La «escasez» de examinadores deja a 4.168 alumnos a la espera del carné de conducir

La región está dividida para los exámenes en tres zonas. Santander tiene 2.507 alumnos esperando, Torrelavega 1.105 y Laredo 556. «Ahora mismo disponemos de ocho examinadores, aunque uno de ellos también realiza labores de coordinador», explica Alberto Santamaría, presidente de la Asociación de Escuelas de Conductores de Cantabria. «En realidad, nos corresponderían tres más: diez examinadores más el coordinador», añade. La decisión para aumentar la plantilla no depende ni siquiera de la Jefatura Provincial de Tráfico, a la que en numerosas ocasiones han trasladado el problema. «No pueden hacer nada porque quien tiene que dar el visto bueno es la Dirección General de Tráfico. Poco más podemos pedir a la Jefatura, si incluso su personal administrativo es el que acude para vigilar y realizar las pruebas teóricas», explica Santamaría.

Esa fue una de las fórmulas que utilizó el gabinete que dirige José Miguel Tolosa para dar fluidez al atasco, pero la propia normativa complica la misión. La DGT no permite realizar las mismas pruebas en Santander, donde están autorizadas doce por día y examinador, que en los centros desplazados de Torrelavega y Laredo. Allí únicamente puede valorar a nueve alumnos por jornada. «Todo se solucionaría pagando las horas extras y las dietas a los trabajadores. Desde la Jefatura lo han pedido e incluso que venga personal itinerante de refuerzo, pero la DGT se niega porque todas las comunidades se encuentran en la misma situación», subraya Santamaría. En Cádiz, por ejemplo, hay más de 11.000 alumnos esperando para a examinarse de circulación y en Málaga alrededor de 15.000.

A esto hay que añadir la discriminación entre autoescuelas, ya que las del arco de Santander lo tienen más fácil que las de los centros desplazados, al poder examinar en la capital a más alumnos por día.

Lo que no comprenden en la patronal cántabra de autoescuelas es por qué la DGT no contrata a más examinadores. Cada examen lleva adherida una tasa de 93,12 euros –para el permiso B de coche–, así que lo que recaudarían a la semana los ocho examinadores que hay en Cantabria, si pudieran evaluar diariamente a doce alumnos, como sólo sucede en Santander, ascendería a 44.700 euros para las arcas públicas. A nivel estatal, la DGT transfiere cada año más de 150 millones a la Tesorería del Estado del presupuesto que le sobra, que logra gracias a las tasas y las multas. El año pasado su plantilla de examinadores era de 804 y su deseo era crear otras 90 plazas, tanto nuevas como de promoción interna. No lo hizo, asegura, «porque el coronavirus paralizó el proceso selectivo». Esperan que esta oferta de empleo culmine «en el primer semestre de 2021».

Mientras llegan nuevos profesionales para evaluar, la Asociación Cántabra de Escuelas de Conductores tiene previsto establecer contactos con la Administración para trasladar el problema, pedir ayuda y tratar de alcanzar una solución. Así tienen previsto reunirse con Delegación de Gobierno, el Gobierno regional, la Federación de Municipios y los principales ayuntamientos afectados.