Las empresas investigadas suman en Cantabria 715 contratos por 176,4 millones

Ese es el dato puro. El número objetivo. A partir de ahí, una aclaración importante. A día de hoy, y hasta que se conozcan más detalles del sumario redactado por la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, los únicos contratos bajo sospecha son los que se firmaron en el área de Carreteras Autonómicas de la Consejería de Obras Públicas, donde Miguel Ángel Diez Barrio –a día de hoy el único encarcelado de los ocho involucrados– trabajaba como jefe servicio sin que, aparentemente, nadie sospechara de actividad ilícita alguna. El resto, al menos a día de hoy, no tienen mácula, pero sí dan idea del alto grado de penetración de las tres empresas investigadas, cuyos responsables fueron detenidos y registrados en sus domicilios antes de quedar en libertad con cargos. Las presuntas empresas corruptoras no eran, ni mucho menos, unas cualquiera en el panorama regional.

Su actividad llega a todos los rincones de la comunidad autónoma. Aunque la Consejería de Obras Públicas es responsable del 42%de los contratos firmados –es normal que tenga un porcentaje destacado el departamento inversor por excelencia del Gobierno de Cantabria–, hasta 39 ayuntamientos han tenido relación con las empresas, entre ellos los más importantes. Otras consejerías del Gobierno regional han pagado facturas por 7,5 millones de euros, mientras que las del Gobierno central ascienden a 38 millones, sobre todo a API por la conservación de autovías. La lista es muy larga y en ella figuran la Guardia Civil (dos actuaciones por 80.000 euros en siete años), AENA (una obra de 6.000 euros en el aeropuerto Seve Ballesteros), el Consorcio de la Zona Franca (una obra de 22.000 euros), el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes de la capital (una obra de 349.238 euros), el Cuerpo Nacional de Policía (otras dos de 458.000 euros), la Universidad de Cantabria (ocho actuaciones por 1,6 millones)...

Y a eso habría que añadir las licitaciones abiertas, sin adjudicar. De hecho, nueve de ellas son las que se han añadido al sumario y se pretenden utilizar como ejemplo de como la trama aplicaba su 'modus operandi'.

De las tres investigadas, el Grupo La Encina (La Encina, más centrada en podas, proyectos de jardinería o construcción de parques y miradores, y Cannor, dedicada a obras) es la que acumula más actuaciones hasta llegar a las 296, pero API Movilidad –junto a su 'hermana' Imesapi–, con 159 contratos, alcanza el montante económico más elevada con 73,6 millones de euros. Esto es así porque la compañía domina las obras de conservación –las del Estado, sobre las que no hay dudas, y también las regionales, bajo investigación– y también porque se hizo con otro gran contrato de 7 millones de euros de Obras Públicas, el del Fondo de Derribos para construir las 62 casas, garajes y trasteros de las viviendas de sustitución de Arnuero.

Aunque la investigación no ha hablado expresamente de los contratos de emergencia, cabe recordar que las tres empresas se llevaron desde 2016 hasta 42,1 millones por 360 obras de este tipo. Solo en 2022se hicieron con el 60% de las actuaciones de urgencia de Obras Públicas.