Las empresas públicas de Cantabria perdieron 72,3 millones en un año

Así lo recomienda el estudio realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la situación de las empresas públicas de Cantabria, que propone una serie de medidas para mejorar sus resultados, reducir gastos y aumentar los ingresos en 44,7 millones de euros más. Entre ellas, destacan subir las tarifas de algunas instalaciones turísticas de Cantur, como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno o la estación de esquí de Alto Campoo; cerrar otras, como las cuevas, en temporada baja; elevar un 17% las tasas que MARE cobra a los ayuntamientos por la recogida de basuras; fusionar sociedades que comparten actividad; externalizar servicios; o centralizar la gestión.

El Gobierno de Cantabria encargó este informe a la AIReF a mediados del año pasado en cumplimiento de una disposición recogida en la Ley de Presupuestos de 2017, para analizar la situación de las empresas y fundaciones públicas y proponer medidas que mejoren su gestión. Ayer fue el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, quien dio a conocer las conclusiones y las medidas propuestas en este informe, que hace «especial hincapié» en la necesidad de ajustar los costes a los ingresos en el sector público de la región. Una «hoja de ruta» de cerca de 150 páginas que ha sido enviada a los grupos parlamentarios -y a los agentes sociales- para que la analicen. Porque, según argumentó, las soluciones que se proponen, como por ejemplo la subida de tarifas o los cierres de algunos recursos turísticos en temporada baja, son «decisiones políticas» que trascienden al Gobierno de Cantabria y que tendrían que ser aprobadas por el Parlamento.

Las conclusiones del informe destacan que el número de sociedades y fundaciones públicas de Cantabria -25- «no es excesivo», al ser la tercera comunidad autónoma que menos tiene, por detrás de Castilla-La Mancha y La Rioja, pero sí se detectan «solapamientos» en las actividades de esas entidades, aunque el consejero precisó que «no son graves». La AIReF indica «la curiosa tendencia» a tener bienes inmueble en balance en un volumen explicable por la historia más que por su objeto social. «Esta dosis extra de actividad inmobiliaria tiene difícil justificación», indica.

Otro problema que advierte el estudio es la realización de actividades externas a su objeto social o línea de negocio, como por ejemplo la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, que ha heredado la gestión de las aulas de 2 años en los colegios, basculando la entidad «desde una visión de mercado hacia un objeto social instrumental de la Consejería». Lo mismo ocurre con las Oficinas de Turismo incluidas en Cantur.

El organismo también desvela que cada compañía ejecuta sus actividades «de manera independiente, sin intercambio de conocimientos o recursos y sin creación de sinergias financieras u operacionales»; y que existe una gestión de tesorería «descentralizada». «La gestión tesorera moderna aconseja centrarse en menos proveedores bancarios», subraya el informe.

La AIReF critica igualmente que los procesos de seguimiento contable y control se realizan con un nivel de análisis «básico». Por último, alerta de que existen «múltiples conflictos relacionados con la deducibilidad del IVA e ineficiencias en la aplicación del impuesto sobre beneficiosa de sociedades» y que hay contratos de concesión y otros con proveedores y acreedores a largo plazo «que pueden haber dejado de ser competitivos».

Para mejorar esta situación y rentabilizar la gestión del sector público, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal propone medidas a tres niveles, que proporcionarían unos mayores ingresos de 44,7 millones de euros.

El primero se centra en actuaciones ejecutables a corto plazo encaminadas a reducir gastos, aumentar ingresos, realizar ajustes en balances y poner en valor infraestructuras, que comportarían una mejora estimada de unos 14 millones de euros. Aquí se definen medidas como el aumento de precios en Cabárceno, en el entorno de un 30%, o en Alto Campoo. Una recomendación que Sota no ve con buenos ojos, porque podría convertir a estas instalaciones «en menos competitivas» después de las subidas registradas este año.

También en referencia a Cantur se plantean otras iniciativas como el cierre de algunos recursos turísticos, como las cuevas, en temporada baja; la instalación en Cabárceno de un hotel en régimen de concesión; o la privatización de parte de la oferta de restauración deficitaria de esta empresa pública centralizada en el turismo. El consejero quiso dejar claro que, pese a que este informe es «de sobrada solvencia», las propuestas que afectan al incremento de los precios públicos o al cierre de determinadas instalaciones «no están hoy en la agenda del Gobierno de Cantabria».

La AIReF también propone el aumento en un 17% de las tasas que MARE cobra a los ayuntamientos por la recogida de basuras, otra medida impopular que «acabaría repercutiendo en los ciudadanos», advirtió Sota.

El segundo nivel comprende cambios estructurales, cuyo beneficio, creciente, se estima en 11 millones desde el segundo año. En este sentido se recomienda varias fusiones, entre ellas la de todas las entidades relacionadas con la gestión del suelo (Pctcan, Sicán, Gesvicán y Citrasa) y la de la Fundación del Festival Internacional de Santander con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

El tercer y último nivel de las propuestas consiste en la centralización de la gestión de servicios a través de una oficina central, que reportaría beneficios estimados de 1,8 millones de euros a corto plazo (año 1), 19,5 millones a medio plazo (año 4) y 26,1 millones a medio y largo plazo (año 8).