Las empresas del 'caso Obras Públicas' logran 18 contratos tras el registro a la Consejería

Y así ha sido. En los seis meses transcurridos desde entonces, las cuatro constructoras supuestamente involucradas han logrado captar hasta 18 contratos públicos de distintas administraciones en Cantabria por valor de 3,4 millones de euros. En concreto, se han adjudicado obras tres de ellas, mientras que La Encina, una de las que antes de que saltara el escándalo tenía más actividad, especialmente en pequeñas actuaciones en el ámbito local, ha puesto su contador a cero desde aquel momento. Aunque suene llamativo que compañías con una mancha tan grande en su historial tengan las puertas abiertas de las mesas de contratación públicas, este escenario era el previsible.

Sobre todo después de que la Justicia rechazara la petición del Gobierno de Cantabria de expulsarlas provisionalmente -hasta que llegue la sentencia- de los concursos públicos. El Ejecutivo autonómico solicitó esta medida cautelar, pero no fue admitida. La Sala de la Audiencia Provincial confirmó recientemente la decisión previa de la jueza instructora del caso, Mercedes Compostizo, que en junio concluyó que Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y cierta jurisprudencia «no contemplaba la medida cautelar de inhabilitación para contratar con el sector público que fundamenta en su escrito el Gobierno de Cantabria». A partir de ahí, lo único que puede hacer una Administración pública es adjudicar el contrato a la empresa que tenga más puntos en el concurso público, con independencia de su buena o mala reputación. Lo contrario podría suponer un delito de prevaricación.

Otra cosa es lo que ha ocurrido con los once expedientes concretos de la Consejería de Obras Públicas en los que, además de participar Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad, habían sido redactados por el jefe de servicio investigado como cabecilla de la trama, Miguel Ángel Diez. Esos expedientes son los únicos abiertos que están en el juzgado y que se incluyeron en el sumario. A ese respecto, el nuevo consejero del departamento, ahora convertido en la Consejería de Fomento -la presidenta María José Sáenz de Buruaga cambió el nombre al área inversora del Gobierno por excelencia- ha tomado la decisión de licitar de nuevo los once contratos paralizados, lo que supone comenzar todo el proceso administrativo desde cero.

Las cuatro empresas del 'caso Obras Públicas' han seguido contratando, aunque a menor ritmo. Cabe recordar que desde 2016 se hicieron con 715 contratos en la región -el 42% en la Consejería de Obras Públicas- por valor de 176 millones entre todos los niveles de la Administración. Menor ritmo quizás porque los técnicos encargados de tomar la última decisión hayan tenido más miramientos o, más probablemente, por la ralentización de la actividad en todos los ámbitos que supuso el periodo electoral y la posterior renovación de muchos ayuntamientos, además del relevo en Peña Herbosa.

De los dieciocho contratos adjudicados a las cuatro empresas de la trama, las que han formalizado más actuaciones son Cannor (el propietario es el mismo que el de La Encina) y Rucecan, con hasta ocho obras cada una. De hecho, no es extraño ver a sus empleados trabajando sobre el terreno en distintas actuaciones. Por su parte, API Movilidad ha contado con dos adjudicaciones, una del Rectorado de la Universidad de Cantabria para el pintado del aparcamiento de la Facultad de Medicina y la otra una obra de emergencia para reparar un talud en una carretera de Liébana promovida por Obras Públicas.

La Consejería donde se produjo el presunto caso de corrupción tiene, como figura en la tabla que acompaña esta información, otra obra más en marcha. Además, hay una tercera actuación encargada por el Gobierno, en este caso por la Consejería de Desarrollo Rural para el mantenimiento de pistas forestales. El resto corresponden a ayuntamientos como Ampuero, Argoños, Camargo, Torrelavega, Castro Urdiales, Suances, Bárcena de Cicero o Cartes, entre otros.

En el caso de los contratos del Gobierno de Cantabria, se licitaron en su mayoría antes de que Obras Públicas aprobara el nuevo manual que refuerza los controles y que, entre otras cosas, limita la capacidad de un único funcionario para actuar de forma libre y discrecional en los distintos momentos del proceso.

Por un lado están las obras ya adjudicadas a las empresas investigadas en el marco de la operación contra la corrupción en Obras Públicas y, por otro, las obras y servicios pendientes de adjudicar en las que participa alguna de estas cuatro constructoras. En estos momentos hay siete expedientes pendientes de resolución que pueden caer del lado de alguna de estas compañías, pero uno que es especialmente relevante. Tanto por las características de la actuación y su relevancia para los vecinos de la zona como por el presupuesto. Se trata del contrato para la construcción de la variante de Sarón, un compromiso histórico del Gobierno de Cantabria con el Ayuntamiento de Santa María de Cayón que se convertirá en la obra más importante por cuantía (salió a licitación el pasado enero por 17,5 millones de euros) de todas las que afronte la Consejería de Fomento a lo largo de esta legislatura que acaba de arrancar. Comparable en cuanto a nivel de inversión solo con grandes proyectos del Ejecutivo regional como la construcción de La Pasiega, la unidad de protones de Valdecilla o la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac).

Las mesas de contratación, formadas por técnicos y sin presencia de responsables políticos, han empezado ya a analizar las ofertas. Son dos: hay una en la que figura Rucecan, que se ha presentado en UTE con la también torrelaveguense SIEC, y la segunda es la que han presentado Copsesa y Fernández Rosillo de manera conjunta. En las próximas semanas se resolverá la adjudicación de un proyecto que lleva años dando vueltas de mesa en mesa sin que llegue a materializarse.

La obra supondrá crear un itinerario alternativo a la CA-142, con una carretera que pasaría a estar integrada en la Red Autonómica Primaria. Por un lado, conectará con dirección Obregón y por el otro, con Villacarriedo y Selaya. El tramo que viene a sustituir la variante soporta mucho tránsito, en concreto, según indican los técnicos, por el centro neurálgico del municipio, Sarón, actualmente transcurren de media más de 8.000 vehículos diarios; y de finalmente ser una realidad, este baipás aliviaría el tráfico en el pueblo reduciéndolo a los 3.000 vehículos por jornada. Dicho desvío del tráfico es una cuestión que preocupa a los comercios de Cayón, puesto que temen ver reducida su actividad.