Cantabria tendrá nuevos molinos eólicos en funcionamiento en 2025

Simplificando, la tramitación administrativa para la instalación de los parques consta de tres fases: la autorización administrativa previa –que constituye la gran criba y requiere el visto bueno ambiental–; la autorización administrativa de construcción, que supone que puedan ejecutarse las obras, y la autorización administrativa de puesta en marcha, con la que entra en funcionamiento.

El polígono de El Escudo es el que se encuentra en una fase más avanzada, y ya se están realizando en la zona en que se levantará los pertinentes sondeos geotécnicos. La tramitación de este parque, el más grande de Cantabria, con 25 molinos y 105 megavatios, ha correspondido al Ministerio para la Transición Ecológica, el órgano competente cuando la potencia supera los 50 megavatios. También depende del Gobierno central el parque de Bustatur, ya que aunque generará 41,6 megavatios tras el recorte sufrido para ajustarse a la normativa, inicialmente superaba ese límite. Cuenta con la autorización administrativa previa favorable y condicionada, y ha iniciado el trámite para la de construcción, a la espera de que el promotor obtenga determinados informes de las autoridades ambientales autonómicas por las modificaciones del proyecto.

Fue a finales de año –la semana pasada– cuando la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, anunció la autorización de la construcción de los parques de Somaloma-Las Quemadas (nueve molinos y 45 MW), Alsa (cuatro molinos y 20 MW) y Cuesta Mayor (seis molinos y 30 MW). Ahora están en proceso de evaluación de autorización administrativa de construcción los de Campo Alto (cinco molinos y 27 MW) y La Costana (tres molinos y 13,5 MW).

Este amontonamiento de autorizaciones de construcción no responde a la casualidad, sino al calendario de hitos fijado por el Ministerio para que los proyectos mantuvieran sus derechos de conexión a la red: el 25 de enero estaba fijado como fecha límite para obtener la autorización administrativa de construcción.

El Gobierno central decidió este verano prorrogar seis meses el plazo para que un millar de parques eólicos y solares que ya contaban con la autorización ambiental en toda España obtuvieran sus permisos de construcción, ya que expiraba el 25 de julio. Fuentes ministeriales justificaron la decisión por el hecho de que esas declaraciones de impacto en muchos casos implicaron modificaciones de los proyectos que exigían más trámites. La semana pasada, el margen para su entrada en funcionamiento ha sido ampliado por la Ley de medidas urgentes publicada por el Ejecutivo con el objeto de contrarrestar los efectos de la guerra en Ucrania.

Es de prever también que los polígonos que están recibiendo ahora en Cantabria el permiso para comenzar las obras se pongan en marcha prácticamente a la vez, y los primeros podrían arrancar a finales de este mismo año, aunque el grueso lo haga a mediados de 2025. En todo caso, las empresas promotoras son las primeras interesadas en ver girando las aspas de los molinos.

Para el presidente de la Asociación Eólica de Cantabria, Agustín Valcarce, esta concentración de autorizaciones dista mucho de ser la avalancha que pronosticaban quienes se oponen al despliegue de estas instalaciones en Cantabria. «Al final, de toda aquella tramitación, que llegaron a decir que iban a ser más de cuarenta proyectos, finalmente sólo siete han recibido la aprobación ambiental, los dos de tramitación nacional –El Escudo y Bustatur–, y los cinco autonómicos».

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Según Valcarce, este despliegue supone «un buen comienzo», aunque recuerda que se alcanzará una potencia de 315 megavatios de los 700 que estaban previstos en el Plan Energético. «Es un buen primer paso de la energía eólica, por fin, y que permitirá que dejemos de ser casi un cero de producción –la región cuenta únicamente con el parque de Cañoneras, en Soba, y con el solitario molino de Vestas en Campoo de Enmedio–, y que no seamos tan distintos a Asturias, Galicia, Castilla y León o Navarra. Aquí también habrá energía limpia, que puede venir bien a las empresas y a los habitantes de la región: sin energía no hay empresas ni riqueza».

Es cierto que no todo el mundo comparte este punto de vista: el alcalde de San Miguel de Aguayo, Eduardo Gutiérrez, subraya que de estos siete proyectos eólicos, cinco afectan a su municipio, y denuncia que la Crotu los ha aprobado «con todos los colegios profesionales en contra». «No es lógico construir un parque eólico con un permiso para una caseta de aperos de labranza».

Gutiérrez sostiene que su pueblo ya realiza una aportación suficiente a la generación de energía limpia para Cantabria con su planta hidroeléctrica. En cuanto a las contraprestaciones que recibirá el municipio por los parques eólicos, no pueden impresionar gran cosa a un Ayuntamiento que percibe 700.000 euros anuales por la central de Aguayo –tras la anunciada ampliación, serán cinco millones–. «Nosotros ya producimos energía para no sé cuántos municipios, posiblemente para la mitad cuando la central está a pleno rendimiento. Ahora nos quieren imponer los polígonos para que demos energía a los demás. Yo creo que todos los municipios deberían generar energía renovable, pero no veo ninguna placa solar en las naves industriales, por ejemplo. Si los que más consumen, que son las empresas, no las instalan, no pueden pretender sacrificar el paisaje y el patrimonio de los pueblos para que tengan energía»