Una de las empresas del 'caso Obras Públicas' consigue el primer contrato que se reactiva

No solo eso. Porque las empresas implicadas han seguido trabajando con la Administración pública después de que la jueza del caso rechazara la medida cautelar que pidió el Gobierno cántabro de apartarlas del circuito de contratación hasta que hubiera una sentencia judicial. La verdadera novedad es que API Movilidad se ha hecho con uno de las once adjudicaciones que se paralizaron al estallar el escándalo. Los once procedimientos que seguían abiertos y en los que había participado Diez -presuntamente, los que habían sido manipulados para que los ganaran las empresas investigadas a cambio de mordidas y prebendas- y cuyos expedientes fueron solicitados por los agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria para incluirlos en un sumario ya de por sí nutrido y repleto de evidencias.

De hecho, este contrato es el único que se ha reactivado -todos se suspendieron se liticaron por segunda vez- a pesar de que la Consejería de Fomento anunciara el pasado mes de agosto su intención de adjudicar cuanto antes los once procedimientos que permanecían en 'stand by'. «Tenemos que resolver lo más inmediato ya que estamos hablando de un servicio básico. Nuestra obligación es garantizar la seguridad de los usuarios», resaltaba entonces el consejero del área, Roberto Media, que insistía en que «esta es la fórmula más rápida y eficiente para asegurar el mantenimiento de las vías».

Así, seis meses después, API Movilidad se ha impuesto a sus seis competidores -no estaba ninguna otra de las compañías implicadas en el caso- para hacerse con este proyecto de conservación, mantenimiento y nueva implantación de barreras de seguridad en diversas carreteras autonómicas dependientes e la Consejería. En concreto, las carreteras de las zonas centro, occidental, oriental y sur. El presupuesto alcanza los 3,8 millones de euros y la empresa se encargará de realizar estas labores durante cuatro años. De hecho, en el pliego aún figura el nombre de Miguel Ángel Diez como redactor del documento en su faceta de jefe del Servicio de Carreteras, aunque todos los pasos posteriores se han llevado a cabo sin su intervención, ya que está apartado temporalmente a la espera de lo que diga la Justicia.

Estos once concursos públicos suman un presupuesto de 32,5 millones de euros (más IVA), un dinero que ya estaba reservado en el Gobierno de Cantabria y que ahora está paralizado. Once contratos que se encontraban en distintos momentos procesales aquel 22 de febrero -unos acababan de licitarse y otros ya estaban a punto de ser formalizados- y que, un año después, todavía no se han resuelto -a excepción del ahora citado-, con consecuencias tanto en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos como en forma de freno a la actividad económica y la creación de empleo en el sector de la obra pública. A todos ellos optaba una o varias de las empresas públicas investigadas: API Movilidad, Rucecan y La Encina, además de la filial de esta última, Cannor.

Fomento comenzó el proceso de desistimiento de las licitaciones y su relicitación en septiembre y no antes porque estaba a la espera de un pronunciamiento judicial. Tras la jueza, también la Audiencia Provincial rechazó la petición del Ejecutivo de excluir a las empresas investigadas de los contratos que estaban en tramitación. Eso quiere decir que no adjudicar ahora este contrato a API, que ha obtenido la máxima puntuación según las condiciones que aparecían en los pliegos técnicos y económicos, por mucho rechazo que le pudiera generar al Gobierno o funcionario de turno, sería ilegal.

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