Las empresas de la Ciudad del Transporte defienden seguir en su ubicación hasta 2049

La prioridad de la comunidad de propietarios de la Ciudad del Transporte siempre ha sido la de continuar en Raos, pero la promesa de construcción de una nueva instalación en otro emplazamiento realizada por el Gobierno regional a través de la Consejería de Fomento que dirige Roberto Media –de la que depende Citrasa, la empresa gestora del centro– les hizo frenar en sus intenciones.

Sin embargo, ahora tienen decidido llevar sus reivindicaciones a los tribunales. «Reclamaremos en los juzgados el perjuicio patrimonial que nos supone a cada uno de nosotros el que no se cumpla la cesión del uso de las instalaciones hasta el año 2049», asegura Diego Cagigal, presidente de la comunidad de propietarios.

Para poner en contexto esta decisión, es preciso remontarse al origen del centro. Una orden ministerial de 1989, dictada por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, permitió la construcción de un Centro Integral de Transportes de Mercancías en terrenos del Puerto de Santander. Lo hizo, en un primer momento, por un periodo de 30 años. También autorizó a la empresa promotora a edificar en la parcela a cambio de una contrapartida en forma de canon anual. La fecha en la que terminaba el contrato, por tanto, era el 30 de junio de 2019; pero cabía la posibilidad de prórroga, que fue lo que finalmente sucedió. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó conceder otros cinco años más de permiso. Es decir, la concesión se extendería hasta el 30 de junio de 2024. Desde entonces, el Puerto, que quiere recuperar los terrenos, ha dictado otras dos prórrogas de seis meses: la primera hasta el 31 de diciembre de 2024 y la segunda expira el 30 de junio de este año.

Los orígenes

La entonces Diputación Regional de Cantabria presidida por Juan Hormaechea publicó el concurso de construcción, tras dos intentos fallidos, el citado 27 de agosto de 1990. La fecha de finalización de la cesión del uso fijada era el 30 de junio de 2049. Unos meses más tarde, en noviembre, el Consejo de Gobierno adjudicó la construcción de la futura Ciudad del Transporte a la sociedad anónima Citrasa, creada ex profeso, según recogen sus estatutos, por el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, la Agrupación de Empresarios de Transporte de Mercancías por Carretera de Cantabria (Aetrac) y las empresas Gesai y Construcciones Brues, propiedad del empresario gallego afincado en San Sebastián (Guipúzcoa) Antonio Pinal Gil.

Estas dos últimas fueron las que se encargaron de levantar la instalación en un terreno ganado al mar gracias al relleno de las marismas.

El capital social se fijó en 400 millones de las antiguas pesetas, de los que cada una de las partes depositó en efectivo el 25%: 20 millones. Francisco Pernía, expresidente del Racing y por entonces consejero de Turismo, Transportes, Comunicaciones e Industria, se convirtió en el primer presidente de la sociedad. Actualmente –al cierre de 2021, último documento que Citrasa tiene colgado en su web–, la composición accionarial está en manos del Gobierno regional (97,115%) y del Grupo de Empresas Bruesa S. A. (2,885%).

«No estamos aquí gratis»

La comunidad de propietarios de la Ciudad del Transporte reconoce la legitimidad del Puerto de Santander, que quiere recuperar sus terrenos, pero a su vez quiere hacer valer sus derechos, que implican de esta manera al Gobierno regional y a las empresas constructoras –aunque una de ellas, Gesai, está liquidada–. La Consejería que rige Roberto Media tiene desde el inicio de la legislatura una 'patata caliente' «heredada» de los anteriores Ejecutivos –de todos los colores políticos, también del PP–. «El Puerto está en su derecho de reversión, pero los actuales representantes políticos del Gobierno ya llevan casi dos años en el cargo y no hay nada concreto sobre la reubicación», afirma Cagigal.

Hasta que Fomento decida en qué lugar levanta la nueva instalación, las empresas y negocios allí funcionando viven cada seis meses bajo la espada de Damocles. Aunque hay buena voluntad entre las partes –Autoridad Portuaria y Gobierno regional–, los inquilinos no saben con certeza cuánto tiempo podrán continuar en Raos. «De palabra sabemos que hasta 2027, pero no tenemos nada por escrito, sólo que las prórrogas que se conceden de seis meses en seis meses», relata el presidente de la comunidad de propietarios.

Su salida no se prevé inminente. Citrasa ha procedido al parcheado de buena parte de los muchos baches que presentaba el asfalto y las empresas han visto «multiplicar por cinco», incide Cagigal, el canon que pagaban hasta que finalizó la concesión el año pasado. Además, también están haciendo frente «al pago del canon antiguo», para lo que Citrasa les ha dado de margen «cuatro años» para ponerse al día.

Los propietarios confían en que el Gobierno regional dé un paso adelante y encuentre una solución antes de tener que acudir a los juzgados. «Hay gente que se piensa que estamos aquí gratis, pero en 1989 ya pagamos el metro cuadrado industrial por cesión de uso, no en propiedad, más caro que había en toda Cantabria», concluye Cagigal.