«En nuestras escrituras pone hasta 2049; queremos seguir en la Ciudad del Transporte»

Un paseo por este enclave logístico del entorno de Raos permite contemplar que el ritmo no ha bajado, que es el mismo de antes de que expirara la concesión portuaria el pasado junio: un continuo trasegar de camiones-tráiler y furgonetas de reparto que entran y salen sin apenas interrupción. Nada hace indicar que los negocios están disputando lo que ahora en fútbol se denomina tiempo añadido -lo que antes era el descuento-. «Es que esta es la mejor ubicación posible», afirma Antonio Gallego, gerente de la delegación de TDN en Cantabria. «Estamos, por así decirlo, dentro de la ciudad, a dos kilómetros, y en el mismo nudo de comunicación que permite el tránsito hacia cualquier lugar del país por autovía», añade.

Esta empresa nacional de transporte y paquetería da empleo en la región a más de una treintena de personas entre chóferes de ruta, repartidores y personal administrativo y de almacén. Ante esta situación, la matriz ha decidido actuar. «TDN ha comprado terreno en el polígono de Morero (El Astillero): 24.000 metros cuadrados, de los que 6.000 va a utilizar para construir allí una nave para nosotros», relata. «Nos hemos visto obligados porque no teníamos ninguna necesidad de salir de aquí», añade. Por este mismo camino ya pasaron antes otras compañías como Semark (Lupa), Hidro Diselec y Securitas Direct, que hicieron las maletas en su día y se mudaron. «Lo que también nos ha transmitido TDN es que, si finalmente construyen una nueva Ciudad del Transporte, estaría interesada en adquirir allí una nave similar a la que tenemos ahora en la Ciudad del Transporte. No sé si nos redirigirían allí o no, pero les interesa», concluye.

Otro ejemplo es el de Rolmar, una empresa de venta, alquiler, reparación y mantenimiento de maquinaria que da empleo a una veintena de trabajadores. «Yo conseguí salvar mi situación: hace cinco años me llevé la empresa al polígono de Guarnizo», reconoce Alberto Roldán, su gerente. «Si no hubiera tanta incertidumbre, seguiría la sede que tenía en Raos», afirma. El espacio que dejó libre lo ocupa ahora Transportes Braulio. «Es que nos sentimos totalmente abandonados, porque nadie da un paso adelante», relata. «Las cosas están muy feas», explica desde el otro lado del teléfono. Roldán, al igual que Gallego, reconoce que «si el Gobierno construye realmente una nueva Ciudad del Transporte, nos plantearíamos irnos allí».

La comunidad de propietarios es consciente de que su decisión de acudir a los tribunales «no ha sentado bien» en el seno de la Consejería de Fomento que dirige Roberto Media. «Si se enfada, que se enfade. Está en su derecho, pero nosotros también», afirma Raúl Zamanillo, gerente y propietario de Transportes Arrubor.

El 80% de los paquetes que los cántabros reciben en sus casas con el cada vez mayor modelo de entrega a domicilio ha pasado antes por Citrasa. A ello se dedica la compañía de Zamanillo. «Nos tienen que buscar una solución, es a lo que se comprometieron», afirma. «En mis escrituras aparece la fecha del 30 de junio de 2049. Tenemos unos derechos. Yo hice una inversión para quedarme hasta ese año», subraya. «La mía es además una empresa familiar. Tenemos metidos, como suele decirse de manera coloquial, todos los huevos en la misma cesta. Damos empleo a unas sesenta familias de manera directa e indirecta», concluye.

