El Estado aprueba 746 millones en ayudas por catástrofes naturales y se olvida de Cantabria

En el texto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros aparecen los incendios de junio en Tarragona, Lleida, Toledo o la Comunidad de Madrid. También, entre otros, las inundaciones en Navarra o la granizada en la provincia de Ourense en julio. Incluso, la enumeración de todas las zonas afectadas recientemente por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) o lo sucedido en la isla de Gran Canaria «por los gravísimos incendios forestales». Es un Real Decreto Ley con el mismo formato que el aprobado el pasado 25 de enero y en el que sí se incluyó a Cantabria. Se aprobó, sí, pero sigue pendiente de desarrollo a día de hoy. Y eso es lo que ha llamado la atención, que Cantabria no aparezca en el nuevo paquete sin haber resuelto aún lo pendiente.

35

millones se estimó que debían pagar entre el Gobierno Regional y el Consorcio de Seguros tras las inundaciones de enero.

Todo, con el añadido de la insistencia y que, a las inundaciones de enero, se sumaron los incendios de febrero y marzo, con 19 días consecutivos de llamas en los montes (550 fuegos en los tres primeros meses del año). Después de los cálculos y los balances –se estimó que el Gobierno regional y el Consorcio de Seguros debían destinar, en total, cerca de 35 millones de euros para la reparación de bienes públicos y privados tras las trombas de agua–, se iniciaron las reclamaciones. Desde la Consejería de Economía, entonces con Juan José Sota al frente, se enviaron sendas cartas al Gobierno central y a la Comisión del Arco Atlántico pidiendo apoyo. Eso fue a comienzos de marzo, un mes en el que también el Parlamento regional instó por unanimidad a Moncloa a articular esas ayudas. Todo, en una etapa ya marcada por el evidente clima electoral. Aún socios de Gobierno, regionalistas y socialistas se intercambiaron reproches. Incluso, el secretario general del PSOE –en ese momento candidato de su partido y sin responsabilidades de Gobierno– llegó a decir que no podía haber «ahorro frente a la posibilidad de un desastre» y que a él le tocaría conseguir «todas las ayudas perdidas».

Y sí que le ha tocado, al menos, seguir pidiéndolas. Tanto que, hace sólo unos días, ya como vicepresidente cántabro y portavoz del Gobierno, informó del acuerdo para urgir al Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto. Un texto que posibilitara la aplicación en la comunidad autónoma de las medidas previstas para paliar los efectos de las inundaciones, entre ellas la limpieza de los cauces de los ríos por el Ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de prevenir nuevos desbordamientos.

Justo de eso iba la carta que Revilla remitió a Calvo ese mismo día. «Como recordarás», podía leerse en la primera frase de la misiva, que relataba cómo fue necesario activar el «Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncant) en su nivel dos». Revilla habla de «falta de respuesta» a las solicitudes remitidas desde Cantabria y del «tiempo transcurrido». Y, ante eso, apela directamente a la vicepresidenta. «Quiero llamar tu atención sobre la necesidad de aprobar un Real Decreto que permita la aplicación en Cantabria de las medidas correspondientes para paliar los daños provocados por el temporal y prevenir en lo posible que se repitan durante la próxima temporada invernal».

9,4

millones de euros fue el impacto económico calculado por los 550 incendios entre enero y marzo en la región.

En el mismo tono –«como bien sabes»–, recuerda a la vicepresidenta que el Real Decreto que se aprobó en enero (el que sí incluyó a Cantabria) «deriva su aplicación a una concreción de los sucesos, su ámbito territorial y las medidas concretas a la aprobación de un Real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro competente» (una tarea que está pendiente). Y eso es justo lo que pide. Que se apruebe y que se aplique «declarando Zona de Actuación Especial para la Restauración del Dominio Público Hidráulico y las zonas afectadas por las inundaciones en las cuencas hidrográficas enmarcadas en el territorio de Cantabria». «De ese modo –prosigue–, se posibilitará la ejecución por parte del Ministerio de Transición Ecológica de actuaciones prioritarias de eliminación de tapones formados por restos vegetales y la retirada de sedimentos y residuos que disminuyen la capacidad de desagüe, reparando además las márgenes de los ríos que han sufrido procesos erosivos». Pide «en especial» lo referente a las «defensas en puntos que afectan a núcleos de población y que han acreditado predisposición a sufrir erosiones, incrementando el riesgo de inundaciones en las poblaciones afectadas».

«Estoy seguro de que comprendes la importancia que esta actuación del Gobierno tiene para Cantabria, por lo que espero una pronta respuesta por tu parte», concluye la carta.

Es posible que Calvo ni siquiera leyese la carta (enviada el jueves) antes de la celebración del Consejo de Ministros (celebrado el sábado). Pero, hasta por esa sucesión de los hechos, la aprobación desde Madrid del nuevo Real Decreto en el que no aparece Cantabria causó ayer revuelo en Peña Herbosa. «De momento no han incluido a Cantabria creo», respondió Revilla cuando los periodistas le interrogaron sobre el asunto.

Con todo, la carta o lo dicho por Zuloaga la pasada semana no son las últimas peticiones desde Cantabria. El diputado del PRC en el Congreso, José María Mazón, habló del asunto sólo dos días antes en la tribuna del hemiciclo. Sus palabras, leídas ahora, suenan a premonición. Durante el debate de una iniciativa presentada por el Grupo Socialista para paliar los daños producidos por las últimas inundaciones que ha sufrido el país y que han causado siete víctimas mortales, el diputado dio su apoyo y recordó que el desarrollo del Decreto de Cantabria estaba aún pendiente. «En el mes de febrero se remitió la documentación y fue reiterada en julio», dijo Mazón. «Quiero recordar que ahora están muy recientes las imágenes, pero cuando pasa el tiempo se olvidan los papeles», advirtió el diputado regionalista, quien insistió en solicitar al Gobierno que «al mismo tiempo que acelera los trámites para estas últimas catástrofes, no se olviden de las que están pendientes, y muy recientes, producidas en el año 2018 y en el primer trimestre de 2019 en Cantabria».