La encrucijada de la quita de la deuda

El documento firmado entre PSOE y ERC culpa a la crisis económica y a la ausencia de mecanismos de financiación que el Gobierno catalán multiplicara por cuatro su deuda entre 2007 y 2014, en una línea similar al resto de comunidades autónomas. Por ese motivo, plantea la condonación del 20% de las cantidades pendientes de devolución para sanear su situación financiera. Para hacerlo es necesaria una reforma legal que también tendría consecuencias para las comunidades autónomas de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra).

En total, Cataluña debe al Estado 77.053 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España de septiembre de este año, por lo que el 20% de quita equivaldría a 15.400 millones de euros.

En cuanto a Cantabria, la deuda total -incluida la de los bancos- asciende a 3.248 millones de euros. De esa cifra, 3.019 millones corresponden a los fondos de financiación a las comunidades autónomas. De ese modo, si se mantuviera la propuesta de condonar parte de ella, la región se vería beneficiada en 600 millones de euros. Una cantidad que prácticamente equivale al 16% de su presupuesto anual y que, por ejemplo, quintuplica el dinero de la Consejería de Fomento para sus inversiones del año que viene.

Sin embargo, el consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, señaló a este periódico que la quita no sería sobre la deuda viva, sino solo sobre los intereses que genera, por lo que la cantidad no se acercaría ni de lejos a esos 600 millones. «Sería una cifra irrelevante», señaló.

Los socialistas, por su lado, aseguran que se perdonaría el 20% de la deuda vida, es decir, los 600 millones, por lo que el ahorro inmediato en las cuentas de Cantabria sería de 20 millones en pagos de intereses el año que viene. Un dinero que sí tendría impacto directo en el Presupuesto y podría redirigirse a otras necesidades.

La realidad es que nadie sabe a ciencia cierta cuánto supondría realmente la quita y cómo se gestionaría en las comunidades. Sin ir más lejos, la agencia de calificación S&P Global Ratings hizo un estudio este mismo año sobre los cuatro posibles escenarios de la condonación de la deuda. Y los ahorros para Cantabria -sin contar los intereses que dejarían de pagarse- van desde los 590 millones hasta los 1.020, es decir, una horquilla de casi el doble de diferencia.

El primero de esos escenarios se centra en la deuda acumulada entre 2008 y 2014, el marco más beneficioso para Cataluña y el peor para Cantabria. El segundo plantea el mismo porcentaje de reducción de deuda para todas, y es en ese en el que la región llegaría a los 600 millones.

El tercer escenario es el mejor para Cantabria, ya que está basado en la pérdida acumulada de PIB entre 2009 y 2014 comparado con 2008. El Estado perdonaría, en este caso, 1.020 millones a la región, una de las mayores quitas del país junto a Andalucía, Aragón, Asturias y, por supuesto, Cataluña. El último se centra en el déficit autorizado acumulado como porcentaje del PIB regional, en el que Cantabria dejaría de pagar 900 millones.

Tras la firma del acuerdo entre el PSOE y ERC de hace un año, el Gobierno anunció que esta medida también sería extensiva a otras comunidades autónomas con carácter voluntario, aunque sin especificar el modelo elegido. Pero a lo largo de 2024 no se ha dado ningún paso para su ejecución.

Fue la semana pasada, en Santander, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo central convocará en enero a las comunidades autónomas a la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar esta cuestión. Con ello pretendía contentar al PP, ya que tras Cataluña las comunidades que tienen más deuda con el FLA están gobernadas por los populares, en concreto Comunidad Valenciana (54.745 millones) y Andalucía (24.290).

Aún hay que conocer el alcance de la medida y la decisión que tomará finalmente el Gobierno cántabro sobre si aceptarla o no. La presidenta María José Sáenz de Buruaga criticó el pasado viernes la condonación de la deuda, ya que considera que de esta forma se premia a las regiones más endeudadas, como Cataluña: «Son migajas, además de un cebo y un parche que obedece a los intereses políticos del presidente y enfrenta territorios. Hemos pretendido sentar las bases del futuro sistema de financiación. Eso es lo importante, no la condonación de la deuda».

A pesar de que, en principio, Cantabria se vería beneficiada, Buruaga se alinea con Madrid en sus críticas, aunque sin confirmar si hará uso de la quita o no. Todo dependerá de las condiciones que se expliquen en el Consejo de Política Fiscal.

Mientras tanto, el secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, ha cargado contra la líder del PP regional y ha solicitado su comparecencia urgente en el Parlamento durante enero. En su opinión, la condonación de la deuda es «muy buena» para Cantabria», y por eso no entiende las reticencias de Buruaga.

Al margen de lo que pase con la deuda, hay otra patata caliente que el Gobierno central deberá gestionar con las autonomías inmediatamente y que, de nuevo, tiene a Cataluña y su promesa de 'financiación singular' como foco de discordia. Los independentistas catalanes calculan que el premio por la investidura del socialista Salvador Illa serán 30.000 millones de euros extra cada año. Es decir, la Generalitat pasaría a ingresar el doble de dinero por impuestos -hasta llegar a los 60.000 millones- gracias al pacto fiscal firmado por Pedro Sánchez y ERC, y que provocó un terremoto político tanto dentro como fuera del PSOE, con el resto de comunidades autónomas soliviantadas por lo que consideran un agravio comparativo que rompe el equilibrio territorial, financiero y solidario del reparto de fondos recogido en la Constitución. En Cantabria las consecuencias pueden ser desastrosas para su estabilidad económica. Según las previsiones realizadas por el Departamento de I+D de Economía Pública de la Universidad de Cantabria (UC) por encargo del Gobierno autonómico, el impacto de esa 'financiación singular' catalana supondrá una pérdida de casi 600 millones de euros para la región.

El estudio calcula que el 'hachazo' respecto a la liquidación del año 2021 alcanzará el 36%, mientras que será del 25% respecto al dinero que llegó vía impuestos desde Madrid en 2022 (último año analizado). Es decir, sitúan en torno a un 30% la caída de fondos de las llamadas 'entregas a cuenta' del Estado.

Un recorte de ingresos de estas dimensiones dejaría a la comunidad herida de muerte. Para hacernos una idea, esos 600 millones de euros perdidos son comparables al sueldo anual de todos los médicos y enfermeras de Cantabria, suponen todo el presupuesto educativo del año pasado y duplican los fondos que manejan la consejería de Fomento y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). Con ese dinero, el Gobierno autonómico puede pagar seis meses de nóminas de sus 28.000 trabajadores públicos. Sería inviable, por tanto, mantener los servicios actuales, aspirar a reducir las listas de espera en los hospitales o realizar cualquier tipo de inversión destacada con un recorte del 16% del Presupuesto anual del Ejecutivo regional.

Lo cierto es que Cantabria lleva años temblando ante cualquier tipo de reforma del sistema actual de financiación autonómica. Pero la 'soberanía fiscal' en Cataluña es, sin duda, el peor escenario conocido. El vuelco financiero apartaría a la región de la cabeza de las más beneficiadas -es la que más dinero por habitante recibe desde 2009- para mandarla al furgón de cola del país. Parece inevitable que se discuta un cambio de modelo, pero Cantabria debe luchar porque se mantenga el coste real de los servicios para no perder su 'statu quo'.