La Ciudad del Transporte también alberga otras empresas más pequeñas. Es el caso de Bodegas Máximo Bolado. «Estamos a la expectativa, pero lo que todos queremos es quedarnos donde estamos», recalca Asís Martínez-Peñalver. «Confiamos en el consejero; a ver qué decisión toma», añade. «Lo que no se nos escapa es que el señor César Díaz (el presidente de la Autoridad Portuaria) va por su lado y el señor consejero (Roberto Media) por el suyo», advierte antes de sentenciar: «Lo que igual no saben los políticos, o no valoran en su justa importancia, o como nos gustaría, es que hay muchas familias en la Ciudad del Transporte que vivimos del trabajo que desarrollamos allí. Somos más de 200 y otros tantos camioneros que aparcan sus vehículos».

El caso de estas bodegas es particular, pues, a pesar de ser uno de los negocios más pequeños, es al que más caro le resultaría salir. El resto son mayoritariamente grandes almacenes logísticos, pero en el de los hermanos Martínez-Peñalver hay maquinaria como embotelladoras, grandes depósitos con vino... que resultaría «muy costoso» trasladar. «Hay una cosa clara: en nuestras escrituras figura claramente una fecha: junio de 2049», concluye Asís.

Las últimas declaraciones sobre el tema del consejero de Fomento, Roberto Media («No pueden quedarse indefinidamente, y mucho menos hasta 2049»), con las que contestaba a los empresarios de la Ciudad del Transporte, tras hacer estos pública su intención de seguir en la actual ubicación hasta 2049 –en virtud a una cláusula incluida en la cesión del uso de explotaciones recogida en 1989 en el BOC, que defenderán en los tribunales–, no han caído nada bien en el seno de la comunidad de propietarios. «Señor consejero, nosotros llevamos muchos años trabajando en solucionar este problema; usted hace dos: respétenos».

Lo afirma su presidente, Diego Cagigal, que también le solicita que «no utilice en sus declaraciones la media verdad», porque en el colectivo no ha gustado que hablara de «contratos antiguos» y de «no haber pagado» nunca el canon. «En 32 años, ningún Gobierno nos reclamó ese pago», subraya Cagigal. Ahora, la nueva cuota, la que les permite continuar hasta este 30 de junio, «se ha multiplicado por cinco» y con el canon antiguo impagado llegaron «a un acuerdo para ponernos al día en cuatro años, incluyendo los intereses de demora».

Cagigal también revela que apelar ahora –y no desde el principio– a la citada cláusula que extendería la cesión del uso 24 años más es «porque hemos agotado todos los plazos de paciencia; hemos confiado en este Gobierno y seguimos confiando, pero los hechos no nos dan ninguna tranquilidad». Y expone uno de los motivos: «Dice que ya sabe dónde van a construir la nueva Ciudad del Transporte pero que no lo quiere decir públicamente hasta que nos lo comunique a los empresarios. Pues lo habrá decidido muy recientemente porque en el último encuentro con su director general no nos indicó nada al respecto». También desconoce las condiciones de la futura reubicación, aunque explica que el Ejecutivo cántabro, tras consultar a sus servicios jurídicos, no otorgará «ningún trato de preferencia» a los actuales usuarios de Citrasa.

Cagigal insiste en que en ningún momento han tratado de «polemizar ni de politizar este problema», ya que los componentes del colectivo que preside «siempre hemos confiado en los actuales gestores que, al menos, nos han escuchado».

Sin embargo, tampoco oculta la decisión de acudir a los tribunales. «No nos queda más remedio para que la Justicia dictamine si tenemos derecho a una contraprestación por perjuicio patrimonial, por entender que los derechos que adquirimos terminan en 2049». Sobre el futuro, asegura que el compromiso adquirido entre las partes –Autoridad Portuaria y Gobierno regional– son «prórrogas semestrales con un horizonte máximo de junio de 2027, pero sin plasmar el acuerdo por escrito».

Por último, reitera la petición de una reunión con la presidenta de Cantabria. «Hace más de dos meses se lo solicitamos a su jefa de gabinete», subraya. «Queremos trasladarla algo al margen de lo legal, económico o administrativo, que es el impacto social que acarrea esta incertidumbre a nuestros más de 200 empleados».