Hugo Morán

Secretario de Estado de Medio Ambiente

«Hasta que no se envíe el nuevo censo a la UE en 2025 no se revisará la protección del lobo»

-Lo primero que hizo la presidenta cántabra al conocer el nuevo Gobierno de Sánchez fue lamentar la continuidad de Teresa Ribera. ¿Viene a tierra hostil?

-Uno puede estar más o menos en desacuerdo con las posiciones políticas y propuestas del contrario, pero cuando alguien está en un cargo institucional, la sociedad le encomienda la tarea de mantener siempre una línea de diálogo abierto para intentar resolver las diferencias. Está claro que ese recibimiento no es un buen inicio de relación.

-Por ir al grano y al principal motivo de los desencuentros, ¿España va a cambiar su política de protección del lobo?

-Cualquier especie silvestre está sometida permanentemente a un proceso de evaluación y en función de la evolución de su grado de vulnerabilidad es la comunidad científica la que establece los criterios que llevan a atenuar o incrementar la protección. Y esto ha pasado con el lobo. No es una decisión política. El número de ejemplares que hay no depende de quien gobierna, sino de las condiciones ecosistémicas.

-¿Han cambiado esas condiciones? El ministro Planas abrió la puerta a volver a permitir su caza ahora que Europa no considera que la especie esté en peligro.

-España envía a Europa cada seis años un informe sobre las especies vulnerables. El último fue de 2019 y se elaboró sobre los datos de las propias autonomías. Y las propias autonomías decían con esos datos que en las tres regiones biogeográficas del país el lobo estaba en una situación desfavorable. Por eso se revisó la catalogación de la especie con un procedimiento reglado, no arbitrario. Hubo una propuesta de ampliar la protección que primero se remitió a un comité científico y luego a una mesa en la que están todas las autonomías, que fue donde se decidió finalmente incorporar el lobo al Lespre. ¿Se puede modificar esto? Sí. ¿En qué sentido? Pues no lo sé. Ahora estamos elaborando un nuevo censo para ver si la especie ha mejorado o empeorado. Y tengo que decir que, hasta la fecha, Cantabria no ha querido colaborar.

-Con independencia de ese censo que servirá para elaborar el informe científico, la última palabra la tendrán las autonomías. En 2019 gobernaba en más el PSOE, que defendía una cosa, y ahora es el PP, que quiere lo contrario. ¿Volverán a decidir ellas?

-Eso dice la norma. El proceso es un poco más complejo, pero sí.

-Si hasta 2025 no envían el informe a Bruselas, ¿quiere decir que al menos hasta entonces no cambiará el estatus del lobo?

-Sí, esa es la fecha del envío del informe. A partir de ahí se iniciaría el proceso.

-¿No hay otra opción?

-Bueno, a la norma actual se le han puesto multitud de recursos, en un sentido y en otro. De por medio pueden suceder otras cosas y ahí están los tribunales. Pero sí, en el proceso normal, ese es el calendario y el proceso.

-Cantabria se ha quejado de la inclusión del lobo en el Lespre, pero también de la falta de comunicación del Gobierno central. La Consejería pidió permisos para cazar lobos apelando a las excepciones que recoge la norma y no hay respuesta.

-Hemos respondido a todas las autonomías que han pedido el informe. En el caso de Cantabria hay una suspensión judicial del procedimiento. No es razonable que el Ministerio actúe antes de saber qué deciden los tribunales.

-Hay nerviosismo entre los afectados cántabros por la Ley de Costas, que piden prórrogas a sus concesiones y no obtienen respuestas. ¿Qué les dice?

-Casi todas las solicitudes de prórroga se informan favorablemente en tiempo y forma. Hay veces que con la documentación que se aporta no hay datos suficientes para emitir respuesta concluyente. Pero no soy consciente de que esto esté afectando de forma generalizada en Cantabria. Todos aquellos aprovechamientos en dominio público y que estén dentro de la normativa no tienen que tener ningún temor.

-Los afectados dicen lo contrario, que con el nuevo reglamento de Costas que aprobó el PSOE están teniendo problemas.

-No es posible. El reglamento no puede ir más allá de lo que dice la ley: que cualquier uso que no tenga que ubicarse necesariamente en dominio marítimo-terrestre, no podrá estar ahí. Solo actividades que necesitan estar cerca del mar para poder desarrollarse.

-Ese es el problema. Aquí la mayoría de usos son ganaderos, que no requieren el mar. ¿Tendrán que abandonar esos terrenos?

-Claro, tienen que ubicarse fuera. En todo caso, las instalaciones antiguas, previas a la Ley de Costas, tienen un régimen transitorio y podrían hacerse concesiones por 30 años.

-Lo que es un hecho es que con la ley de 2013 los afectados respiraron tranquilos y ahora vuelven a temer por sus negocios.

-Es que hay que tener en cuenta que la ley de 2013, que elabora el PP, fue declarada inconstitucional dos años después. Nosotros estamos aplicando una norma que ya sí se ha acomodado a esa sentencia. Eso es lo que ha cambiado.