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Los más de tres años que han transcurrido desde que se cometió el crimen de Liaño, en diciembre de 2021, han pesado como una ... losa en la familia Jaular. Ha sido un tiempo plagado de tristes aniversarios que sirvieron para revivir la atrocidad cometida en una casa que ha permanecido intacta desde entonces como vestigio escabroso de lo sucedido. Y en esta última etapa, las duras sesiones del juicio, donde salieron a relucir los detalles del asesinato, han resultado aún más duras. Todo ese padecimiento se sofocó parcialmente ayer tras conocerse la sentencia que condena a José Reñones a veinticinco años de cárcel por el asesinato de la que era su pareja, Eva Jaular, y también a prisión permanente revisable por matar a la hija de ambos, que entonces tenía once meses.
«Estamos aliviados, estamos contentos. Esto no va a servir para reparar la pérdida, pero por lo menos sabemos que se ha hecho justicia», expresó la hermana de Eva, Alejandra Jaular, que accedió ayer a atender a este periódico. Su deseo es el de toda la familia: «Espero que a José Reñones no le revisen nunca la prisión permanente», zanjó convencida de que es una persona «que jamás se rehabilitará, porque tuvo en el pasado otras condenas por maltrato y fue en crescendo hasta que terminó haciendo lo que hizo», agregó con un argumentario en el que también hubo reproches. «Espero que esto sirva para que no se vuelvan a repetir los errores que se cometieron», clarificó en referencia clara a los agentes de la Guardia Civil que no detuvieron a José Reñones tan pronto como descubrieron que había quebrantado la orden de alejamiento horas antes de cometer el doble asesinato. Una situación en que el protocolo es claro al señalar que debían haberle arrestado.
La noticia de ayer fue el desenlace esperado después de que el pasado febrero se conociera el veredicto del jurado popular: «Mató a Eva Jaular en un acto de dominación machista, no aceptando su decisión de poner fin a la convivencia en la casa», rezó el veredicto. Pero aún quedaba la sentencia. «Era lo que esperábamos. No cabía mucha duda, por lo que nos habían explicado, de que la prisión permanente revisable iba a llegar por lo que le hizo a mi sobrina», confiesa Alejandra sobre la condena a Reñones, que deberá pagar también 245.000 euros a los familiares de las fallecidas.
Es la primera vez que se aplica la pena máxima en Cantabria al considerarle autor de los delitos de asesinato con concurrencia de la circunstancia de agravante de parentesco y, además, en el caso de la muerte de su pareja, de la agravante de discriminación por razón de género. Sobre la sentencia cabe recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, algo a lo que se acogerá el condenado, según confirmó ayer la defensa, que contará con diez días hábiles para comunicarlo.
La jueza impone a Reñones también dos medidas de libertad vigilada de diez años cada una y le priva de la patria potestad durante el tiempo de la condena respecto a las hijas que tiene con otra pareja. Junto a todo ello, y como autor de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar -cometió los hechos cuando pesaba sobre él una medida de alejamiento respecto de su pareja e hija-, ha sido condenado a un año de prisión.
En el barrio Santa Ana, en Liaño, los vecinos están obligados a recordar el horror cada vez que pasan junto a la casa donde se cometió el doble asesinato que impactó a toda España. Son muchos los residentes en la zona que aguardan a que la vivienda desaparezca, y de algún modo ayude a pasar página. «Así es imposible olvidarlo»; porque la casa permanece intacta. Parece que el tiempo se hubiera detenido en aquel diciembre de 2021 en que Reñones cometió el crimen. Una historia que comienza cuando Reñones decidió regresar a la vivienda familiar pocos días después de conocer la prohibición de acercarse a su hija y su pareja. El resto de la historia se ha contado en ocasiones anteriores. Es un relato que reconstruye con detalle la sentencia, que se detiene en el episodio en que Eva Jaular llama a la Guardia Civil para avisar del comportamiento «autoritario y despreciativo de él hacia ella y su hija». En cómo los agentes obligaron a Reñones a abandonar la vivienda pero no le detuvieron, como exigía la ley, y en cómo el asesino regresó minutos después a la vivienda para perpetrar el crimen.
El teléfono móvil fue la prueba definitiva que sirvió para incriminarle. Primero por la geolocalización, que lo posicionaba en la vivienda, y después por la temperatura, que no descendió en medio de la noche, con lo que pudo probarse que no se encontraba en la calle sino en el interior de la vivienda. Las muestras de ADN también fueron determinantes para atribuirle la autoría de los asesinatos. Algo a lo que se sumaron también los audios que el condenado envió a la que era su pareja «de los que se infiere el carácter agresivo y violento del acusado, su desprecio hacia su hija y el deseo de que desaparezca», aclara el dictamen.
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