La espera de los solicitantes: de dos meses a año y medio

Lo cierto es que los plazos son muy variables y los datos dan la razón al Ejecutivo solo en parte. No se ha retrasado tanto la respuesta a las nueve solicitudes ya autorizadas conforme a las exigencias de Ley del Suelo actual, que entró en vigor hace un año. Por ejemplo, en la última reunión de la Crotu, celebrada el pasado mes de mayo, se dio el 'ok' a una solicitud que entró en la Dirección General de Urbanismo solo dos meses antes, mientras que la más antigua era de noviembre de 2022, por lo que el periodo máximo fue de seis meses. Sí es verdad que algunos expedientes que se iniciaron cuando estaba en vigor la ley anterior y que por tanto han seguido la vía antigua están yendo más lentos: también en esa última Crotu se autorizó una vivienda solicitada allá por febrero de 2022, por lo que el propietario ha estado un año y medio pendiente de lo que decidía la Administración.

«El problema, lo que provoca la lentitud, no es que en el análisis de los asuntos participemos muchos profesionales; el problema es que la tramitación de por sí es muy ardua», insistía esta semana Andrés de Diego, portavoz de la Unión Profesional que representa a los colegios profesionales. En su opinión, que los profesionales ya no vayan a revisar estos expedientes no agilizará el proceso porque afirman que donde está el cuello de botella es en la elaboración de informes sectoriales. Esa es la cuestión y también que muchos expedientes llegan incompletos, Urbanismo pide que se corrijan en una o varias ocasiones y eso retrasa que llegue la resolución definitiva.