muchos beneficios demostrados. Una persona que practica ejercicio de manera regular tiene ocho veces más posibilidades de sobrevivir al covid que una que no lo hace».

«No estamos en ningún epígrafe, así que estamos como en un limbo, exentos de cualquier ayuda. No dejamos de ser una extensión del sistema educativo y colaboramos en la conciliación de la vida laboral y familiar. Lo que pedimos es ser considerados una actividad esencial», reclama Natividad Pérez, responsable del centro de estudios Multilingüe de Laredo y representante del sector en CEOE-Cepyme.

Con el aforo reducido a un tercio, obligados a invertir en medidas de seguridad, duplicando clases a costa incluso de contratar más profesores, los centros de idiomas mantienen su labor sin poder acceder a subvenciones y sin repercutir esos gastos en el alumnado.

«A esa situación hay que añadir la competencia desleal de centros cívicos o asociaciones que ofrecen clases de idiomas a precio tirado. Pedimos que contraten a las empresas de los municipios, porque somos seguras, atendemos dudas o cualquier cosa que pase, y parece que los ayuntamientos no lo entienden».

«Queremos ser una actividad esencial, con lo que lleva consigo: no queremos ayuda, queremos trabajar y no tener que mandar profesores a su casa, poder permanecer abiertos mientras también lo estén los centros educativos. Nos pasa incluso con las vacunas: al no ser centros reglados no nos consideran profesorado, a pesar de que nuestro trabajo nos obliga a estar en contacto con los alumnos».

Las restricciones de aforo son las que más afectan a los centros comerciales, según explica Rubén Santiago, representante en Cantabria de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que nota ese descenso en la afluencia de clientes. «Entendemos que es una medida que igual no quedaba más remedio que tomar, pero nos gustaría recuperar la normalidad en el momento en que se revierta la situación. También nos gustaría que las medidas se anunciaran con más tiempo, para poder planificar los horarios del personal, las contrataciones y el trabajo del día a día: el último BOC salió a mediodía para entrar en vigor a la medianoche».

«Cada comunidad adopta medidas diferentes. A nosotros lo que más daño nos hace son los confinamientos municipales, algo que también afecta a los clientes: cuando la gente tiene que comprar ropa o un electrodoméstico, sí suele desplazarse bastantes kilómetros; hay quien ni siquiera tiene otra opción, ya que no puede adquirirlos en su municipio. O se desplazan o les resulta prácticamente imposible».

«Nuestro sector ha sufrido desde el primer momento de la pandemia, no solo con las últimas medidas: todo el sector de no alimentación ha estado cerrado mucho tiempo, y gran parte de nuestros asociados se dedica a su venta en exclusiva. Quizás la alimentación no se ha visto tan afectada, pero sí el resto de categorías, que han sufrido un gran perjuicio económico», explica el portavoz de las grandes superficies en la región.

Ángela García de los Salmones representa en CEOE-Cepyme a los centros homologados por el Servicio Cántabro de Empleo para ofrecer formación profesional. «Ahora mismo podemos trabajar con un tercio del aforo en nuestros centros, y siempre manteniendo un espacio de 2,25 metros cuadrados para cada persona. En principio, como nos exigen aulas de 45 metros cuadrados, nos caben los alumnos, y la distribución de las mesas supone más problema que el espacio».

García de los Salmones reconoce que las aulas virtuales se han revelado como una herramienta muy útil en tiempos de covid. «Podemos tener a la mitad de los alumnos en casa y a la otra mitad en clase. En nuestro centro lo que hacemos, para que no haya mucho trasiego, es trabajar con aulas virtuales y presenciales e ir alternándolas, de modo que no coincidan más de dos aulas al tiempo».

«Somos partidarios del uso del aula virtual, pero tiene algunos problemillas: a veces las conexiones no funcionan del todo bien, y tenemos gente de localidades donde se producen algunas interrupciones. El Servicio Cántabro de Empleo es igual de exigente con las jornadas presenciales que con las virtuales y tenemos que dar cuenta de todos esos contratiempos, explicando día a día cuál es el problema. Cuando un alumno no asiste a clase o no se conecta, consta como una falta y ya está, pero también hay que dar explicaciones si hay un corte de diez minutos en la conexión. Muchos centros empezaron con las aulas virtuales, pero el trabajo administrativo que genera les ha llevado a volver a la modalidad presencial al cien por cien».

«Nosotros planteamos dos alternativas: la primera, que el Servicio Cántabro de Empleo aporte una plataforma a través de la cual se trabaje con el aula virtual -en la actualidad, cada centro funciona con el aula virtual que considera, y el Servicio Cántabro de Empleo la aprueba o deniega-. En segundo lugar, consideramos que no se puede ser tan riguroso con las conexiones en el aula virtual como con la modalidad presencial. El trabajo administrativo es supertedioso con las aulas virtuales y hay mucha más carga».

Lo que reclama Rubén Otero, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia en Cantabria, es poder tener con la Consejería de Sanidad la misma coordinación que mantienen con Servicios Sociales. Pone como ejemplo de esa falta de comunicación lo sucedido con la publicación del Boletín Oficial de Cantabria del martes, en el que, entre otras medidas sanitarias dirigidas a evitar la propagación del virus, se ordenaba el cierre de los centros de día. «Empecé a recibir llamadas de los centros de día; me puse en contacto con Servicios Sociales y me dijeron que no podía ser, que era un error. Al día siguiente se publicó un Boletín Extraordinario en el que se consideraba esenciales a los centros de día».

«Es una prueba de que se hacen las cosas sin comunicarse con la gente. Hemos pedimos reunirnos con el consejero de Sanidad y solo hemos recibido la callada por respuesta. Nosotros pensamos que si nos sentamos en una mesa y empezamos a hablar, como ya se hizo para diseñar los planes de contingencia, se podrían solucionar muchas cosas y no se cometerían estos errores», concluye.