Las empresas del 'caso Obras Públicas' se llevaron 457 contratos y 78,7 millones entre 2019 y 2023

Todo ello teniendo en cuenta que, del conjunto de indicios analizados durante el último año y medio, la UDEF de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera concluyen que existía una «trama organizada» en la que Miguel Ángel Diez y los empresarios investigados se habrían concertado «para obtener o facilitar la obtención de manera fraudulenta de licitaciones públicas en las que el funcionario tendría cierta capacidad de decisión por razón de su cargo».

Entre esa nómina de empresarios investigados se encuentran Secundino Vidal Celis y su hermano Elías Celis (ambos apoderados de Rucecan), José Saiz (administrador único de Cannor y La Encina), José Luis Blanco y Jaime del Valle (ambos apoderados de Api Movilidad e Imesapi) y Ricardo Fernández (apoderado de Servicios y Obras del Norte-Senor).

De los 457 contratos que se llevaron las seis empresas, 135 los obtuvieron mediante adjudicaciones ordinarias (55.796.729 euros), 113 por adjudicaciones de emergencia (15.236.328 euros) y 209 correspondían a contratos menores (7.746.314 euros).

La mercantil Rucecan habría obtenido un total de 143 contratos, por un importe total de adjudicación de 31.339.951 euros. De todos ellos, 38 serían mediante adjudicaciones ordinarias (21.711.700 euros), 53 mediante adjudicaciones de emergencia (7.615.655 euros) y 52 se corresponderían con contratos menores (2.012.596 euros).

Las mercantiles Cannor y La Encina habrían obtenido, respectivamente, 68 contratos por un importe de 5.270.752 euros y 42 contratos por 7.036.972 euros. En cuanto a los contratos de Cannor, 23 serían a través de adjudicaciones ordinarias (3.465.781 euros), uno mediante adjudicación de emergencia (81.888 euros) y 44 se corresponderían con contratos menores (1.723.082 euros).

En su caso, La Encina se llevó 23 contratos mediante adjudicaciones ordinarias (4.496.392 euros), siete mediante adjudicación de emergencia (1.515.137 euros) y 32 se corresponderían con contratos menores (1.025.442 euros).

Por su parte, Api Movilidad e Imesapi habrían obtenido 107 contratos por un importe de 18.754.172 euros. De ellos, Api se llevó 101 contratos (16.488.678 euros), Imesapi cuatro adjudicaciones (243.811 euros) y la UTE conformada por ambas sociedades otros dos contratos (2.021.684 euros), ambas licitaciones ordinarias. De las anteriores, Api Movilidad habría obtenido catorce adjudicaciones ordinarias (9.312.583 euros), 52 contratos de emergencia (6.023.648 euros) y 35 contratos menores (1.152.447 euros).

Por su parte, Imesapi habría obtenido una licitación ordinaria (222.465 euros) y tres contratos menores (21.346 euros).

Por último, la mercantil Servicios y Obras del Norte (Senor) habría obtenido 97 contratos públicos, ascendiendo a los 16.377.526 euro. Del total de contratos señalados, 54 serían mediante adjudicaciones ordinarias (14.566.124 euros) y los 43 restantes contratos menores (1.811.401 euros).

A lo largo de su investigación la UDEF y Vigilancia Aduanera han observado cómo Diez y los empresarios investigados se habrían concertado de manera «fraudulenta» para «alterar ilícitamente» la adjudicación de una veintena de contratos como el de reparaciones puntuales de la capa de rodadura, la conservación del puente sobre la Ría de Cubas, la senda peatonal Reinosa-Corconte, el camino peatonal entre Matamorosa y Villaescusa, la senda ciclable Barreda-La Revilla, la instalación de las mallas de triple torsión, la limpieza de sedimentos y otros materiales orgánicos, y la implantación de barreras de seguridad, entre otros.

Dentro de esta veintena de expedientes también aparecen tres contratos menores que afectan a mejoras en la carretera Barreda-La Revilla, del acceso a Rudagüera (Alfoz de Lloredo) y la CA-236 Ría del Capitán-San Vicente de la Barquera.

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