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El trabajo como parlamentario no es una actividad laboral al uso. Por eso cuando un diputado cesa -porque decide no repetir, porque su partido le excluye o porque ocupaba un puesto en la candidatura que se quedó sin escaño- no tiene derecho a prestación por ... desempleo. Esa es la teoría. En la práctica, el Parlamento de Cantabria tiene una solución para ellos. La Cámara autonómica aprobó en 2013 un régimen de protección social para sus exempleados políticos que se queden sin ingresos. Lo que hace la institución es pagar con cargo a su presupuesto una ayuda privada equivalente a la que cobrarían los diputados en caso de haber estado dados de alta como trabajadores en cualquier otra actividad profesional. Les exige inscribirse como parados en las oficinas de empleo y a cambio les paga durante dos años el dinero equivalente a la prestación máxima por desempleo, que asciende a 1.225 euros al mes.
Seis exdiputados cumplían los requisitos para solicitarlo y los seis lo han solicitado. De hecho, ya tienen el visto bueno del Parlamento. En el PRC, el partido que más representantes perdió en las últimas elecciones autonómicas, aparecen tres de sus miembros. Se trata de Emilia Aguirre, exvicepresidenta primera de la Cámara regional, y sus compañeros Francisco Ortiz, exalcalde de El Astillero y cabeza de lista en las municipales aunque no logró el acta de concejal, y María de los Ángeles Matanzas. A ellos se suman el socialista Javier García-Oliva, el popular Pedro Gómez y Félix Álvarez, exportavoz de Ciudadanos, que tras dejar a la formación naranja sin representación el 28M presentó su dimisión como líder del partido y anunció que abandonaba la política y comenzaba en ese momento a buscar trabajo como cómico y actor.
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El subsidio se cobra a partir del mes siguiente a su aprobación por el Parlamento y para tener derecho a ello es necesario haber estado al menos dos años en la Cámara. Además, solo pueden solicitarlo aquellos que durante ese periodo tuvieran dedicación exclusiva. Y pueden perderlo antes de que se agoten los dos años de vigencia en caso de que encuentren trabajo. En ese caso lo que deben hacer es comunicarlo a la institución y, a partir de ahí, dejarán de recibir la nómina.
La anterior legislatura fueron más incluso los exdiputados que hicieron uso de este derecho, aunque entonces percibieron 1.098 euros, que era en aquel momento el máximo subsidio posible -en estos cuatro años se ha actualizado conforme al IPC-. Once, exactamente. De ellos, solo cuatro lo percibieron durante el máximo tiempo posible: Francisco Rodríguez (PP), Dolores Gorostiaga (PSOE), Mercedes Toribio (PP) y José Manuel Igual (PP). Este último optó entonces por renunciar a su liberación como regidor de Arnuero para ahorrárselo a sus vecinos y seguir cobrando del Parlamento.
Tanto los beneficiarios actuales como los anteriores tienen la posibilidad de capitalizar ese subsidio en un único pago para poner en marcha un proyecto laboral por cuenta propia. Es decir, cobrarlo todo de golpe, en vez de en mensualidades. Aunque este caso no se ha dado nunca, para activarlo tendrían que presentar a la Mesa del Parlamento un plan empresarial concreto. A partir de ahí, se analizaría y aprobaría. Están los seis que han pedido este verano el subsidio y otros diez que también han perdido su escaño pero no lo cobrarán. Bien porque tenían dedicación parcial o bien porque tienen un lugar al que volver.
Además del subsidio, la Cámara corre a cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social asociadas. El Régimen de Protección Social de los Parlamentarios también recoge una indemnización de hasta 30.000 euros para la familia de un diputado en caso de fallecimiento. Para hacer efectivo ese pago tiene que haber un acuerdo unánime «de forma graciable» -sin necesidad de mayor justificación- de la Mesa, algo que ocurrió en el caso del regionalista Rafael de la Sierra, exconsejero del Gobierno autonómico y expresidente de la Cámara.
Más curiosa aún es la existencia de otra prestación para exdiputados, tanto en activo como jubilados, que se encuentren «en situación de enfermedad grave y de extrema necesidad económica. Aquí la cuantía asciende hasta los 12.000 euros al año. Esta ayuda sí se ha concedido en alguna ocasión y el interesado tuvo que presentar su declaración de la renta y de patrimonio para demostrar que sus ingresos no superaban la jubilación máxima.
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